Vicepresidente Schwarzenegger

En su edición de esta semana, la revista Time publicó un reportaje sobre dos personajes quienes, a pesar de no ostentar cargos federales, han logrado cosas que el Presidente George W. Bush no ha podido.
Se trata del Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.
El semanario estadounidense comparó las políticas públicas de los dos personajes en torno a temas como la salud, medio ambiente y el empleo, en los cuales coinciden: conservadores en lo fiscal, pero liberales en lo social.
Además, destacó la tendencia de ambos a trabajar de manera bipartidista en diversos asuntos para alcanzar acuerdos con la oposición.
El semanario recordó que semanas atrás, decenas de alcaldes de las ciudades más grandes del mundo, se reunieron en la urbe de hierro para hacer un frente contra las emisiones de gases de invernadero. La convocatoria fue lanzada por el mismo Bloomberg.
La semana anterior, el alcalde neoyorkino anunció en California su renuncia al Partido Republicano, al cual se afilió para alcanzar el puesto que hoy ostenta, ante la aglomerada elección interna Demócrata.
El llamado ‘Gobernator’ visitó Europa durante el fin de semana, donde conversó con el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el Primer Ministro Inglés, Tony Blair.
Sus relaciones a nivel internacional han ido a los vecinos más importantes: México (el año pasado) y Canadá (hace algunas semanas).
Lo relevante de la nota fueron las declaraciones de un amigo en común de Bloomberg y Schwarzenegger, Warren Buffett, quien sugirió la posibilidad de que el primero busque la candidatura presidencial, llevando a Schwarzenegger como su vicepresidente, lo cual no impide la constitución federal.
Se ha analizado en anterioridad la posibilidad de que Schwarzenegger pudiese ser candidato presidencial en 2008, pero la Constitución solo permite a los nacidos en Estados Unidos contender en los comicios por el cargo público más importante del País.
La mancuerna Bloomberg-Schwarzenegger iría, quizá, por un tercer partido político o de manera independiente, lo cual sí permite la ley suprema de los Estados Unidos, a pesar de que ambos ostentan un cargo público.
En las leyes electorales estadounidenses no existe la figura de la llamada ‘Ley Antichapulín’, como tampoco existen restricciones mayores a las candidaturas ciudadanas o independientes.
En Baja California, los priístas se han dedicado a acusar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de parciales y de estar a favor de un partido político.
Quizá los magistrados tengan sus preferencias políticas, como derecho de todos los ciudadanos, pero queda claro que las decisiones del tribunal se basaron en las leyes, y no en su interpretación, una lectura que el tricolor buscaba para acomodar las reglas electorales a su favor, buscando engañar al pueblo bajacaliforniano.
Sin embargo, los argumentos del PRI sobre la candidatura del todavía alcalde de Tijuana son una falacia, un sofisma, una lectura parcial de la realidad jurídica.
Dicen que la ‘ley antichapulín’ o Artículo 42 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales no es constitucional.
En el 2002, cuando fue aprobada con el apoyo del tricolor en la Cámara de Diputados local, no interpusieron un recurso por inconstitucionalidad sobre la reforma electoral.
Los priístas aseguraron entonces que era un reclamo de la sociedad el evitar que los actuales funcionarios anduvieran brincando de puesto en puesto para tener cada vez mayor poder político. Como ‘La Chimoltrufia’, cuando dicen una cosa dicen otra.
La otra ‘prueba’ de la legalidad en la candidatura hankista se basa en el Artículo 35 constitucional, que permite que todo ciudadano pueda votar y ser votado.
La permisibilidad ciudadana a contender por un puesto público es relativa a lo que establecen las leyes secundarias respectivas: en comicios federales, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, y a nivel estatal, las leyes locales.
Porque, de ser aplicado este artículo constitucional a la letra, no se habría negado el registro de Jorge Castañeda ni de Víctor González Torres como candidatos presidenciales en el 2006.
Ambos cumplían con los requisitos de la misma constitución, pero no carecían de partido político, de ahí el rechazo de las autoridades electorales.
Lo mismo ocurrió hace algunas semanas con la candidatura independiente de Felipe Ruanova Zárate, denegada por el Consejo Estatal Electoral.
Esto es lo más lamentable, pues los partidos políticos, que constitucionalmente sólo deben “contribuir” a la integración de la representación estatal, en realidad tienen secuestrada la actividad política.
Los priístas, con su planteamiento de aplicar la constitución federal en un proceso local, pretenden vulnerar la soberanía del mismo estado que buscan gobernar.
Legal y jurídicamente la Carta Magna regula en lo general las actividades de los mexicanos, pero son las leyes y los reglamentos los que definen cómo debe cumplirse con la ley.
Lo que realmente debe preocupar a la población sobre la pretendida (y hasta hoy, fallida) candidatura de Jorge Hank, es la percepción de gobernabilidad futura.
¿Cómo hará en su momento el potencial gobernador Hank Rhon aplicar la ley si él mismo, a sabiendas de que iría contra ésta, se postuló ilegalmente al puesto?

