Vecinas distantes

Ambas son guapísimas. Legisladoras las dos, sus respectivos distritos están pegados uno al otro, solamente divididos por la frontera entre México y Estados Unidos. Las dos son jóvenes y profesionistas: abogada la mexicana y licenciada en capacitacion y desarrollo de fuerza laboral la boricua. Ambas pertenecen a partidos conservadores, dominados por los varones. Una es madre de familia y divorciada, la otra casada sin hijos. Aquí radica una de las pocas diferencias entre ambas mujeres. Las dos se han convertido en férreas luchadoras en contra de los depredadores o violadores sexuales. Elvira Luna Pineda, la panista representante del Distrito 2 en la Legislatura bajacaliforniana, presentó el año pasado una serie de propuestas de reforma a las leyes de la peninsular entidad, las cuales buscaban endurecer las medidas en contra de los violadores sexuales y traficantes de servicios sexuales con menores. Una nota de Carlos Lima, publicada hace algunas semanas en la edición dominical de La Crónica, dio al traste con lo logrado. Los machistas de Mexicali y todo el estado se espantaron con la información, en el sentido de que un mayor de edad puede ahora ser considerado un violador en caso de sostener relaciones sexuales con un menor, incluso en caso de que ambos estén de acuerdo. Vinieron después las críticas de sus correligionarios, específicamente del Doctor, Diputado y ex Secretario de Salud, Carlos Astorga Othón. Con saña, el legislador criticó las reformas aprobadas por unanimidad el año pasado y publicadas en el Periódico Oficial, esto es, con el consentimiento del Ejecutivo estatal. Desde las altas esferas del blanquiazul partido se lanzó la línea para dar al traste con las reformas. La diputada tuvo que apechugar, no sin antes devolver el favor que le hicieron sus compañeros, al llamarlos a un debate de altura. Cobardemente, sus 24 compañeros, hasta los de su agrupación política, hicieron caso omiso a la convocatoria. Lo peor es que la población parece estar con los diputados contrarreformistas. “Si ella quiere, pues no es violación”, han señalado constantemente los encuestados entre la población que los medios han dado a conocer. De ahí que los nuevos cambios a los códigos civil y penal cuenten con la complacencia popular. De este lado de la frontera, las cosas son muy distintas. Aquella frase vulgar de “huele a ministerio público”, sí se aplica en California. Es aquí donde entra la homóloga de Luna Pineda, la puertorriqueña Bonnie García, Asambleísta Republicana quien representa al distrito 80 en la Cámara Baja de la entidad. Un menor de edad, de acuerdo a las leyes californianas, no tiene capacidad de decisión propia, la cual recae en los padres de familia. Por lo tanto, está imposibilitado a, por ejemplo, votar en los comicios o sostener relaciones sexuales con un mayor de edad, quien sí es considerado un abusador en ese caso. Pero esto no basta. Los Republicanos en la Asamblea están pidiendo medidas más estrictas para mantener los ojos puestos en los depredadores sexuales que han salido de la cárcel. La ley Megan establece ya que quienes han sido sentenciados por delitos sexuales y que han cumplido su condena, al momento de regresar a la comunidad deben registrarse ante una agencia policíaca. Los vecinos pueden identificar desde la comodidad de sus hogares a quienes se encuentran en esta situación, gracias al internet. Los conservadores quieren ir más allá, dado que este método ha demostrado su disfuncionalidad, pues una gran parte de los ex delincuentes sexuales no se registran. La intención ahora es enviar un paquete de reformas a fin de poder colocar brazaletes de por vida en estos depredadores sexuales y así poder ubicarlos a través de la tecnología GPS, o geoposicionadores globales satelitales. Las reformas buscarían además sancionar severamente a los criminales que cometen delitos sexuales por vez primera, en lugar de las multas que en la actualidad reciben. La semana anterior, los Republicanos rechazaron una serie de medidas propuestas por los Demócratas, las cuales (desde su punto de vista), no eran lo suficientemente fuertes como para evitar desde el marco de la ley la comisión de este tipo de actos deleznables. Entre las medidas, aprobadas con el mayoriteo Demócrata, se encuentra una que establece como un delito grave el uso de la Internet para obtener un favor sexual de un menor de edad. La otra gran diferencia entre Luna Pineda y García, es que la segunda tiene todo el apoyo de su partido para terminar con prácticas eminentemente machistas en su entidad. Novena corte… La Novena Corte de Apelaciones, que tiene jurisdicción sobre California y otros estados, estableció que los ciudadanos estadounidenses que intercambien dinero por favores sexuales con menores, están cometiendo un ilícito que puede ser juzgado en territorio norteamericano.En este caso, la aplicación extraterritorial de las leyes es, sin duda alguna, sumamente positiva para enfrentar la explotación comercial de infantes.