El Procurador ha estado sumamente activo en las últimas semanas.
Un día se lanza contra Kentucky Fried Chicken por hacer papas fritas que causan cáncer, otro se echa contra prestamistas de alumnos universitarios y al siguiente le ‘tira’ a la Budweiser por sus estrategias de mercadotecnia que buscan hacer adictos a los menores de edad a las bebidas energetizantes.
Me refiero al Fiscal de de California, Edmund Brown, quien hace lustros fuera gobernador del estado dorado.
En un inicio, el procurador emitía poca información.
Gris, realmente opaca su actuación, se dio cuenta de ello y contrató a David Kravets como su vocero.
El ahora funcionario sustituye en el cargo al ahora abogado, Nathan Barankin, quien fuera portavoz del ex fiscal, Bill Lockyer, hoy convertido en Tesorero Estatal gracias a la gimnasia chapulinesca tan característica de la clase política californiana, especialmente entre la Demócrata.
Una trayectoria sumamente distinta es la de su colega de Arizona, Terry Goddard.
Desde que asumió la procuraduría, se ha dedicado a combatir el tráfico y consumo de metanfetaminas, y a evitar prácticas fraudulentas por parte de los vendedores de autos, entre otras.
En una palabra, hacen su labor para evitar abusos o violaciones a la ley, o bien, sancionar a quienes actúen fuera de la ley.
Goddard fue Alcalde de Phoenix por 16 años, en los cuales llegó a convertirse en Presidente Nacional de la Liga de Ciudades.
Abogado por la Universidad Estatal de Arizona, alcanzó el grado de comandante de la Naval de Estados Unidos luego de 27 años de carrera militar.
Tanto el procurador californian como el arizonense tienen antecedentes sumamenete distintos.
Pero en algo se parecen: ambos llegaron a sus lugares gracias a la voluntad popular a través del voto directo de sus ciudadanos.
Ni el gobernador o sus congresos tomaron parte en su designación.
Por ello mismo, no están a disposición del titular del Poder Ejecutivo.
Por tal motivo, en caso de un gran escándalo, los dos dimitirían sin pensarlo, por el bien de sus estados y de sus representados.
México, siempre México, donde las cosas parecen ocurrir al revés.
Recientemente, empleados del Procurador de Sonora, Abel Murrieta, fueron acusados de estar coaligados con bandas del crimen organizado por parte de la Revista Proceso, la cual aseguró en un reportaje que funcionarios de la fiscalía sonorense tienen qué ver con la desaparición del reportero de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota.
El ex comandante de la Policía Judicial y ahora ex Director de la Policía Estatal Preventiva, Robeto Tapia Chan, acusado de proteger al hermano incómodo del mandatario, Ricardo Bours, fue destituido tras la publicación.
Pero Murrieta, el mandamás en la procuraduría y designado por el mismo gobernador, sigue en su puesto.
El rotativo hermosillense se ha desistido a publicar el contenido de la segunda parte de las investigaciones del joven reportero. El motivo solamente la familia Healy la conoce.
Pero Proceso no fue el único que denunció en sus páginas el asunto. También el Semanario Zeta de Tijuana, cuando Jesús Blancornelas aún vivía, se atrevió a hacer público el tema.
El cuerpo de Jiménez Mota, como expresó el veterano periodista, seguro fue ‘pozoleado’, esto es, asesinado primero y su cuerpo disuelto en químicos capaces de no dejar huella para las autoridades investigadoras.
A pesar de las acusaciones, Murrieta Gutiérrez sigue cobrando a la ciudadanía
El mismo Zeta publicó hace un par de semanas la presunta relación del procurador local, Antonio Martínez, con el crimen organizado en la operación de una banda de secuestradores y traficantes de narcóticos.
Dijo no dejar la procuraduría por tratarse de calumnias e injurias lanzadas por quienes tratan de denigrar al fiscal.
Los procuradores sonorense y bajacaliforniano son acusados de estar ligados con las organizaciones de El Chapo Guzmán Loera (prófugo desde el inicio del gobierno foxista) y de El Mayo Zambada.
Ciertas o no, las acusaciones son sumamente serias.
No me imagino qué haría el portavoz Kravetz, ex reportero de Prensa Asociada y quien cubría las fuentes judiciales, en un caso similar.
Pero de lo que estoy seguro es que los fiscales estadounidenses renunciarían al cargo para no lastimar más las instituciones y permitir una investigación libre. Claro, para también impedir a la oposición que haga escarnio público del incidente y usarlo a su favor político.
Este año está impregnado por lo político en Baja California, dado el proceso electoral de agosto próximo.
Sostener al procurador Martínez Luna representa un altísimo riesgo para el gobernador y su partido, Acción Nacional.
Es casi imposible pensar que la oposición no utilizará estos vídeos que valientemente dio a conocer Zeta para su propaganda política.
El costo para el partido en el gobierno será caro. Al tiempo.