Dos notas curiosas:
En caso de la renuncia de Schwarzenegger a la gubernatura, el sustituto sería el Vicegobernador, John Garamendi, lo que le devolvería el estado a los Demócratas.
De haber estado vigente el Artículo 42 en 1989, Ernesto Ruffo Appel habría tenido que esperar seis años para postularse como candidato a la gubernatura.

Las cuentas del contador

MEXICALI — Al Contador Público, Samuel Ramos Flores, Presidente Municipal del XVIII Ayuntamiento de Mexicali, no le salen las cuentas.
La ‘caja de cristal’, como definió a su gobierno por la transparencia y el manejo claro de los recursos públicos, se empañó con un documento que recientemente se diera a conocer en la capital del País.
La Auditoría Superior de la Federación encontró diversas anomalías a través de un análisis de la cuenta pública 2005 del XVIII Ayuntamiento de Mexicali, primer año de gobierno del priísmo vuelto al poder.
El reporte, publicado en internet, da a conocer detalels de las auditorías aplicadas por la ASF a varios gobiernos estatales y municipales de todo el País, con la detección de algunos problemas en el gasto del gobierno municipal de Ramos Flores.
De acuerdo a la auditoría federal, el gobierno municipal de Mexicali recibió 242 millones 237 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, equivalente al 30.7 por ciento del total asignado a Baja California en el 2005.
Según el documento, de ese total fueron auditados gastos por 135 millones 153 mil 700 pesos, el 55.8 por ciento.
Entre las primeras anomalías, la ASF destaca una triangulación de fondos utilizando para ello tres cuentas bancarias.
El gobierno municipal depositó el fondo en una cuenta del banco HSBC, para de ahí pasar a Scotiabank Inverlat y reenviarlas al BBVA-Bancomer, en violación del Presupuesto de Egregos de la Federación.
Por otra parte, la ASF encontró que se incumplió el convenio de electrificación en el Ramo General 33 entre el gobierno municipal y Comisión Federal de Electricidad para la ejecucion de ocho obras.
Las obras tuvieron un costo de 2 millones 76 mil pesos, mientras el gobierno municipal pagó por ellas 2 millones 191 mil pesos, lo que significa que hubo obras pagadas no ejecutadas (una de ellas en la Colonia Granjas Arco Iris), por un total de 114 mil pesos.
Estos fondos debieron ser devueltos por CFE al gobierno municipal.
La ASF detectó que, en dos de las obras, el ayuntamiento realizó pagos indebidos a contratistas por 54 mil 400 pesos, violando así la Ley de Obras Públicas de Baja California.
En dos contratos de obra, las fianzas de garantía por defectos o vicios ocultos en las obras (similar a un seguro por desperfectos) fueron entregadas posteriormente a la entrega-recepción de las mismas; esto es, se pagó antes de recibir la obra terminada.
La ASF solicitó y no encontró evidencia documental de que el gobierno municipal hubiera publicado los informes trimestrales sobre la aplicación de lo recursos del fondo en los “órganos locales de difusión”, colocandolos en ciertos medios, violando otra vez el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A pesar de las irregularidades, la ASF aseguró que el gobierno municipal cumplió en forma general con los objetivos del fondo.
Sobre la cuenta 2005, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Baja California no emitió en su momento opinión alguna, ya que el gobierno estaba a tiempo para corregir estos problemas.

