El Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pretende darnos el perfil del migrante del futuro: zapatos caros y traje sastre, conduciendo un vehículo último modelo, deportivo claro, y con bastantes dólares en su chequera.
Por ello, su Director de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, Emilio González, solicitó formalmente aumentar un 66 por ciento las tarifas de los distintos servicios que ofrece esta dependencia del gobierno federal.
La intención es subir el precio promedio del servicio a 438 dólares.
Justifican la medida con el hecho de que en los próximos dos años se espera procesar 4 millones 700 mil solicitudes, las cuales costarán 2 mil 329 millones de dólares en impuestos.
Sin embargo, ni el mismo director sabe a ciencia cierta esta cifra, pues en su Plan Estratégico presentado en 2005, asegura primero que procesan al año 7 millones de solicitudes y posteriormente, en el mismo documento, se habla de 5 millones.
Según el gobierno federal, entre el 2002 y el 2006 se aplicó un subsidio de 460 millones de dólares.
En 2004, la Oficina General de Administración señaló en un reporte que no se habían cubierto los costos en el servicio con los incrementos a las tarifas aprobados en 1998.
La misma dependencia autónoma del gobierno central agregó que, de no aplicarse el aumento a las tarifas se retrasarían las peticiones aún más, lo que a su vez llevaría a tener problemas de seguridad nacional, aumentando la vulnerabilidad de la población al fraude y al abuso.
Otra vez interviene aquí el factor miedo, aquel que nos inyectara el Presidente Bush luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Según la GAO, los solicitantes podrán permanecer en el País, sin ser auscultados, mientras sus solicitudes son procesadas, en caso de no subir las tarifas.
También cabe recordar que fueron precisamente las medidas adoptadas luego del 11-S las que llevaron a un aumento en el costo del servicio.
Lo cierto es que se publicó en el Registro Federal la petición de incrementar el precio de varios servicios: el Ajuste de Estatus como Residente Permanente pasaría de 325 a 905 dólares (aunque habría que considerar que con otros gastos, el promedio actual es de 800 dólares); la Solicitud de Apelaciones subiría de 110 a 545 dólares, más de cinco veces; la Solicitud de Ciudadanía o Naturalización iría de los 330 dólares actuales a los 595.
Los inversionistas extranjeros pagarían mil 435 dólares por pedir vivir y trabajar en el País, un incremento de 955 dólares. Sin embargo, para alguien que tiene un poder de compra algo, este aumento no tiene gran trascendencia.
A cambio, el CIS ofrece reducir los tiempos de procesamiento de solicitudes un 20 por ciento, para dejar el promedio en seis meses para el año fiscal 2009 en cuatro tipos de solicitudes, las cuales representan la tercera parte de las que se hacen cada año. De acuerdo al documento en el cual se contempla la nueva estructura tarifaria y el motivo que los lleva a ello, se dice que el procesamiento de las solicitudes es ya de medio año desde octubre del 2006, objetivo que se alcanzó luego de un compromiso hace algunos años por mejorar el servicio sin aumentar tarifas.
Esto dicen en papel. La realidad sabemos es una muy distinta, pues hay quienes deben esperar años para recibir una respuesta, además de recibir ‘largas’ cada vez que se comunican los peticionarios vía telefónica.
Las autoridades del CIS pretenden modernizar la plataforma de servicios para digitalizarla, además de expandir los servicios en línea, aplicar programas de retención y capacitación de personal, a fin de contar con empleados de alto rendimiento y mejorar las instalaciones.
El CIS cuenta con 15 mil empleados, todos con excelentes salarios y prestaciones, además de oficinas muy bien acondicionadas.
El Doctor González (a quien se le ha catalogado como uno de los hispanos más influyentes de los Estados Unidos por varias revistas latinas), lo primero que debía hacer, es analizar si realmente se requiere una fuerza laboral tan grande y, aún más, si será necesaria para cuando la agencia entre de lleno a la era digital.
Lo peor de esta medida está por venir: ya el 26 de octubre del 2004 se habían incrementado las tarifas, solamente haciendo un ajuste inflacionario; pero ahora, la intención es alzarlas cada dos años, luego de un proceso de revisión similar al que se lleva a cabo en estos momentos.
Y lo lamentable sería que el gobierno piense hacerse de una mayor cantidad de dinero en los próximos años por tener un mercado potencial y prácticamente cautivo, pues de reformarse el sistema migratorio (como lo ha planteado el mismo presidente), los 12 millones de indocumentados dejarían en las arcas del gobierno federal 10 mil 860 millones de dólares, una cifra nada despreciable.
Para ponerle más sabor a este caldo, el plan presupuestal para el año fiscal 2008 contempla una reducción de fondos al CIS de los 182 mil millones de dólares actuales a menos de 30 mil millones.
Al público solo le podemos hacer un par de recomendaciones: hacer comentarios sobre este tema antes del 2 de abril, cuando cierra el periodo (la página es www.regulations.gov), y tramitar cualquier solicitud lo antes posible, antes de que el gobierno federal piense subir más sus precios.
Claro, salvo que usted pueda llegar a las oficinas del CIS en un hermoso convertible de reciente modelo, donde le esperarán con la alfombra roja.
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