El pasado 11 de julio, la Secretaría de Estado de California, a cargo de la ex Senadora, Debra Bowen (experta en brincos chapulinescos del Partido Demócrata), anunció la puesta en circulación de una iniciativa ciudadana.
La promotora de la medida es Connor Vlakancic, hijo de un inmigrante croata, nacido en Illinois, pero avecindado en California desde hace varias décadas.
Vlakancic ha buscado diversos puestos de elección popular, entre los que destacan el de Congresista por el Distrito 17 y el Senado por California.
Sin embargo, su candidatura no ha trascendido más allá de las elecciones primarias (o internas).
En 2004, recibió una paliza en las urnas por parte del retador Republicano, Mark Risley; y para el 2006, en las elecciones generales obtuvo 11 votos de los más de 8 millones de sufragios emitidos en la elección senatorial.
Ante la adversidad, el ex candidato ha decidido emprender una nueva aventura política.
A los ciudadanos californianos, por medio de un plebiscito, Vlakancic solicitó algunos cambios en la forma en que se llevan a cabo las elecciones.
En primer lugar, está solicitando la reforma al Código Electoral, a fin de obligar a una segunda vuelta en caso de que un candidato no llegue al 50 por ciento más uno de los votos en las contiendas estatal y federal.
A los aspirantes al cargo que no se encuentren afiliados a partido político alguno, Vlakancic pidió que se hagan ajustes para permitir estas candidaturas más fácilmente.
De aprobarse la iniciativa ciudadana, las autoridades electorales establecerían requisitos distintos para solicitar la candidatra, que se puede hacer recolectando firmas o pagando una tarifa.
La diferencia principal sería entre los independientes que solamente cuentan con voluntarios para su causa y aquellos que tienen profesionistas dentro de sus comités de campaña.
Esto, de acuerdo a un estudio preliminar, llevaría a incrementar los costos oficiales en la preparación de los comicios.
Vlakancic deberá recopilar 433 mil 971 firmas de ciudadanos registrados para votar en un periodo de 150 días (antes del 10 de diciembre de este año) a fin de llevar la medida a las boletas electorales a las elecciones primarias de febrero del 2008.
Mientras esto ocurre en California, al sur los políticos no pueden ponerse de acuerdo para hacer una reforma de Estado integral.
Entre las propuestas que han surgido (y que circulan solamente en los medios de comunicación, ya que los diputados de la Comisión respectiva no han sesionado) está la de revocación de mandato, la figura de plebiscito, el recorte de gastos electorales y hacer campañas más equitativas entre los contendientes.
A lo más que han llegado los muy bien pagados legisladores bajacalifornianos ha sido a pensar en la reforma al Artículo 42 de la Constitución local, luego del fiasco en el Tribunal Federal Electoral.
Este artículo constitucional impide (supuestamente) a los funcionarios públicos electos a aspirar a otro cargo, hasta no concluir su periodo.
La intención de los legisladores por evitar que los funcionarios electos dejen sus cargos fue buena, pero ahora sabemos que fue irregular, ya que no embona con los tratados internacionales, particularmente el Pacto de San José o Carta de Derechos Humanos de Latinoamerica.
Este tratado permite regular el derecho a votar y ser votado por edad, ciudadania, residencia, idioma, instrucción educativa, capacidad mental o por ordenamiento judicial ante la comision de un delito.
Sin embargo, la ley no restringe una candidatura independiente, como la que intentó semanas atrás Felipe Ruanova Zárate.
Segun el argumento del Trife para impedir a Ruanova fuese candidato independiente a la gubernatura, están una serie de justificaciones totalmente fuera de la razon.
Los magistrados indicaron que la ley electoral no establece las candidaturas independientes; que sería inequitativo, ya que no tendría acceso a recursos públicos ni a los medios de comunicación; y que, por lo mismo, quizá (solamente como probabilidad) tendría acceso si a más recursos financieros, los cuales serían casi imposible de fiscalizar, ya que no estaría a disposición de auditoría alguna por parte de la autoridad electoral.
El mismo Trife decidió que varias candidaturas impugnadas fueran restituidas, aludiendo el citado Pacto de San José, aunque pasara por alto las leyes de un estado ‘Libre y Soberano’, pero sujeto y presa de una federación que se lleva recursos y no compensa con seguridad a Baja California.
Por esta decisión, el diputado del Partido Estatal de Baja California (hoy al servicio del PRI), Jorge Núñez, convocó a un foro en el que se analizó el posible cambio en la llamada ‘Ley Antichapulín’.