Otros fondos…
La ASF informó en su reporte que del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el ayuntamiento recibió 46 millones 641 mil 100 pesos, equivalente al 27 por ciento del total asignado al estado; de los cuales fueron revisados 15 millones 363 mil 700 pesos, casi el 33 por ciento.
El reporte indica que en la Dirección de Obras Públicas (entonces dirigida por Jorge Mancilla Villa, hoy candidato a diputado), hay expedientes incompletos, además de haber detectado el mismo problema con este fondo respecto a la triangulación de dinero en las cuentas bancaras.
Según la ASF, se aplicaron recursos por 5 millones 257 mil 500 pesos en obras que no estaban contempladas en los rubros definidos en la normatividad, y aunque se orientaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, se violó la Ley de Coordinación Fiscal.
Las obras de las que habla la Auditoría Superior de la Federación son las siguientes:
Edificio público del Asilo de Ancianos Dr. Carlos Canseco del Ejido Janitizio, ampliación de la Casa Hogar Indiviso, en Colonias Nuevas; suministro e instalación de alumbrado en los ejidos Quintana Roo, Plan Nacional y Tula; instalación de juegos infantiles en el Ejido Durango y un fraccionameinto de la ciudad; módulo sanitario del Poblado Mezquital; módulo de baños de la Colonia Carranza; rehablitiación de la unidad del Ejido Islas Agrarias; construcción de un gimnasio en Kilómetro 43; la Unidad Deportiva Centenario y la rehabilitación de baños en la Colonia Independencia.
El gobierno municipal aplicó 4 milones 828 mil pesos en pavimentación, así como otros 7 millones 669 mil 700 pesos para “Urbanización Municipal”.
La ASF comprobó que la valoración asignada en el rubro de pavimentación es adecuada y se realizaron en colonias populares dentro del programa Hábitat.
“Sin embargo, el municipio no proporcionó los elementos para justificar el elevado peso de las acciones de pavimentación y obras similares en el fondo”, indica la ASF.
Desde el inicio del actual gobierno, Ramos Flores dijo que habrían de llegar al “Mexicali olvidado”, en referencia a la poca atención que el panismo otorgó al Valle de Mexicali.
La ASF detectó que el 63 por ciento de este fondo se aplicó en la zona urbana y 36 por ciento en la rural.
De los 13 millones 742 mil pesos aplicados en la zona urbana, 95 por ciento se quedaron en la ciudad y el resto en San Felipe.
La ASF detectó que el gobierno municipal infló la información que dio a conocer a los residentes.
Indicó que al cierre del programa de obra social 2005, según reportes de Tesorería Municipal y del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademm), se dio a conocer un monto ejercido por 22 millones 851 mil pesos, pero en los diarios se publicó una inversión de 25 milones 361 mil pesos, una diferencia de 2.5 millones, violando así la Ley de Coordinación Fiscal.
“No hay evidencia de publicación de los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos”, señaló la auditoría, con lo cual se violó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005.
De los 24 expedientes de obra analizados, en cuatro no existe documentación de la constitución de las comisiones de obra, y en otras tres no existen las actas de entrega-recepción de obra a los representantes de cada proyecto.
La Ley de Coordinación Fiscal y el Manual de Operación de Obra Pública Municipal 2005 obligan al gobierno municipal a contar con los expedientes completos.
La auditoría estableció que faltan documentos en varios contratos del Programa PIPCA, aplicados a traves del Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali 17.5 millones de pesos y el resto de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, entonces encabezada por el ahora candidato del PRI a la alcaldía, Joaquín Ramírez Chacón.
