El pasado viernes le pregunté a mi hijo: “¿Vas a tener clases el lunes?”.
“No”, me respondió, “los maestros van a tener una junta”.
Esto me comprobó lo que tanto temía, que el magisterio haría su protesta-manifestación en horas de clase.
Práctica común entre los ‘trabajadores’ de la educación, los maestros externarían sus voces en contra de las recientes reformas a la ley del Issste y a otros derechos que dicen merecer, y que el gobierno federal asegura es la gran solución a los problemas financieros del país.
El asunto va más allá, debido a que constantemente el magisterio mexicano lleva a cabo sus reuniones sindicales en plena hora de clase, por lo que los alumnos se quedan nuevamente sin recibir la educación que el pueblo paga.
Dicen que es gracias a un logro sindical.
Injusta o no para la burocracia federal la reforma legal al Issste, el hecho de no acudir a impartir clases a las aulas es un altísimo precio que debemos pagar los padres de familia.
Tan solo en Baja California, el paro reciente afectó a más de 66 mil alumnos de 200 escuelas, según el Sistema Educativo Estatal, ya que poco más de 2 mil 600 maestros se negaron a instruir a los estudiantes.
Me imagino qué habría ocurrido en caso de que el paro se realizara de este lado de la frontera.
Habrían sido despedidos. De eso estoy seguro.
Por eso los maestros en Estados Unidos protestan después de impartir sus clases.
Para presionar a las autoridades educativas y verse favorecidos con la comunidad, el magisterio en California se manifiesta pacíficamente, sin interrumpir las vialidades (ya que se exponen a ser castigados por las policías locales) y mucho menos, haciendo toma de instalaciones públicas.
Saben que el SWAT no se anda con rodeos y, por más negociaciones que busquen con la autoridad, el efecto se revierte en caso de afectar a terceros.
Las controversias salariales se llevan a los medios de comunicación, pero principalmente a las mesas de conversaciones, donde en caso de no poder pactar, el estado asigna a un tercero como árbitro en el asunto.
Ahora que empiezan más de lleno las campañas políticas en Baja California, es necesario analizar la posible reforma al sistema educativo.
El diputado del Partido Estatal de Baja California, Jorge Núñez, ha criticado desde el inicio de su periodo la poca asignación de recursos a las escuelas por parte del gobierno estatal de Eugenio Elorduy Walther.
Esto, dice, lleva a que los grupos de padres de familia y los directivos escolares apliquen cobros a los padres de familia, con la finalidad de mantener los centros educativos y obligar al padre a pagar su parte.’
En caso de no hacerlo, el pupilo queda fuera o sus documentos le son detenidos, cual vil policías.
Por ello, el Congreso busca convertir en delito penal este tipo de cobros especiales.
Pero, como se dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre.
En lugar de sancionar, los legisladores debían entrar a fondo en una reforma al sistema educativo, para darle mayor transparencia al gasto de recursos y una debida asignación de responsabilidades a las partes involucradas.
Un buen paso podría ser la formación de comités escolares, algo similar a los distritos escolares que se manejan en Estados Unidos.
Los integrantes de dichos comités serían electos directamente por los ciudadanos residentes de las zonas escolares y en sus manos estaría el dinero (que el pueblo aporta) para el mantenimiento de las escuelas, sujetos a las leyes y reglamentos locales.
Esto le daría mayor transparencia al manejo de los recursos y evitaría al mismo tiempo que los directores o las agrupaciones de padres de familia negocien en la oscuridad la forma de aplicar el dinero destinado al sector.
Claro está, también en Estados Unidos este esquema ha presentado algunos problemas.
Por ejemplo, en Los Ángeles.
El alcalde, Antonio Villaraigosa, ha intentado por diversos medios tomar las riendas de uno de los distritos escolares más grandes del País, el de su propia ciudad.
Por obra de jueces estatales, el alcalde no ha podido lograr su propósito, a fin de mejorar la educación en la ciudad que gobierna.
Una nueva propuesta que ha visto el auge desde la llegada del actual gobierno federal de George Bush, las llamadas escuelas ‘charter’.
Reciben, vía gobierno, dinero de los impuestos que la ciudadanía aporta. Pero son manejados por agrupaciones u organizaciones ciudadanas (o privadas, según se quiera ver) y responden directamente a los mismos padres de familia en cuanto a desempeño académico.
Independientemente de sus demandas, los maestros deben dejarse de ‘grillar’ más y hacer aquello para lo que estudiaron y se les paga: dar clases.
Si creen que sus ingresos son muy bajos, pues mejor cambiar de carrera.
Enlace…Sin duda la evaluación Enlace del gobierno federal le ha dado mayor transparencia a los resultados de la instrucción pública y, sobre todo, revela el desempeño del maestro.
