LA TREGUA

El Instituto Federal Electoral convocó a los funcionarios públicos, principalmente a los titulares de los poderes ejecutivos de todo México, a una tregua publicitaria durante 40 días antes del proceso electoral. Se trata más de una medida moral por parte de la autoridad electoral mexicana. Durante este periodo, los gobiernos federal, estatales y municipales quedan impedidos a comprar espacios publicitarios para promover sus obras. Más que nada, tiene que ver con el historial corrupto y sucio que impuso el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones, donde arrebataba por las buenas o por las malas a fin de hacerse de los cargos públicos que estaban en juego. A cambio del voto y aprovechándose de la pobreza que cundía (y prevalece) en todo el País, los tricolores entregaban despensas, ropa y hasta dinero. También exageraban con los anuncios publicitarios, promoviendo las ‘grandezas’ de lo que se hacía por la Raza de Bronce, a la cual decían servir. Esto llevó a obligar al árbitro electoral para que, a su vez, establezca la prohibición de hacer propaganda con recursos públicos de lo realizado por los diferentes órdenes de gobierno en sus áreas de jurisdicción. Irónicamente, el PRI denunció hace unos días que la Presidencia de la República gastó en estos meses alrededor de mil 700 millones de pesos en los medios de comunicación, para hacerle saber al pueblo mexicano que si seguimos por este camino, las cosas serán mejores. ¿Para quién? Eso sólo lo puede responder el mismo Vicente Fox (tal vez hable de la familia presidencial, con eso de los negociazos que han emprendido y enriquecido los hijos de Martha Sahagún). Esa cantidad monetaria que denunciara el PRI significa el gasto total del Ayuntamiento de Mexicali durante un solo año. Igual que el federal ha hecho el gobierno bajacaliforniano, el cual tiene una partida equivalente en dólares a 4 millones de billetes verdes, para hacerse promoción, y que fuera aprobada por los 25 diputados locales, sin mayor crítica. El ayuntamiento cachanilla hizo lo propio y, hacia el final de su campaña, presentó la imagen del Ex Gerente de Corona a nivel local, Samuel Ramos Flores, en sus anuncios televisivos. La verdad es que cada uno de los gobernantes son, incluso sin desearlo, los líderes morales de sus respectivos partidos políticos. Como tales, debe suponerse que desean el triunfo de los institutos políticos a los cuales pertenecen. ¿Acaso llevaría a un ciudadano común y corriente a votar por ese mismo partido, si su gobernante se lo pide? ¿De verdad se cree que los mexicanos siguen siendo como ‘borreguitos’ que se dejan guiar por su ‘pastor’? La cifras no mienten: a pesar del enorme empeño de las autoridades, con todo y las campañas de gobierno a favor de candidatos y de los llamados a acudir a las urnas, los ciudadanos deciden optar por el partido de su preferencia en la individualidad de las casillas electorales. O, de plano, prefieren no votar. En los Estados Unidos, una democracia consolidada, las cosas son completamente distintas. El gobernador es el líder moral de su partido, reconocido incluso por la oposición. Como tal hace todo lo posible por lograr la reelección y llevar el mayor número de copartidarios a las cámaras legislativas. La única limitante que tienen es no usar fondos ni recursos públicos, de ninguna índole, en actos partidistas. Hacerlo sería enfrentar un ‘quemón’ político y una multa por parte de las autoridades encargadas de vigilar los procesos y las campañas electorales. De este lado del cerco fronterizo no hay tregua alguna. Los mismos candidatos, quienes ocupan puestos públicos y que buscan la reelección, hacen llamadas durante el día de la jornada electoral a sus conciudadanos, a fin de sacarlos del sofá y enviarlos directamente a las urnas. A los equipos de campaña de los candidatos se les permite hacer proselitismo donde gusten, siempre que se respete cierta distancia límite de las casillas electorales. A los gobiernos sólo se les prohibe, estrictamente, hacer propaganda de las obras de gobierno en los medios de comunicación con dinero del pueblo. Esos fondos, malamente llamados públicos (pues provienen de manos privadas), deben utilizarse en mejorar la seguridad, la educación, la salud y otros tantos asuntos que afectan a los contribuyentes directamente. Son precisamente los resultados entregados a la ciudadanía lo que lleva a ésta a mantener a un partido político en el poder, u optar por una alternativa. El que un político que gobierna una comunidad llame a votar por su partido, a decir verdad, en poco contribuye a que, como borregos, lleve a los ciudadanos a preferir su opción política. Y menos cuando han sido pésimos para gobernar.