MEXICALI — Al Contador Público, Samuel Ramos Flores, Presidente Municipal del XVIII Ayuntamiento de Mexicali, no le salen las cuentas.
La ‘caja de cristal’, como definió a su gobierno por la transparencia y el manejo claro de los recursos públicos, se empañó con un documento que recientemente se diera a conocer en la capital del País.
La Auditoría Superior de la Federación encontró diversas anomalías a través de un análisis de la cuenta pública 2005 del XVIII Ayuntamiento de Mexicali, primer año de gobierno del priísmo vuelto al poder.
El reporte, publicado en internet, da a conocer detalels de las auditorías aplicadas por la ASF a varios gobiernos estatales y municipales de todo el País, con la detección de algunos problemas en el gasto del gobierno municipal de Ramos Flores.
De acuerdo a la auditoría federal, el gobierno municipal de Mexicali recibió 242 millones 237 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, equivalente al 30.7 por ciento del total asignado a Baja California en el 2005.
Según el documento, de ese total fueron auditados gastos por 135 millones 153 mil 700 pesos, el 55.8 por ciento.
Entre las primeras anomalías, la ASF destaca una triangulación de fondos utilizando para ello tres cuentas bancarias.
El gobierno municipal depositó el fondo en una cuenta del banco HSBC, para de ahí pasar a Scotiabank Inverlat y reenviarlas al BBVA-Bancomer, en violación del Presupuesto de Egregos de la Federación.
Por otra parte, la ASF encontró que se incumplió el convenio de electrificación en el Ramo General 33 entre el gobierno municipal y Comisión Federal de Electricidad para la ejecucion de ocho obras.
Las obras tuvieron un costo de 2 millones 76 mil pesos, mientras el gobierno municipal pagó por ellas 2 millones 191 mil pesos, lo que significa que hubo obras pagadas no ejecutadas (una de ellas en la Colonia Granjas Arco Iris), por un total de 114 mil pesos.
Estos fondos debieron ser devueltos por CFE al gobierno municipal.
La ASF detectó que, en dos de las obras, el ayuntamiento realizó pagos indebidos a contratistas por 54 mil 400 pesos, violando así la Ley de Obras Públicas de Baja California.
En dos contratos de obra, las fianzas de garantía por defectos o vicios ocultos en las obras (similar a un seguro por desperfectos) fueron entregadas posteriormente a la entrega-recepción de las mismas; esto es, se pagó antes de recibir la obra terminada.
La ASF solicitó y no encontró evidencia documental de que el gobierno municipal hubiera publicado los informes trimestrales sobre la aplicación de lo recursos del fondo en los “órganos locales de difusión”, colocandolos en ciertos medios, violando otra vez el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A pesar de las irregularidades, la ASF aseguró que el gobierno municipal cumplió en forma general con los objetivos del fondo.
Sobre la cuenta 2005, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Baja California no emitió en su momento opinión alguna, ya que el gobierno estaba a tiempo para corregir estos problemas.
Otros fondos…
La ASF informó en su reporte que del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el ayuntamiento recibió 46 millones 641 mil 100 pesos, equivalente al 27 por ciento del total asignado al estado; de los cuales fueron revisados 15 millones 363 mil 700 pesos, casi el 33 por ciento.
El reporte indica que en la Dirección de Obras Públicas (entonces dirigida por Jorge Mancilla Villa, hoy candidato a diputado), hay expedientes incompletos, además de haber detectado el mismo problema con este fondo respecto a la triangulación de dinero en las cuentas bancaras.
Según la ASF, se aplicaron recursos por 5 millones 257 mil 500 pesos en obras que no estaban contempladas en los rubros definidos en la normatividad, y aunque se orientaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, se violó la Ley de Coordinación Fiscal.
Las obras de las que habla la Auditoría Superior de la Federación son las siguientes:
Edificio público del Asilo de Ancianos Dr. Carlos Canseco del Ejido Janitizio, ampliación de la Casa Hogar Indiviso, en Colonias Nuevas; suministro e instalación de alumbrado en los ejidos Quintana Roo, Plan Nacional y Tula; instalación de juegos infantiles en el Ejido Durango y un fraccionameinto de la ciudad; módulo sanitario del Poblado Mezquital; módulo de baños de la Colonia Carranza; rehablitiación de la unidad del Ejido Islas Agrarias; construcción de un gimnasio en Kilómetro 43; la Unidad Deportiva Centenario y la rehabilitación de baños en la Colonia Independencia.
El gobierno municipal aplicó 4 milones 828 mil pesos en pavimentación, así como otros 7 millones 669 mil 700 pesos para “Urbanización Municipal”.
La ASF comprobó que la valoración asignada en el rubro de pavimentación es adecuada y se realizaron en colonias populares dentro del programa Hábitat.
“Sin embargo, el municipio no proporcionó los elementos para justificar el elevado peso de las acciones de pavimentación y obras similares en el fondo”, indica la ASF.
Desde el inicio del actual gobierno, Ramos Flores dijo que habrían de llegar al “Mexicali olvidado”, en referencia a la poca atención que el panismo otorgó al Valle de Mexicali.
