
Su padre, Jack Shelley, formó parte de la clase política californiana.
Llegó a convertirse en Senador Estatal, Congresista Federal y Alcalde de San Francisco.
Kevin obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Davis y el doctorado en leyes por el Colegio de Leyes Hastings de la Universidad de California.
Siguiendo las huellas de su progenitor, en 1990 fue electo Supervisor del Condado de su natal San Francisco, cuya mesa directiva presidió.
Al frente de la misma, creó la comisión de ética, con el fin de regular las actividades de los funcionarios públicos, para que éstos se condujeran adecuadamente.
En 1996 resultó electo como asambleísta por el Distrito 12, el cual mantuvo bajo el mando Demócrata las siguientes dos elecciones.
Como legislador, combatió el fraude de las corporaciones en la entidad.
Los límites legislativos impuestos por el pueblo californiano le impidieron buscar la curul por una cuarta ocasión.
Por ello, sus ojos se fijaron en un puesto dentro del gabinete estatal, electo por los votantes.
Así, se presentó como precandidato primero, y candidato Demócrata después, a la Secretaría de Estado, el tercer puesto en importancia dentro del gabinete legal.
En noviembre del 2002 obtuvo para su causa 3 millones 357 mil 173 votos, contra 3 millones 70 mil 879 de su rival Republicano, Keith Olberg.
Desde la campaña, Shelley llevaba 14 puntos de ventaja sobre su contrincante.
Fue apoyado por los mas prestigiados diarios del estado, entre ellos La Opinión y el Times de Los Angeles, el San Francisco Chronicle y el Sacramento Bee.
Asumió el puesto el 6 de enero del 2003.
Como encargado de los procesos electorales, Shelley creó la Proposición 41, con la intención reformar el sistema de votación en el estado.
El funcionario rechazó los sistemas de voto electrónico de aquel entonces, porque no contaban con una versión escrita del sufragio.
Además, estuvo a cargo del proceso electoral de destitución de su compañero de partido, Gray Davis, y la elección del ‘Gobernator’, Arnold Schwarzenegger.
Los empleados de la Secretaría de Estado acusaron a Shelley de conducta abusiva, incluyendo gestos y comentarios sexuales explícitos.
Sin embargo, esto no le hizo efecto alguno a su desempeño.
La gota que en realidad derramó su vaso político fue una acusación de lavado de dinero.
Según los documentos oficiales, Shelley recibió fondos del gobierno federal para mejorar los sistemas de votación. Cuando menos esa era la intención.
Sin embargo, el funcionario realizó una compleja operación financiera para hacer llegar esos recursos a promotores del voto Demócrata.
An te las críticas, hizo cambios en su gabinete en octubre de 2004, incluyendo a su portavoz.
Pero esto no contuvo la furia de los Republicanos, quienes lograron que Shelley renunciara el 4 de marzo del 2005.
La estrella ascendente de este político se apagó con el fraude cometido.
Al menos, tuvo el valor de reconocer su error, pagándolo con su renuncia y muerte política.
Los californianos pudieron ver un haz de cordura, a pesar de lo nebuloso de la operación partidista hecha desde las mismas oficinas que con sus impuestos sostienen.
Lo bueno fue que los mismos votantes californianos lo llevaron al poder.
Caso contrario ocurre en Baja California.
Los diputados que integran la XVIII Legislatura resultaron ser los grandes y únicos electores del consejo estatal electoral, órgano encargado del proceso electoral del próximo mes de agosto.
De manera unánime designaron a los integrantes del CEE y hasta a su presidente, el priísta Víctor Alarcón Requejo, ya que los consejeros no pudieron comportarse a la altura de las circunstancias y elegir a su dirigente.
Ahora, a pesar de conocer el pasado de quien fue portavoz de un ayuntamiento priísta de Ensenada y haber coordinado las campañas de varios candidatos tricolores, los panistas se asustan con su proceder.
Como quien dice, primero crearon el ‘coco’ y ahora se asustan con él.
Esta actitud no parece razonable. Panistas de alto y medio nivel gubernamental se desgarran las vestiduras y hasta advierten sobre posibles huelgas de hambre y movilizaciones por las actitudes que han adoptado algunos consejeros electorales y, en especial, su presidente.
Pensando perversamente, podría decirse que estas patadas de ahogado no son más que una farsa.
¿Por qué votaron los panistas a favor de la lista de consejeros?
¿Quién y desde dónde se les dio la orden de votar así, sin tomar en cuenta el pasado de los integrantes?
Para ponerle más leña al fuego, los blanquiazules en el congreso del estado han perdido diversas batallas legales en cuanto a lo electoral se refiere.
Tal parece que están preparando el camino para perder la gubernatura y dejarla en manos de quien, cuando menos de dientes para afuera, es su peor enemigo.
Dicen que acudirán a las autoridades electorales para evitar que el ‘hombre del chalequito rojo’ ocupe la primera magistratura bajacaliforniana, basándose en la llamada ‘Ley Antichapulín’.
Creo que, así como perdieron Mexicali en el 2004 y otras batallas legales desde ese año, saldrán derrotados en este caso. Más que nada, por soberbios, ya que hace tres años tuvieron la oportunidad de recibir los servicios de un excelente abogado electoral, a quien prefirieron no pagarle lo que solicitaba y quien, obviamente, ayudó a los priístas a retornar al ‘Palacio Municipal’.
Lo peor de todo es que los votantes bajacalifornianos no metieron las manos en este asunto.
Si el ex Alcalde de Tijuana llega a convertirse en gobernador, será culpa de los panistas y de nadie más.
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