En dos contratos de DESOM, se efectuaron pagos de obra antes de que éstas terminaran por 1 millón 217 mil pesos.
La ASF reveló que en obras sociales como escuela digna, agua potable, infraestuctura deportiva, electrificación y pavimentación en colonias populares, se cobro a los residentes entre el 23 al 53 por ciento del costo de la obra.
“Es conveniente que el municipio defina y promueva mecanismos ante el Copladem, a efecto de que dicha infraestrcutura financiera no se traduzaca en la falta de apoyo a los grupos en rezago social y pobreza extrema cuando, por motivos de esta situación, no estén en condiciones de efectuar su aportación financiera”, recomendó la ASF.
La autoridad fiscalizadora federal detectó que el ayuntamiento otorgó un contrato de 100 mil pesos a la empresa que ocupaba el segundo lugar en las cotizaciones del concurso, ya que la menor era por 86 mil 900 pesos.
La DESOM, encabezada entonces por el candidato priísta a la alcaldía, aplazó la ejecución de otra obra en un 368 por ciento del tiempo contratado originalmente.
La ASF solicitó cotizaciones y actas de adjudicación en tres obras asignadas a David Rodríguez Núñez (por 153 mil pesos), Manuel Ricardo Arias Urías (149 mil pesos) y Guisel Oceguera Pérez (137 mil pesos), cuyos documentos no fueron proporcionados por la autoridad municipal.
Por ello, la ASF indicó que “no fue posible verificar si dichas adquisiciones fueron realizadas de conformidad con las disposiciones legales aplicables y si fueron adquiridas bajo las mejores condiciones de compra como precio, calidad y oportunidad”.
Los auditores federales visitaron 106 obras, las cuales se constató que existen, se encuentran terminadas y operando, además de contar con buena calidad.
Sin embargo, en la Calle Zihuatanejo de San Felipe, s ehizo un pago indebido a un contratista por 94 mil 800 pesos, mientras en la Colonia División del Norte se debieron ejercer 107 mil pesos en una obra, pero ésta se hizo en la Colonia Morelos (Wisteria) sin justificación alguna.
En obras de sellado en las Colonias Porvenir, Imperial, Valle del Álamo, Flores Magón, Santa Isabel, Vicente Guerrero, Pedro Moreno y Joaquín Murrieta, no se presentaron los documentos que demuestran realización de trámite por impacto ambiental ante la “Secretaría de Ecología y Medio Ambiente”, dice el reporte.
La autoridad ecológica federal es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La auditoría federal aseguró que para controlar de una manera adecuada la aplicación y el resultado de los recursos, se pondrá en marcha un Sistema de Indicadores de Resultdos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
La ASF agregó que el programa de inversión realizado por Coplademm contemplaba 111 obras meta por 46 millones 461 mil pesos, de los cuales el ayuntamiento ejerció en el 2005 22 millones 851 mil pesos en 106 obras, quedando sin realizarse cinco de ellas.
El gobierno municipal, aseguró la ASF, dejó de ejercer 23 millones 789 mil pesos (el 51 por ciento de los fondos) que serían reprogramados para el 2006, año de elecciones federales.
Por ello, la autoridad federal sentenció: “el municipio no demostró haber alcanzado las metas programadas”.
La ASF añadió que el 23 por ciento del total de los fondos, o 5 millones 257 mil pesos, se aplicaron en acciones no contempladas por la Ley de Coordinación Fiscal.
El texto continúa: “El municipio no proporcionó los elementos para justificar el elevado peso de las acciones de pavimentación y obras similares con cargo al fondo.
“No existe en la administracion municipal una cultura desarrollada de evaluación sobre los resultados del fondo”.Por ello, basado en los elementos presentados en la auditoría, la ASF concluyó que “el municipio no cumplió cabalmente con los objetivos del FISM”.

