FEDERALISMO ELECTORAL

La información que dieron a conocer los medios de comunicación en México durante el pasado proceso electoral, precisaba constantemente el asunto del Colegio Electoral. “Se necesitan 270 votos en el Colegio Electoral para ser Presidente de los Estados Unidos”, referían constantemente las cadenas televisivas de los otros Estados Unidos, los Mexicanos. Y, para dar una mejor visión del tema, se apoyaban en gráficas y mapas de todo el país, pintando a cada uno de los estados que forman la Unión Americana para detallar la información acerca de las tendencias. El problema radica en una diferencia abismal entre los procesos electorales de cada país. Mientras en México es un “toma todo”, o sea, el que obtiene más votos gana, en Estados Unidos cada una de las entidades federativas representa cierto peso político debido a que cada una envía una delegación al famoso Colegio Electoral, quienes a final de cuentas y a nombre de los votantes de su estado nombran al presidente. Entre ambas naciones hay otra gran diferencia: como cada estado es quien envía sus delegados al Congreso Federal (como ocurre casi en cualquier república federada del mundo), son ellos mismos los que organizan las elecciones. La federación no entra en la jornada electoral, salvo para vigilar que se cumplan las leyes a través del Departamento de Justicia/Procuraduría General y en la asignación de recursos derivados de éstas (como ocurrió con la ‘Help America Vote Act, del 2001, por la cual se entregaron fondos para mejorar los sistemas electorales de todo el país). Presupuesto, contratación de empleados de casilla (los funcionarios reciben una compensación económica por la jornada que trabajan durante las elecciones) y el equipo, son responsabilidad de cada una de las entidades. Sin embargo, este concepto federalista de organización electoral va más allá: las elecciones son organizadas por cada uno de los condados (equivalente a los municipios mexicanos), quienes reciben los fondos de la Secretaría de Estado. Por ejemplo, el condado de Imperial recibe el presupuesto electoral del estado de California. ¿Credencial electoral? Este es un tema que se ha abordado en diversas arenas políticas del país y que ha causado controversia entre organismos de derechos civiles, quienes denuncian que esto llevará a que los nuevos votantes y las minorías se alejen de las casillas. Al llegar a las casillas, los electores sencillamente dan su nombre, son ubicados por los funcionarios en las listas, reciben sus boletas, las perforan y depositan en las cajas. Una de las posibilidades que han surgido es el uso de las licencias de conducir o las tarjetas de identificación para asegurar que quién acude a las casillas electorales es la misma persona que ejercerá el sufragio. Las campañas políticas son totalmente financiadas por el candidato o su comité de campaña. No se destina un solo centavo público a los partidos políticos, aunque en California se ha discutido la posibilidad de asignar estos recursos públicos para terminar con la intromisión de los llamados ‘intereses especiales’, ajenos al bienestar social, o las agendas personales de los políticos. Pero, eso sí, se vigilan tan de cerca como es posible tanto por la Secretaría de Estado como por la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California, una entidad de cinco miembros ciudadanos que revisa y sanciona el proceder de candidatos y funcionarios, así como los posibles conflictos de interés de estos últimos con empresas o seguidores. Una entidad similar, la Comisión Federal de Elecciones, hace lo mismo con los candidatos a Presidente, el Senado y la Cámara de Representantes. Por su parte, la Secretaría de Estado (electa por la ciudadanía californiana a través del voto directo cada cuatro años), cuenta entre sus funciones con una división de reforma política, en la que recibe y audita reportes financieros de candidatos, comités de campaña, partidos políticos y hasta cabilderos. Los candidatos pueden tener representantes en las casillas sin hacer campaña, a menos de que se alejen a 100 pies de los centros de votación. Pero no existe un organismo electoral per se, sino que, en caso de haber irregularidades o problemas durante la jornada electoral, éstas se denuncian ante las mismas autoridades electorales (que dependen del ‘cabildo’ del condado, conocido como Junta de Supervisores), o bien, de las judiciales (como la procuraduría de distrito). Tampoco existe un Consejo electoral. Sus funciones recaen en las mismas autoridades. El registro electoral, aunque se destina a la Secretaría de Estado, se puede hacer en la comodidad de la casa o hasta por Internet. Las solicitudes de inscripción se pueden encontrar hasta en las tiendas de autoservicio. Sin embargo, las autoridades envían este mensaje antes de firmar y enviar la solicitud: “ADVERTENCIA: Inscribirse para votar si no cumple con las condiciones para hacerlo o inscribir a otra persona en forma fraudulenta es ilegal y punible con hasta tres años de prisión”. El registro electoral, además, puede ser dado a conocer a candidatos y público en general para su análisis. Lo negativo es que el proceso se basa en la confianza depositada en quienes se registran para votar, lo que ha llevado a irregularidades en el pasado.Lo curioso: si el proceso electoral mexicano se hubiera llevado a cabo en el 2000 de la misma forma que la americana, Vicente Fox habría logrado 255 votos electorales, Francisco Labastida 94 y Cuauhtémoc Cárdenas 15 (tomando en cuenta los diputados y senadores de mayoría, que dan un total de 364).