MI-LI-TA-RI-ZAR

No hace mucho tiempo, las autoridades mexicanas y los gobernadores fronterizos de este lado del cerco se rasgaron la vestiduras por el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la zona limítrofe con México.
El mandato fue anunciado en mayo del 2006 por el mismo Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, quien tenía la intención de reforzar la seguridad en esta zona del País, según dijo, para evitar ataques del terrorismo internacional.
Incluso, gobernadores estadounidenses que tienen sus estados lejos de la frontera aportaron con agentes de sus respectivas Guardias al operativo.
Se dice que estos elementos, entrenados militarmente y quienes son reservas del Ejército norteamericano, se irán gradualmente conforme la Patrulla Fronteriza y otras agencias vayan contratando personal.
Desde el entonces presidente, Vicente Fox, hasta el también entonces candidato panista, Felipe Calderón, rechazaron de manera tajante esta medida adoptada por el mandatario estadounidense.
Con sus declaraciones les siguieron un montón de políticos y representantes populares, esos mismos que cobran salarios de primer mundo haciendo muy poco por la Nación.
La intención del Presidente Bush era detener a los inmigrantes en su intento por cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos e incrementar la seguridad en la frontera con México.
Presionado más por los grupos ultraconservadores del Partido Republicano, el mandatario se vio obligado a adoptar estas y otras medidas, sin tomar en cuenta la parte de la legalización de los migrantes y completar el círculo de la reforma integral a este fenómeno.
La exigencia del conservadurismo Republicano fue más allá y lograron que su compañero de partido y residente principal de la Casa Blanca, firmara una iniciativa para construir un cerco en la frontera para aumentar aún más, según ellos, la seguridad del País.
La Guardia Nacional es en realidad un cuerpo de reservistas del Ejército quienes, encabezados por el gobernador de cada estado, realizan diversas labores, semejantes a lo que desempeñan los militares mexicanos dentro del Plan DN-III.
Haciendo gala de sus dotes como grandes oradores (demagogos, diría yo), la clase política mexicana denunció el posible maltrato en contra de los connacionales, quienes, al no encontrar oportunidades de empleo, pretenden hallarlas del otro lado de la frontera.
Pudo no haberles gustado la llegada de los militares a la frontera, pero los resultados empezaron a surgir, con el aseguramiento de diversas cantidades de droga y de ex convictos quienes intentaron regresar a los Estados Unidos tras su deportación.
Los elementos de la Guardia Nacional llegaron a desempeñar labores de apoyo a los agentes (como secretariado, construcción y vigilancia por cámara de vídeo) y, salvo en los casos en que se pudiera poner en riesgo sus vidas, estos militares pueden portar armas.
Tienen negado el arresto de migrantes, pero sí están autorizados a informar sobre la presencia de posibles migrantes en el lado americano.
Prácticamente, la comisión asignada a la Guardia Nacional tiene muy poco que ver directamente con los migrantes.
Sumamente distintas son la ‘Operación Tijuana’ y la ‘Operación Michoacán’.
En la primera mencionada, los diferentes cuerpos policíacos y militares harán llegar a la coqueta ciudad más de 3 mil 200 elementos, según anunció el gobierno federal mexicano.
Estos, estarán a cargo de realizar labores de inteligencia y vigilancia a fin de rescatar para los ciudadanos la seguridad que, desde la llegada del panismo a Baja California, desapareció.
Los residentes tijuanenses y sus visitantes deberán sufrir el paso por los retenes con sus posibles violaciones a los derechos humanos.
Ejecuciones, corrupción, tráfico de migrantes y drogas se han ido intensificando en la región, gracias al contubernio o permiso de las autoridades bajacalifornianas.
Hasta jefes policíacos, como el ex Director de Seguridad Pública de Mexicali, Antonio Hermenegildo Carmona Añorve, durante el trienio del ahora Gobernador, Eugenio Elorduy, han sido detenidos por tener vínculos con los cárteles de la droga.
Y ni qué decir de los actuales jefes policíacos tijuanenses, asignados a sus tareas por el mismo Jorge Hank, quien ha visto como alcalde la oleada más fuerte del narcotráfico en la ciudad que dice gobernar.
Ante la incapacidad de los gobiernos locales, el Ejecutivo federal tuvo que intervenir.
Primero en Michoacán, su tierra natal y donde gobierna el perredista, Lázaro Cárdenas, y ahora en Baja California.
Tanto en tierras michoacanas como tijuanenses, el gobierno federal se vio obligado a utilizar a la milicia para detener ya no la ola, sino el tsunami criminal que azota a la población.
El presionar la zona de Tijuana llevará a lo que el Presidente Municipal de Mexicali, Samuel Ramos, ha llamado el ‘efecto cucaracha’, con la salida de los delincuentes de aquella ciudad y cuyos destinos se desconocen, aunque se presume pudieran ser ciudades como Tecate, Mexicali y el mismo San Luis Río Colorado.
De ahí que el Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, haya mostrado su preocupación y piense en pedir la ayuda de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, la inminente militarización de Baja California parece no perturbar a las autoridades norteamericanas.
El Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza dijo desconocer del movimiento en Tijuana.
Los jefes policíacos en el Valle Imperial tampoco se ven incómodos ante la posible llegada a la región de los peligrosos delincuentes de Tijuana para hacer de las suyas en la zona.
Los políticos estadounidenses tampoco se rasgan las vestiduras por la militarización mexicana.
Ese, creo yo deben pensar los americanos, es un asunto que compete a los responsables del vecino País y solamente a ellos.
Igual debió ocurrir con lo de la Guardia Nacional, pero éste fue un vil reflejo de la xenofobia mexicana hacia los estadounidenses.

Sonora…
El estado de Sonora encabezó la repatriación de migrantes durante el 2006, de acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de Migración.
De los 490 mil 546 mexicanos expulsados de territorio estadounidense, 182 mil 920 lo hicieron por Sonora, lo que equivale al 37.28 por ciento.
Muy cerca se ubicó Baja California con 174 mil 24 migrantes, o el 35.47 por ciento.