Mienten candidatos

Como cada año, los cachanillas y sanluisinos se ven en un terrible dilema de vida o muerte: pagar la ‘luz’ o comer.
Ante esta disyuntiva, por décadas ha sido sumamente pública la exigencia de reducir el cobro de las tarifas de energía eléctrica en este rincón de México.
Funcionarios públicos (antes mucho más que ahora) y activistas se han pronunciado en contra de los altos costos de la electricidad con movimientos de lo más diverso, sin que hasta ahora se haya dado alguna solución.
En tiempos del PRI-Gobierno, los protestantes no eran siquiera escuchados: Carlos Salinas de Gortari, en sus giras como presidente, se encerraba con el gobernador en sus oficinas, mientras de Ernesto Zedillo queda aquélla frase lamentable de “o paga o se la cortan”.
Cuando vino el foxismo, los mexicalenses y sanluisinos tenían la esperanza de que la anunciada tarifa 1-F daría a los consumidores de la paraestatal el tan anhelado sueño de pagar lo justo por el consumo energético; sin embargo, resultó mucho peor, pues el subsidio a las tarifas ahora se cobra ‘a lo chino’ durante el invierno. Con el gobierno del guanajuatense llegaron también los recibos ‘locos’.
El año pasado, varios entonces candidatos a la presidencia firmaron un documento del Frente Cívico Mexicalense en el cual se comprometieron a reducir las tarifas eléctricas.
El panista Felipe Calderón estampó su firma en el texto, pero escribió que debía buscarse alternativas, sin que hasta el momento se sepa a que carajos se refería.
Ahora, el diputado del Partido Estatal de Baja California, Jorge Núñez, se rasga las vestiduras, exigiendo que Felipe Calderón cumpla su promesa.
En este 2007, en Baja California, se vive otra vez la fiebre de las campañas políticas, con la elección el próximo 5 de agosto del próximo gobernador, cinco presidentes municipales y 25 diputados.
A los dos principales candidatos se les ha ocurrido la brillante idea de construir una planta eléctrica, con inversión privada, para dotar de energía gratuita durante el irresistible verano a los mexicalenses, como solución al traído y llevado problema.
José Guadalupe Osuna Millán es quien ha proporcionado más información sobre su propuesta: una inversión de 115 millones de dólares para dotar de 500 kilowatts-hora a cada uno de los alrededor de 250 mil usuarios capitalinos.
Dicha planta, según el panista, tendría una capacidad de producción de 177 megawatts.
Sobre ello, cuestioné a un especialista en la materia.
La verdad es que la inversión alcanzaría para dar servicio a unos 25 mil clientes.
Además, esta planta generaría también una enorme cantidad de contaminantes al medio ambiente regional.
Se calcula que las plantas instaladas en la Delegación Progreso emanan casi 300 toneladas de humo venenoso a nuestra región, a pesar de contar con instalaciones que supuestamente aminoran el impacto al medio ambiente.
El Valle Imperial es un área que no ha podido alcanzar los límites mínimos de contaminación ambiental según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y Mexicali es la segunda ciudad más contaminada del País.
Por ello, decenas de miles de niños deben llevar entre sus pertenencias los aerosoles antiasmáticos y el resto de la población se ve obligada a consumir pastillas contra la alergia.
Como los panistas ven todo desde la óptica empresarial, seguro han de pensar que con esto estimularán el comercio y el desarrollo económico regional. En fin.
El problema real de las tarifas de electricidad tampoco lo es su alto consumo, sino los bajos salarios.
Si una familia proletaria ganara 10 mil pesos quincenales, ¿estarían preocupados por pagarle a CFE?
Porque esto no sucede, los canddiatos debían pensar más en quienes menos tienen. Pero ninguno tiene una propuesta real.
Hace años, los gobiernos estatal y municipal aportaban parte del subsidio a las tarifas eléctricas. Esta medida podría resucitar de la muerte política si se crea un Proyecto de Apoyo Integral al Pago de Energía, con el cual se asignarían varios millones de dólares a fin de que las familias más pobres de Mexicali reciban un bono para pagar la electricidad, a cambio de trabajo comunitario.
Esto mientras se arregla el asunto de las tarifas eléctricas.
Lo positivo de que es época electoral es el acuerdo entre gobierno del estado y CFE para no cortar la energía eléctrica durante los meses de julio, agosto y septiembre, en lo que pasan las campañas políticas.
Desafortunadamente, cuando todo sea tranquilidad política, volverán los cortes, los recibos locos, las quejas de la población y los pronunciamientos de los funcionarios electos y por despedirse del poder, pero ahora con la amenaza osunista de aumentar la contaminación regional.