Ahora, el pebecista y sus cómplices priistas se dicen a favor de reformar este artículo, en virtud de la decisión del Trife.
Muy cierto, tienen razón y mi apoyo (si es que en algo les interesa).
Pero no es solamente eliminar este impedimento para los funcionarios electos. Deben ir más allá.
Dado que el numeral 2 del Artículo 23 del Pacto de San José establece que la ley puede restringir una candidatura por instrucción y capacidad civil o mental, los diputados están ‘obligados a obligar’ a sus sucesores para que demuestren si cumplen con estos requisitos.
Me encataría que el nuevo artículo 42 obligara a los aspirantes a un puesto de elección popular a practicarse un examen de detección de drogas al momento de presentar su registro.
Otro de capacidad psicológica.
Uno más de conocimientos generales sobre el puesto y sus responsabilidades, por parte de un cuerpo de abogados y ciudadanos (de verdad).
Y por supuesto, una exhaustiva revisión de sus datos personales.
Otra de las encomiendas que debieran tener lo actuales y futuros diputados es reglamentar las candidaturas independientes.
¿Por qué los ciudadanos no pueden votar y ser votados libremente, sin ataduras a partido politico alguno, tal y como lo pregonaron los tricolores para justificar la candidatura hankista?
El negar el registro es una clara violación a los derechos del ciudadano, ya que, al no estar prohibidas, el mismo derecho establece que deben ser permitidas.
Claro, con reglas claras y precisas, sobre la elegibilidad en base a los lineamientos constitucionales, añadiendo diversas disposiciones como la información sobre sus recursos, actividades proselitistas, plataforma política del individuo, fiscalización y su ubicación en la boleta electoral.
Por supuesto, los míos son sueños guajiros (ya que los legisladores están más ocupados en las campañas políticas y están a punto de dejar el puesto), pero que exigimos los casi 3 millones de personas que vivimos en la entidad, ya que son garantías consitucionales.
La misma constitución no establece como obligación que los ciudadanos deban estar inscrtitos en un partido político para que se respete su derecho a ser votados, sino que sencillamente habla de los ciudadanos.
Y ninguna ley secundaria está por encima de este precepto.
Repito, mi deseo resulta utópico, porque los partidos tienen y desean mantener secuestrada la actividad política.
La promotora de la medida es Connor Vlakancic, hijo de un inmigrante croata, nacido en Illinois, pero avecindado en California desde hace varias décadas.
Vlakancic ha buscado diversos puestos de elección popular, entre los que destacan el de Congresista por el Distrito 17 y el Senado por California.
Sin embargo, su candidatura no ha trascendido más allá de las elecciones primarias (o internas).
En 2004, recibió una paliza en las urnas por parte del retador Republicano, Mark Risley; y para el 2006, en las elecciones generales obtuvo 11 votos de los más de 8 millones de sufragios emitidos en la elección senatorial.
Ante la adversidad, el ex candidato ha decidido emprender una nueva aventura política.
A los ciudadanos californianos, por medio de un plebiscito, Vlakancic solicitó algunos cambios en la forma en que se llevan a cabo las elecciones.
En primer lugar, está solicitando la reforma al Código Electoral, a fin de obligar a una segunda vuelta en caso de que un candidato no llegue al 50 por ciento más uno de los votos en las contiendas estatal y federal.
A los aspirantes al cargo que no se encuentren afiliados a partido político alguno, Vlakancic pidió que se hagan ajustes para permitir estas candidaturas más fácilmente.
De aprobarse la iniciativa ciudadana, las autoridades electorales establecerían requisitos distintos para solicitar la candidatra, que se puede hacer recolectando firmas o pagando una tarifa.
La diferencia principal sería entre los independientes que solamente cuentan con voluntarios para su causa y aquellos que tienen profesionistas dentro de sus comités de campaña.
Esto, de acuerdo a un estudio preliminar, llevaría a incrementar los costos oficiales en la preparación de los comicios.
Vlakancic deberá recopilar 433 mil 971 firmas de ciudadanos registrados para votar en un periodo de 150 días (antes del 10 de diciembre de este año) a fin de llevar la medida a las boletas electorales a las elecciones primarias de febrero del 2008.
Mientras esto ocurre en California, al sur los políticos no pueden ponerse de acuerdo para hacer una reforma de Estado integral.
