PALO DADO

Así es. Ni Dios lo quita.
Tal vez pueda uno dejar de sobarse en la zona donde reciba un golpe, pero sigue recordando el intenso dolor que provocó.
En ocasiones, cuando la herida deja huella, uno sigue sufriendo las consecuencias del porrazo.
De tal manera ocurrirá con el autógrafo que el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, colocó en la iniciativa de ley H. R. 6111.
El evento se llevó a cabo en el hermoso Salón Dwight Eisenhower del Edificio Ejecutivo en la Casa Blanca.
Rodeado por líderes Republicanos tanto de la Cámara de Representantes y del Senado, así como del Secretario del Interior, Dirk Kempthorne, el mandatario estadounidense firmó el ‘Acta para el Auxilio en Impuestos y el Cuidado de la Salud 2006’.
Esta medida, aprobada el sábado 9 de diciembre por la Cámara Alta, busca mantener ciertos beneficios fiscales para la exportación de productos, la reactivación económica de la zona afectada por el Huracán Katrina, el consumo de energía alternativa y hacer un poco menos caro el servicio de salud.
Cuando menos este fue el mensaje oficial.
La iniciativa de ley fue enmendada por el Congresista Republicano, Duncan Hunter, originario de San Diego, a fin de incorporar una sección con la que se establece como obligatorio el encementado del Canal Todo Americano, sin importar las demandas legales actuales o futuras.
La medida fue incluida con bastante sigilio, hasta que la Autoridad de Aguas del Condado de San Diego emitió un comunicado y dio a conocer la información.
Por eso mismo fue que el Presidente Bush no emitió declaración alguna al respecto.
El problema para el gobierno federal radica en las complicaciones legales que han padecido por las demandas por parte del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (junto a un par de organismos ecologistas de California), la poderosa sociedad de ricos agricultores del Valle Imperial conocido como el Grupo Imperial y el integrante de la Mesa Directiva del Distrito de Irrigación de Imperial, Jim Abatti.
Fue la Corte del Noveno Distrito de Apelaciones del Poder Judicial estadounidense, cuya sede se encuentra en la ciudad de San Francisco, la que detuvo hasta en tres ocasiones la petición para continuar con la obra de encementado del canal.
Los jueces federales quieren saber a ciencia cierta si habría violaciones a las leyes ambientales, como lo argumentan los empresarios mexicalenses y lo refutan las autoridades norteamericanas.
De acuerdo a diversos estudios ‘Made in Mexico’, los humedales y los pozos alimentadores del Valle de Mexicali se verán afectados con el proyecto.
A pesar de ello, el Reporte de Impacto Ambiental realizado ex profeso para continuar con la obra, desestimó en su tiempo los efectos negativos en México, pero no por desearlo así, sino porque los bajacalifornianos nunca se pronunciaron al respecto en las reuniones públicas a las que se convocó hace más de una década.
La verdad es que las leyes ambientales estadounidenses no contemplan mitigar impactos fuera del territorio nacional, pero también es una realidad innegable que las leyes establecen que quien usa por un periodo determinado de tiempo un bien, tiene derechos sobre el mismo.
El impacto negativo irá no solamente al aspecto ambiental, sino al económico de toda la región.
Si los millones de galones de agua que se filtran desde el Todo Americano a los pozos del Valle de Mexicali, los agricultores se verán afectados.
Esto llevará a que haya menos dinero circulando en esta zona del mundo.
Los agricultores no solamente acuden a las tiendas de Mexicali y el Valle Imperial para surtirse de bienes y servicios, sino también a San Luis Río Colorado, Sonora, y Yuma, Arizona.
El golpe ya está dado por la presidencia estadounidense, con la colaboración de legisladores de ambos partidos políticos.
Ahora, no quedará más que buscar alguna pomada para que los hematomas que produzca la obra se desinflamen.
Eso sí, la huella permanecerá por siempre, ante la falta de diálogo entre las partes.