Inseguridad periodística…
Por algo dice la organización Reporteros Sin Fronteras que México es el País más peligroso para ejercer el periodismo, después de Irak.
Ahora resulta que hasta los mismos ciudadanos amenazan a los periodistas.
Esta semana, tocó el turno a mis estimados colegas Antonio Magaña, Ángel Norzagaray y Antonio Heras, este último, intimidado por el mismo Director del Instituto Estatal Electoral. Y todo, al calor de las estúpidas campañas pseudo-políticas, que no han sido otra cosa que un mero circo falto de propuestas reales de solución a los problemas de los bajacalifornianos.

Agenda para los migrantes cachanillas

Hace algunos días, conversaba con un candidato a la alcaldía mexicalense, quien me mostraba su preocupación por los migrantes que llegan a la ciudad día. Por supuesto, se refería a los aspirantes a indocumentados en la tierra del Tío Sam.
En la capital bajacaliforniana hay otro tipo de migrantes, completamente cachanillas, quienes han sido olvidados por su gobierno: los legales.
Prácticamente igual a lo que hace la cancillería con los migrantes indocumentados que van hacia Estados Unidos, los migrantes legales son dejados a la voluntad de Dios, a pesar de contribuir a la economía mexicalense de manera muy importante.
Un reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial de Mexicali, revela que en el 2005 los residentes de Mexicali que laboran en el Valle Imperial ascendían a 33 mil 676 personas. En dos años, seguramente, la cantidad se ha incrementado.
Baja California no destaca como un estado que recibe grandes aportaciones vía remesas. De hecho, se ubica entre los últimos lugares: se calcula que los bajacalifornianos en el exterior aportaron 54 millones de dólares al estado en los primeros tres meses de este año (una décima parte de lo que recibió, por ejemplo, el estado de Michoacán).
Sin embargo, donde realmente está lo sustancial radica en lo que gastan los bajacalifornianos con residencia legal en Estados Unidos: 2 mil 116 millones de dólares, equivalente al gasto del gobierno estatal en un solo año.
Los cachanillas con residencia permanente aportaron a la economía 804 millones de dólares, unas cuatro veces el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Mexicali.
A pesar de mantener a flote la economía de la región, siguen sufriendo vejaciones diversas: largas filas y acoso por parte de elementos de aduanas norteamericanas, discriminación laboral y bajos sueldos, sin que las autoridades hagan algo por evitarlo o, cuando menos, velar por sus intereses.
Los ingresos que obtienen del lado americano de la frontera no alcanzan para adquirir las carísimas viviendas, por lo que se ven obligados a seguir viviendo en la capital bajacaliforniana.
Por tener vehículos registrados en California o Arizona, son perseguidos por las corporaciones policíacas y obligados a pagar las multas correspondientes en la misma comandancia, algo que no ocurre con el resto de los residentes.
Tan solo el hecho de que la policía municipal lleva a los emigrados que cometen una falta de tránsito hasta la misma comandancia para que, ahí mismo, paguen la multa, ya es considerado como discriminación oficial.
Peor aún, si el infractor no lleva dinero en efectivo, debe ‘sacar’ dinero del cajero instalado en la comandancia, pagando además los cinco dólares por manejo de cuenta internacional.
En este gobierno municipal se creó una policía turística para atender a quienes nos visitan, pero ¿y los mexicalenses que se van por necesidad a trabajar del otro lado, regresando a sus hogares al caer el sol?
Al finalizar del año escolar en Caléxico, a decenas de menores se les impidió recibir sus boletas, por el solo hecho de no vivir en el lado americano.
¿Qué hicieron las autoridades mexicalenses por ellos?
Nada.
Esto a pesar de que esos niños son emigrados y hasta ciudadanos quienes viven en Mexicali y ahora, por haber sido expulsados de las escuelas de Caléxico, perdieron todo un año escolar, sin que autoridad alguna los defienda.
Y ni qué decir sobre los campesinos desplazados por el cierre de parcelas y la transferencia de aguas del Valle Imperial al Condado de San Diego.
Una buena parte de esos trabajadores del campo cruzan a diario por la madrugada para intentar colocarse en un empleo que les permita sostener a sus familias.
¿A qué se dedican estos campesinos si no encuentran trabajo?
¿Quién los ayuda para que empleen su tiempo en algo producitivo si se regresan a Mexicali?
El priísta Guillermo Aldrete Haas, diputado “con vergüenza” y Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, se ha dedicado a criticar la poca atención del gobierno en temas como en el Todo Americano y la defensa de los migrantes.
Pero, ¿qué ha hecho él mismo en su carácter de defensor y representante del pueblo?
En el Ayuntamiento de Mexicali la más cercano a la atención oficial de estos problemas es un puesto de Relaciones Internacionales, dependiente de la Dirección de Relaciones Públicas, que solamente organiza reuniones sociales del alcalde con otras autoridades, sin muchos resultados.
La semana anterior, un candidato a diputado local y otro a la presidencia municipal se dedicaron a repartir propaganda en la línea fronteriza, donde tienen cautivos a estos decenas de miles de votantes, pero que no han sido incluidos en su agenda política.
Los aspirantes a la alcaldía local no tienen ni tendrán un programa integral de apoyo para estos migrantes cachanillas, con el cual se atiendan sus problemas tan particulares y defiendan sus derechos.

