Debo admitir que Arnold Schwarzenegger, Gobernador de California, no es santo de mi devoción.
Ha cometido muchos errores, pirncipalmente en el aspecto verbal.
Pero algo es digno de reconocerle: su intención de cambiar la forma en que se gasta el dinero del pueblo, aunque lo haya logrado hasta ahora a medias y afectando a la clase trabajadora.
Cuando en el 2003 lanzó su candidatura independiente a la gubernatura, para sustituir al Demócrata, Gray Davis (quien cayó en un plebiscito víctima de sus propios pecados), los votantes californianos le ‘autografiaron’ un pagaré por el beneficio de la duda.
Las varias decenas de miles de millones de dólares que enfrentaba el estado en déficit llevó a todos a un profundo abismo, principal preocupación de los californianos.
En riesgo estaban los servicios públicos como el mantenimiento de escuelas y la construcción de carreteras, entre otros muchos.
Por ello, optaron por sacar al mandatario en turno y darle la oportunidad a Schwarzenegger de mejorar la situación.
Las opciones fueron harto dolorosas: reducir gastos y burocracia, retener fondos municipales y obtener préstamos para eliminar los números rojos en las cuentas del estado.
La recuperación paulatina de la economía y las medidas adoptadas llevaron a California a una mejor situación.
Años después, el fantasma del déficit se aparece de nueva cuenta, gracias a la baja en la actividad económica, principalmente.
Ese asunto del “dinero público” es una falacia. Tal dinero no existe, pues todo es privado, ya que proviene de los ingresos de la clase proletaria y de la empresarial.
El término público significa solamente que son otros quienes cobran y administran estos fondos.
Pero tal parece que esto no les importa a los actuales candidatos a los actuales ocupantes de distintos puestos de elección popular en Baja California.
Las propuestas para resolver los problemas de la entidad van y vienen, abriendo los ojos sorpresivos de algunos y arrancando sonoros aplausos de los seguidores.
La semana nterior, se dio un polémica por la propuesta del candidato panista a la alcaldía mexicalense, Rodolfo Valdez, quien sugirió la desaparición de la Dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero del organigrama municipal, pasando esos recursos a un comité de productores del campo.
De inmediato, los priístas respondieron al calificar la propuesta como miope, incongruente, incomprensible, ignorante y hasta ofensiva.
Y es que esta dirección quedó en manos del ex Delegado de la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Manuel Real Lizardi, quien a su vez contrató al abogado, Gabino Mancilla Villa, hermano del entonces Director de Obras Públicas, Jorge Mancilla Villa, hoy flamante candidato a diputado.
Un regidor panista expuso que al alcalde Samuel Ramos Flores le han malinformado, debido a que los funcionarios aseguran que la creación de esta nueva dependencia ha sido el mayor logro del gobierno municipal.
El presidente municipal aseguró que la dependencia ha entregado más de 20 millones de pesos en varios proyectos a pequeñas cooperativas, de las cuales se desconoce sus frutos.
Esta misma semana, Ramos Flores (cual si fuera candidato) anunció la creación de la Dirección de Infraestructura Educativa, para mejorar las condiciones de los centros escolares de la ciudad y el valle.
Las escuelas, cabe aclarar, se encuentran bajo la jurisdicción estatal. El gobierno municipal debiera apegarse solamente a lo que constitucionalmente le corresponde: ofrecer servicios como alumbrado, electrificación de zonas marginadas, seguridad pública y pavimentación.
Por si fuera poco, el abanderado de la Alianza para que Vivas Mejor, Joaquín Ramírez Chacón, propuso la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, a fin de mejorar las condiciones ecológicas de la ciudad, así como la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, para combatir la violencia.