La ASF detectó que el 63 por ciento de este fondo se aplicó en la zona urbana y 36 por ciento en la rural.
De los 13 millones 742 mil pesos aplicados en la zona urbana, 95 por ciento se quedaron en la ciudad y el resto en San Felipe.
La ASF detectó que el gobierno municipal infló la información que dio a conocer a los residentes.
Indicó que al cierre del programa de obra social 2005, según reportes de Tesorería Municipal y del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademm), se dio a conocer un monto ejercido por 22 millones 851 mil pesos, pero en los diarios se publicó una inversión de 25 milones 361 mil pesos, una diferencia de 2.5 millones, violando así la Ley de Coordinación Fiscal.
“No hay evidencia de publicación de los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos”, señaló la auditoría, con lo cual se violó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005.
De los 24 expedientes de obra analizados, en cuatro no existe documentación de la constitución de las comisiones de obra, y en otras tres no existen las actas de entrega-recepción de obra a los representantes de cada proyecto.
La Ley de Coordinación Fiscal y el Manual de Operación de Obra Pública Municipal 2005 obligan al gobierno municipal a contar con los expedientes completos.
La auditoría estableció que faltan documentos en varios contratos del Programa PIPCA, aplicados a traves del Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali 17.5 millones de pesos y el resto de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, entonces encabezada por el ahora candidato del PRI a la alcaldía, Joaquín Ramírez Chacón.
En dos contratos de DESOM, se efectuaron pagos de obra antes de que éstas terminaran por 1 millón 217 mil pesos.
La ASF reveló que en obras sociales como escuela digna, agua potable, infraestuctura deportiva, electrificación y pavimentación en colonias populares, se cobro a los residentes entre el 23 al 53 por ciento del costo de la obra.
“Es conveniente que el municipio defina y promueva mecanismos ante el Copladem, a efecto de que dicha infraestrcutura financiera no se traduzaca en la falta de apoyo a los grupos en rezago social y pobreza extrema cuando, por motivos de esta situación, no estén en condiciones de efectuar su aportación financiera”, recomendó la ASF.
La autoridad fiscalizadora federal detectó que el ayuntamiento otorgó un contrato de 100 mil pesos a la empresa que ocupaba el segundo lugar en las cotizaciones del concurso, ya que la menor era por 86 mil 900 pesos.
La DESOM, encabezada entonces por el candidato priísta a la alcaldía, aplazó la ejecución de otra obra en un 368 por ciento del tiempo contratado originalmente.
La ASF solicitó cotizaciones y actas de adjudicación en tres obras asignadas a David Rodríguez Núñez (por 153 mil pesos), Manuel Ricardo Arias Urías (149 mil pesos) y Guisel Oceguera Pérez (137 mil pesos), cuyos documentos no fueron proporcionados por la autoridad municipal.
Por ello, la ASF indicó que “no fue posible verificar si dichas adquisiciones fueron realizadas de conformidad con las disposiciones legales aplicables y si fueron adquiridas bajo las mejores condiciones de compra como precio, calidad y oportunidad”.
Los auditores federales visitaron 106 obras, las cuales se constató que existen, se encuentran terminadas y operando, además de contar con buena calidad.
Sin embargo, en la Calle Zihuatanejo de San Felipe, s ehizo un pago indebido a un contratista por 94 mil 800 pesos, mientras en la Colonia División del Norte se debieron ejercer 107 mil pesos en una obra, pero ésta se hizo en la Colonia Morelos (Wisteria) sin justificación alguna.
En obras de sellado en las Colonias Porvenir, Imperial, Valle del Álamo, Flores Magón, Santa Isabel, Vicente Guerrero, Pedro Moreno y Joaquín Murrieta, no se presentaron los documentos que demuestran realización de trámite por impacto ambiental ante la “Secretaría de Ecología y Medio Ambiente”, dice el reporte.
La autoridad ecológica federal es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La auditoría federal aseguró que para controlar de una manera adecuada la aplicación y el resultado de los recursos, se pondrá en marcha un Sistema de Indicadores de Resultdos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
La ASF agregó que el programa de inversión realizado por Coplademm contemplaba 111 obras meta por 46 millones 461 mil pesos, de los cuales el ayuntamiento ejerció en el 2005 22 millones 851 mil pesos en 106 obras, quedando sin realizarse cinco de ellas.
El gobierno municipal, aseguró la ASF, dejó de ejercer 23 millones 789 mil pesos (el 51 por ciento de los fondos) que serían reprogramados para el 2006, año de elecciones federales.
Por ello, la autoridad federal sentenció: “el municipio no demostró haber alcanzado las metas programadas”.
La ASF añadió que el 23 por ciento del total de los fondos, o 5 millones 257 mil pesos, se aplicaron en acciones no contempladas por la Ley de Coordinación Fiscal.
El texto continúa: “El municipio no proporcionó los elementos para justificar el elevado peso de las acciones de pavimentación y obras similares con cargo al fondo.
“No existe en la administracion municipal una cultura desarrollada de evaluación sobre los resultados del fondo”.Por ello, basado en los elementos presentados en la auditoría, la ASF concluyó que “el municipio no cumplió cabalmente con los objetivos del FISM”.