VIDEOS DEL PAN CONTRA JORGE HANK

http://www.youtube.com/watch?v=Ac8k-zSrp-s

http://www.youtube.com/watch?v=4yCBG54FipU&NR=1

Bodas de plata

El martes 5 de junio anterior, se cumplieron 25 años de que la Organización de las Naciones Unidas promulgara el Día Mundial del Medio Ambiente.
La intención era en aquella primavera de 1972, concientizar a la población de todo el orbe sobre lo que en aquel entonces se veía como un terrible efecto por el uso irracional de los recursos naturales.
La quema de combustibles fósiles, la deforestación indiscriminada, el tirar desechos a los cauces de agua, entre otros, han causado lo que ahora se conoce como el calentamiento global, que no es otra cosa sino la elevación de las temperaturas promedio en el planeta.
Todos estos problemas se ven tan lejanos, pero nos estamos viendo afectados en esta región con mayor intensidad.
Ya lo dijo hace algunas semanas un funcionario del gobierno mexicalense: el calentamiento global está provocando que este verano el termómetro aumente, en promedio, entre dos y tres grados centígrados más que en el 2006.
La tendencia, por supuesto, seguirá a la alza sin que alguno de los funcionarios públicos haga algo que realmente aminore o detenga el fenómeno.
Peor aún es el hecho de que con eventos sin sentido quieran hacernos creer su preocupación por el medio ambiente regional.
El XVIII Ayuntamiento de Mexicali, encabezado por Samuel Ramos Flores, ‘festejó’ el día ecológico recordando de los programas de cultura por la defensa del ambiente entre la población.
Uno de los sueños del llamado ‘pequeño gran alcalde’ era instaurar un sistema de verificación vehicular, con el cual se controlaría la contaminación y, por supuesto, se aplicarían multas por dejar circulando los automóviles contaminantes. Vil recaudación y puras promesas, pues el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos.
Otro de los programas locales es el de planeación y gestión ambiental, con el cual se distribuyen plantas diversas para ser plantadas en los vecindarios citadinos. Por ello mismo, creo, los gobiernos municipales han asesinado árboles en toda la mancha urbana para permitir la construcción o mejora de vialidades, sin restaurar el daño a la ciudad.
Dice Ramos Flores que también se atienden las denuncias ciudadanas de descarga de aguas residuales, emisiones a la atmósfera y la disposición errónea de los residuos sólidos.
Pero existe una lista de las autoridades federales que señala a una lista considerable de empresas que precisamente emiten a la atmósfera cantidades importantes de veneno, sin que alguien los detenga.
La cultura del reciclaje de la basura prácticamente no existe en la capital bajacaliforniana, permitiendo que se arrojen a los depósitos material que pudiera ser reutilizado y hasta hacer posible la generación de recursos.
En California, las leyes obligan a las municipalidades a reducir en un 50 por ciento sus desechos, lo que ha orillado a las autoridades correspondientes a aplicar multas a quienes no reciclan.
Hace algunos meses, se llamó a la población a seguir una regla que obliga a los ciudadanos californianos a depositar el desecho electrónico (llámese baterías, celulares, computadoras, entre otros) en condiciones adecuadas. Hasta ahora, este tipo de depósitos no existen. La ley es literalmente letra muerta.
Pero lo que a nivel regional en verdad contamina son las calles sin pavimentar.
