Senadores acusados

La Senadora Estatal de Massachusetts, Dianne Wilkerson, quien llevaba 15 años en el cargo, fue arrestada en Boston el 28 de octubre pasado por haber aceptado unos ocho pagos que hicieron un total de 23 mil 500 dólares en efectivo, por presentar una serie de iniciativas de ley con las que buscaba influenciar en decisiones políticas de la ciudad.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la legisladora se ve envuelta en el escándalo.
En diciembre de 1997 tuvo que permanecer bajo arresto domiciliario, luego de que se declarara culpable de evasión fiscal por 51 mil dólares en ingresos federales que no reportó años atrás.
Por esto mismo fue suspendida su licencia de abogada y jamás buscó su reinstalación.
(Sólo como anécdota: la legisladora Demócrata, de origen afroamericano, obtuvo su título de Jurisprudencia por el Colegio de Leyes de Boston en 1981).
En el 2001, la Comisión Estatal Ética la multó con mil dólares por no haber reportado apropiadamente que un banco, para el cual trabajaba como cabildera en el Senado Estatal, le pagó más de 20 mil dólares por también ser su consultora.
En septiembre del 2005, la Procuraduría de Massachusetts y la oficina Estatal de Finanzas Políticas presentaron una demanda en su contra.
El motivo: no reportó varios donativos por 27 mil dólares y se negó a explicar más de 18 mil dólares en reembolsos personales.
Esto es, recibió los apoyos de la ciudadanía, pero los canalizó a sus cuentas personales.
La legisladora pagó una multa de 10 mil dólares y fue obligada por las autoridades a devolver 30 mil dólares.
A principios de octubre, la Oficina Estatal de la Barra de Abogados presentó una queja en contra de la Senadora, en la que argumentó que ésta había dado testimonio falso en una audiencia judicial de la Corte Superior de Suffolk.
En ese entonces, su sobrino, Jermaine Berry, estaba siendo acusado por asesinato. Los documentos revelan que la mujer mintió sobre la presunta responsabilidad de otro de sus sobrinos, Isaac Wilkerson, cuando éste fue arrestado por el homicidio e interrogado por dos detectives.
Las actuales acusaciones (dentro del caso 08-1772-TSH, el cual puede leerse por internet), iniciadas por el trabajo del FBI en Boston y el Departamento de Policía de esta misma ciudad, revelan que la legisladora, de 53 años de edad, aceptó entre junio del 2007 y marzo del 2008 unos 8 mil 500 dólares en efectivo con la finalidad de ayudar a obtener una licencia de alcohol para un futuro antro: el Roxbury.
Wilkerson trató de presionar a la Junta de Licencias de Boston, al alcalde y a los regidores, además de haber presentado propuestas de ley en el Senado Estatal para aumentar los salarios de los integrantes de la junta para “motivarlos” a otorgar el permiso, así como otro proyecto de ley para aumentar el número de permisos de venta de alcohol en la ciudad.
Los agentes se dedicaron a grabar conversaciones y visitas de la legisladora a través de oficiales encubiertos durante 18 meses.
El grupo de agentes policíacos fue encabezado por Krista Corr, quien durante los últimos 17 años ha formado parte del Escuadrón Contra la Corrupción Pública en Boston del FBI.
La acusación formal indica que la mujer, en enero de 2008, le propuso a uno de los policías, quien se hizo pasar por empresario, a formar parte de una sociedad para desarrollar la propiedad estatal donde se ubicaría el Roxbury.
A cambio de 5 mil dólares, presentó otra iniciativa de ley para designar dicha propiedad como privada y destinada al desarrollo, a fin de evitar el molesto procedimiento de subasta pública.
Apenas en septiembre pasado, Wilkerson recibió otros 10 mil dólares de un agente más para hacer otro de sus ‘negocios’ en la legislatura estatal.
De ser hallada culpable, Wilkerson pasará los próximos 20 años en la cárcel y deberá pagar 250 mil dólares en multa.
Pero antes de enfrentar a la justicia, la Senadora ya perdió su poder político: la Presidenta de la Cámara Alta de Massachusetts, Therese Murray, la despojó de la Presidencia del Comité de Administración Estatal y Vigilancia Regulatoria, además de haber dado inicio a una indagatoria del Comité de Ética del Senado.