Pero del lado blanquiazul tampoco se cantan mal las rancheras: en el actual sexenio elorduyista fue creada la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada en primera instancia por Manuel Díaz Lerma, quien salió huyendo tras un atentado en su contra, y que quedara bajo la tutela del joven Víctor Felipe De La Garza Herrada, ‘balconeado’ a través de un vídeo con un ‘asesor’ del procurador, a quienes se les vincula con un comando armado para deshacerse de personas incómodas.
Y ni qué decir de la Policía Estatal Preventiva, la cual debiera cambiar su nombre a Agencia Estatal de Vigilancia de Funcionarios, pues la mayoría de sus elementos se dedican a labores de ‘guardaespaldismo’ del cada vez menos mandatario, su familia y empleados directos.
Hace algunos meses, la Dirección de Ecología subió de categoría para convertirse en la Secretaría de Protección al Ambiente, la cual dirige desde el inicio de este gobierno el hijo de un asesor del gobernador.
En el ámbito electoral, el candidato a la gubernatura, José Guadalupe Osuna Millán, ha prometido el cielo y las estrellas a los bajacalifornianos, con la meta de obtener su voto.
Primero, a los cachanillas les dijo que buscaría la forma de construir una planta eléctrica para darles 500 kilowatts a cada hogar y reducir así el costo de la energía.
El gobierno panista reaccionó indirectamente, al anunciar con bombo y platillo dos proyectos privados de energía eólica para la zona de La Rumorosa, de donde saldrá electricidad para California y los excedentes dejarlos en Baja California.
Luego, a los obreros del mar, Osuna Millán les prometió crear la Secretaría de Pesca, para solucionar su problemática.
El candidato panista remató diciendo que, para buscar soluciones al problema de la falta de vivienda y de agua en la zona costa, su gobierno creará el Instituto Estatal de Vivienda.
O sea, las propuestas se basan exclusivamente en crear más burocracia y generar mayores gastos a la población.
La solución es mucho más sencilla que hacer más agencias de gobierno.
Si de verdad exisitera voluntad de los candidatos y gobernantes para solucionar problemas, lo primero que deberían hacer es apegarse a la honrada medianía y bajar sus ingresos.
No es posible que el gobernador bajacaliforniano sea uno de los mejor pagados del País, pasando también por el alcalde mejor pagado de bajacalifornia: el de Mexicali.
Si el alcalde local ganara 40 mil pesos mensuales, el síndico procurador 35 mil, los regidores 30 mil y ningún funcionario de primer nivel pudiese ganar más que un regidor, el gobierno municipal se ahorraría algo así como 22 millones de pesos al año, equivalentes al 66 por ciento del presupuesto para nómina entre estos puestos públicos
En tres años, la cifra se multiplicaría a 66 millones de pesos, suficientes para contratar casi 200 policías, sumamente necesarios para reducir la delincuencia.
Los ahorros serían mayores si se fusionaran varias dependencias, como obras y servicios públicos; seguridad pública, bomberos, deporte y arte (estas últimas como parte de un proyecto de prevención del delito); administración urbana con ecología y transporte, oficialía mayor y tesorería, dejar comunicación social como una jefatura de prensa debajo de la Secretaría del Ayuntmiento y creando la Dirección de Paramunicipales.
Pero no, los candidatos deben pagar las cuotas políticas para con quienes los apoyan en las campañas.
A pesar de la deuda bajacaliforniana (que asciende a unos 4 mil 500 millones de pesos), los candidatos parecen destinados a crear la Secretaría de Comunicación Interplanetaria, la Dirección Municipal de las Pequeñas Grandes Obras, la Agencia Estatal Changarrera, etcétera.
Quizá la verdadera solución a los problemas de los bajacalifornianos se encuentra en una tercera vía que hasta hoy el electorado no ha intentado ni ha saboreado sus gobiernos.
Las habas cocidas de California…
Recientemente, el ‘Gobernator’ le aumentó considerablemente los salarios a sus principales colaboradores, mientras la Comisión Ciudadana de Compensaciones de California hizo lo propio con los funcionarios electos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