Entre las propuestas que han surgido (y que circulan solamente en los medios de comunicación, ya que los diputados de la Comisión respectiva no han sesionado) está la de revocación de mandato, la figura de plebiscito, el recorte de gastos electorales y hacer campañas más equitativas entre los contendientes.
A lo más que han llegado los muy bien pagados legisladores bajacalifornianos ha sido a pensar en la reforma al Artículo 42 de la Constitución local, luego del fiasco en el Tribunal Federal Electoral.
Este artículo constitucional impide (supuestamente) a los funcionarios públicos electos a aspirar a otro cargo, hasta no concluir su periodo.
La intención de los legisladores por evitar que los funcionarios electos dejen sus cargos fue buena, pero ahora sabemos que fue irregular, ya que no embona con los tratados internacionales, particularmente el Pacto de San José o Carta de Derechos Humanos de Latinoamerica.
Este tratado permite regular el derecho a votar y ser votado por edad, ciudadania, residencia, idioma, instrucción educativa, capacidad mental o por ordenamiento judicial ante la comision de un delito.
Sin embargo, la ley no restringe una candidatura independiente, como la que intentó semanas atrás Felipe Ruanova Zárate.
Segun el argumento del Trife para impedir a Ruanova fuese candidato independiente a la gubernatura, están una serie de justificaciones totalmente fuera de la razon.
Los magistrados indicaron que la ley electoral no establece las candidaturas independientes; que sería inequitativo, ya que no tendría acceso a recursos públicos ni a los medios de comunicación; y que, por lo mismo, quizá (solamente como probabilidad) tendría acceso si a más recursos financieros, los cuales serían casi imposible de fiscalizar, ya que no estaría a disposición de auditoría alguna por parte de la autoridad electoral.
El mismo Trife decidió que varias candidaturas impugnadas fueran restituidas, aludiendo el citado Pacto de San José, aunque pasara por alto las leyes de un estado ‘Libre y Soberano’, pero sujeto y presa de una federación que se lleva recursos y no compensa con seguridad a Baja California.
Por esta decisión, el diputado del Partido Estatal de Baja California (hoy al servicio del PRI), Jorge Núñez, convocó a un foro en el que se analizó el posible cambio en la llamada ‘Ley Antichapulín’.
Ahora, el pebecista y sus cómplices priistas se dicen a favor de reformar este artículo, en virtud de la decisión del Trife.
Muy cierto, tienen razón y mi apoyo (si es que en algo les interesa).
Pero no es solamente eliminar este impedimento para los funcionarios electos. Deben ir más allá.
Dado que el numeral 2 del Artículo 23 del Pacto de San José establece que la ley puede restringir una candidatura por instrucción y capacidad civil o mental, los diputados están ‘obligados a obligar’ a sus sucesores para que demuestren si cumplen con estos requisitos.
Me encataría que el nuevo artículo 42 obligara a los aspirantes a un puesto de elección popular a practicarse un examen de detección de drogas al momento de presentar su registro.
Otro de capacidad psicológica.
Uno más de conocimientos generales sobre el puesto y sus responsabilidades, por parte de un cuerpo de abogados y ciudadanos (de verdad).
Y por supuesto, una exhaustiva revisión de sus datos personales.
Otra de las encomiendas que debieran tener lo actuales y futuros diputados es reglamentar las candidaturas independientes.
¿Por qué los ciudadanos no pueden votar y ser votados libremente, sin ataduras a partido politico alguno, tal y como lo pregonaron los tricolores para justificar la candidatura hankista?
El negar el registro es una clara violación a los derechos del ciudadano, ya que, al no estar prohibidas, el mismo derecho establece que deben ser permitidas.
Claro, con reglas claras y precisas, sobre la elegibilidad en base a los lineamientos constitucionales, añadiendo diversas disposiciones como la información sobre sus recursos, actividades proselitistas, plataforma política del individuo, fiscalización y su ubicación en la boleta electoral.
Por supuesto, los míos son sueños guajiros (ya que los legisladores están más ocupados en las campañas políticas y están a punto de dejar el puesto), pero que exigimos los casi 3 millones de personas que vivimos en la entidad, ya que son garantías consitucionales.
La misma constitución no establece como obligación que los ciudadanos deban estar inscrtitos en un partido político para que se respete su derecho a ser votados, sino que sencillamente habla de los ciudadanos.
Y ninguna ley secundaria está por encima de este precepto.
Repito, mi deseo resulta utópico, porque los partidos tienen y desean mantener secuestrada la actividad política.