Además, el Senado Estatal –dominado por los Demócratas- ya le solicitó formalmente a Wilkerson su renuncia, la cual ya se concretó el pasado miércoles 19 de noviembre.
En buena medida, sus antecedentes llevaron a los ciudadanos de su distrito a votar en las elecciones primarias de septiembre anterior por Sonia Chang Díaz.
Y a pesar de que la ciudadanía le pidió, a través del voto, dejar de ser su representante, Wilkerson trató de presentarse como candidata por escrito en las boletas locales para la elección general del pasado 4 de noviembre.
Como era obvio, la todavía Senadora denunció que la Procuraduría Federal en la localidad, encabezada por Michael Sullivan, de llevar a cabo movimientos políticos para destrozar su campaña política.
“Los votantes y los contribuyentes esperan que sus funcionarios electos hagan lo que es correcto para sus representados, no para lo que es mejor financieramente para ellos mismos”, sentenció Sullivan.
Para no dejar lugar a dudas, el fiscal bostoniano puso en internet las fotografías de varios momentos que ilustran muy bien cuando la todavía legisladora toma el dinero y se lo coloca en un lugar al que sólo sus manos tienen acceso directo.
El caso de corrupción pública de la senadora Demócrata no es el único dado a conocer en los último días.
Este miércoles, el ex Senador Estatal de Nueva Jersey, Wayne Bryant, fue acusado por un jurado de doce cargos de utilizar su cargo público para hacerse de un empleo en la Escuela de Medicina Osteopática de la Universidad de Medicina y Odontología del Estado, sin reportar los ingresos y buscando ilegalmente favores para el centro educativo.
En este caso, el ex legislador fue apoyado por el Decano de la Escuela, Michael Gallagher, quien lo ascendió de Vicedecano a Decano Interino y luego a Decano Permanente en noviembre del 2002, a cambio de recibir importantes apoyos económicos de la legislatura y funcionarios del gobierno, incluido el Tesorero Estatal.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó que, por su trabajo, la Escuela Médica le pagaba casi 41 mil dólares al año.
Pero estos no fueron los únicos ingresos: en julio del 2002 recibió el pago de pensión a cambio de hacer poco trabajo por la universidad.
Se decía que trabajaba tres días completos para la escuela, pero en realidad iba solamente una vez a la semana a leer el periódico.
A pesar de ello, recibía pagos anuales que subieron de 28 mil dólares en el 2002 a 81 mil dólares en 2006.
La Junta de Servicios Sociales del Condado de Gloucester le pagaba unos 200 mil dolares al año a cambio de servicios legales, que en realidad hacían los empleados del despacho del ex legislador. En cuatro años, sólo trabajó unas 15 horas.
Ahí no para la cosa: como presidente del Centro Universitario de Dolores de Cabeza –así se llama-, se otorgaba a sí mismo bonos que alcanzaron los 400 mil dólares.
El caso más reciente se presentó este jueves cuando Trevor Blackann, un joven ex asistente legislativo del Senador y ex Gobernador de Missouri, Kit Bond, del Partido Republicano, se declaró culpable por falso testimonio en su declaración de impuestos del 2003.
En esa fecha, Blackann dejó de reportar miles de dólares en regalos ilegales que le concedieron varios cabilderos, a cambio por supuesto de ciertos favores.
Para poner un ejemplo: ese año recibió un viaje gatis para el primer partido de la Serie Mundial, en Nueva York. Sus ‘amigos’ hasta le pusieron chofer y le regalaron una camiseta conmemorativa de los Yankees.
Este caso forma parte de la investigación contra el cabildero, Jack Abramoff, quien en septiembre fue sentenciado a cuatro años de prisión.
Otras 15 personas ya han sido declaradas culpabes o esperan su veredicto.
A pesar de que en México hay muchísimos casos similares, la impunidad y la corrupción de funcionarios públicos sigue en aumento.
¿Por qué la Procuraduría General de la República y las fiscalías estatales no pueden hacer lo mismo con los representantes populares corruptos que pululan en México?