En su edición de esta semana, la revista Time publicó un reportaje sobre dos personajes quienes, a pesar de no ostentar cargos federales, han logrado cosas que el Presidente George W. Bush no ha podido.
Se trata del Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.
El semanario estadounidense comparó las políticas públicas de los dos personajes en torno a temas como la salud, medio ambiente y el empleo, en los cuales coinciden: conservadores en lo fiscal, pero liberales en lo social.
Además, destacó la tendencia de ambos a trabajar de manera bipartidista en diversos asuntos para alcanzar acuerdos con la oposición.
El semanario recordó que semanas atrás, decenas de alcaldes de las ciudades más grandes del mundo, se reunieron en la urbe de hierro para hacer un frente contra las emisiones de gases de invernadero. La convocatoria fue lanzada por el mismo Bloomberg.
La semana anterior, el alcalde neoyorkino anunció en California su renuncia al Partido Republicano, al cual se afilió para alcanzar el puesto que hoy ostenta, ante la aglomerada elección interna Demócrata.
El llamado ‘Gobernator’ visitó Europa durante el fin de semana, donde conversó con el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el Primer Ministro Inglés, Tony Blair.
Sus relaciones a nivel internacional han ido a los vecinos más importantes: México (el año pasado) y Canadá (hace algunas semanas).
Lo relevante de la nota fueron las declaraciones de un amigo en común de Bloomberg y Schwarzenegger, Warren Buffett, quien sugirió la posibilidad de que el primero busque la candidatura presidencial, llevando a Schwarzenegger como su vicepresidente, lo cual no impide la constitución federal.
Se ha analizado en anterioridad la posibilidad de que Schwarzenegger pudiese ser candidato presidencial en 2008, pero la Constitución solo permite a los nacidos en Estados Unidos contender en los comicios por el cargo público más importante del País.
La mancuerna Bloomberg-Schwarzenegger iría, quizá, por un tercer partido político o de manera independiente, lo cual sí permite la ley suprema de los Estados Unidos, a pesar de que ambos ostentan un cargo público.
En las leyes electorales estadounidenses no existe la figura de la llamada ‘Ley Antichapulín’, como tampoco existen restricciones mayores a las candidaturas ciudadanas o independientes.
En Baja California, los priístas se han dedicado a acusar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de parciales y de estar a favor de un partido político.
Quizá los magistrados tengan sus preferencias políticas, como derecho de todos los ciudadanos, pero queda claro que las decisiones del tribunal se basaron en las leyes, y no en su interpretación, una lectura que el tricolor buscaba para acomodar las reglas electorales a su favor, buscando engañar al pueblo bajacaliforniano.
Sin embargo, los argumentos del PRI sobre la candidatura del todavía alcalde de Tijuana son una falacia, un sofisma, una lectura parcial de la realidad jurídica.
Dicen que la ‘ley antichapulín’ o Artículo 42 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales no es constitucional.
En el 2002, cuando fue aprobada con el apoyo del tricolor en la Cámara de Diputados local, no interpusieron un recurso por inconstitucionalidad sobre la reforma electoral.
Los priístas aseguraron entonces que era un reclamo de la sociedad el evitar que los actuales funcionarios anduvieran brincando de puesto en puesto para tener cada vez mayor poder político. Como ‘La Chimoltrufia’, cuando dicen una cosa dicen otra.
La otra ‘prueba’ de la legalidad en la candidatura hankista se basa en el Artículo 35 constitucional, que permite que todo ciudadano pueda votar y ser votado.
La permisibilidad ciudadana a contender por un puesto público es relativa a lo que establecen las leyes secundarias respectivas: en comicios federales, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, y a nivel estatal, las leyes locales.
Porque, de ser aplicado este artículo constitucional a la letra, no se habría negado el registro de Jorge Castañeda ni de Víctor González Torres como candidatos presidenciales en el 2006.
Ambos cumplían con los requisitos de la misma constitución, pero no carecían de partido político, de ahí el rechazo de las autoridades electorales.
Lo mismo ocurrió hace algunas semanas con la candidatura independiente de Felipe Ruanova Zárate, denegada por el Consejo Estatal Electoral.
Esto es lo más lamentable, pues los partidos políticos, que constitucionalmente sólo deben “contribuir” a la integración de la representación estatal, en realidad tienen secuestrada la actividad política.
Los priístas, con su planteamiento de aplicar la constitución federal en un proceso local, pretenden vulnerar la soberanía del mismo estado que buscan gobernar.
Legal y jurídicamente la Carta Magna regula en lo general las actividades de los mexicanos, pero son las leyes y los reglamentos los que definen cómo debe cumplirse con la ley.
Lo que realmente debe preocupar a la población sobre la pretendida (y hasta hoy, fallida) candidatura de Jorge Hank, es la percepción de gobernabilidad futura.
¿Cómo hará en su momento el potencial gobernador Hank Rhon aplicar la ley si él mismo, a sabiendas de que iría contra ésta, se postuló ilegalmente al puesto?
Dos notas curiosas:
En caso de la renuncia de Schwarzenegger a la gubernatura, el sustituto sería el Vicegobernador, John Garamendi, lo que le devolvería el estado a los Demócratas.
De haber estado vigente el Artículo 42 en 1989, Ernesto Ruffo Appel habría tenido que esperar seis años para postularse como candidato a la gubernatura.