A principios del actual sexenio estatal de Baja California, se emprendió el Programa Integral de Pavimentación y Calidad del Aire, en el que los mismos residentes deben poner dinero a fin de ver sus calles mejoradas.
Como la mayoría de la población vive en condiciones económicas modestas, el programa ha avanzado muy poco. Eso sí, al iniciar la gestión de Ramos Flores, empezó también una batalla por este programa, sin que hasta el momento haya dado resultados (y ni qué decir de las máquinas milagrosas del gobierno estatal que pavimentan más rápido y a menor precio, pero que fueron sumamente criticadas por la autoridad municipal).
El gobierno bajacaliforniano, por su parte, celebró el Día del Medio Ambiente con una exposición fotorgáfica.
El titular de la EPA bajacaliforniana, Enrique Villegas (hijo de un asesor del gobernador), anunció que el gobierno federal decretó la zona marina de Bahía de Los Angeles como Reserva de la Biósfera.
Hasta ahí la celebración estatal.
Mientras eso sucede, el gobierno californiano de Arnold Schwarzenegger, está enfrentado casi a muerte con su similar federal, encabezado por el también Republicano, George W. Bush.
El mandatario estatal busca que haya nuevas reglas que lleven a una reducción importante de las emisiones de gases de invernadero.
California es el estado que más contamina en todo el País, de ahí a que el actor convertido en político esté buscando el apoyo internacional (hasta con el saliente Primer Ministro Británico, Tony Blair), para poner en prática nuevas formas de hacer electricidad.
Pero el enemigo real del esfuerzo del ‘Gobernator’ está en casa: Bush, quien ha sido apoyado por el sector energético (compañías petroleras, principalmente), se ha opuesto y ha dispuesto de todo lo que está de su parte para impedir la aplicación de las medidas de su compañero de partido.
Schwarzenegger puso en marcha tiempo atrás una iniciativa para construir casas que utilicen energía solar, lo cual ha sido bien aceptado por los Demócratas.
Pero en el condado de Imperial, donde Schwarzenegger no ha puesto un pie, existen muchos otros problemas de contaminación que siguen pendientes.
Entre éstos, el Río Nuevo, el cauce de agua más contaminante de norteamérica, y que se verá empeorado con la puesta en marcha de la Planta Las Arenitas (con recursos estadounidenses).
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha decretado a este condado como un área que no alcanza los límites máximos permitidos.
También está el asunto de las quemas agrícolas, los caminos sin pavimentar, la vaquita marina, las plantas electricas de la Delegación Progreso, las plantas procesadoras de desechos humanos, y un montón más de etcéteras.
No sería mala idea que, ahora que Mexicali está en pleno proceso electoral, que se presentaran propuestas para mejorar esta situación, antes de que las refrigeraciones no sean suficientes para mitigar el calor ‘termonuclear’ (aunque el PAN se haya aliado al Verde Ecologista en 2001 sin resultados reales, y que éste se haya coaligado ahora con un partido cuyo abanderado lleve un chaleco de piel de cocodrilo y se dedique a traficar con especies exóticas y en peligro de extinción).

Es pecado…
¿Por que la Iglesia Católica no clasifica a la contaminación como pecado contra el medio ambiente?
¿No fueron las manos de Dios las que crearon Tierra en seis días?
¿Que la Iglesia no cree en ese Dios, Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra?Quienes atentan contra el cielo, la tierra y el agua, ¿no atentan también contra Dios?