En marzo del año pasado, varios legisladores estatales de California iniciaron una serie de conversaciones para analizar un problema que ahora se está volviendo transfronterizo: el robo de materiales para reciclaje.
Los asambleístas Cathleen Cagliani, del Partido Demócrata, y Tom Berryhill, del Republicano, presentaron ante la Cámara Baja una medida para endurecer las sanciones, restringir la venta de materiales y combatir este problema.
La medida recibió el apoyo de la Asociación de Alguaciles de California y la Oficina de Agricultura del Estado.
Y es que el problema se ha agudizado en los últimos años: tan solo en el 2006, se reportaron robos de este tipo de materiales por 6 millones de dólares en el Valle Central del estado.
El Proyecto de la Red de Operaciones y Tecnología de Crímenes Agrícolas asegura que el robo de metal se incrementó un 100 por ciento durante el 2005 y 400 por ciento en el 2006.
Los artefactos que más comúnmente se roban en los campos agrícolas son las bombas de irrigación, por el alto valor del alambre de cobre que contienen.
El diario Fresno Bee informó en un amplio reportaje que los precios del cobre han subido 400 por ciento y el del aluminio más del doble en los últimos cinco años.
A cada agricultor le cuesta entre mil y 3 mil dólares la reparación de las bombas.
Esta problemática tiene su origen en la drogadicción, según los legisladores, quienes expresaron en la justificación de la iniciativa de ley que “la necesidad de adquirir metanfetaminas ha ayudado a incrementar el problema”.
El hurto por parte de presuntos drogadictos, quienes luego venden las partes en sitios para el reciclaje a fin de adquirir la droga del día, afecta a líneas de teléfono y electricidad, sitios de construcción, generadores de electricidad, unidades de aire acondicionado en escuelas, pipas de irrigación y un montón de etcéteras.
Varias empresas han sufrido ya de este fenómeno: Pacific Gas & Electric dijo haber tenido pérdidas por varios millones de dólares; AT&T, 700 mil dólares; Pacific Power, 500 mil dólares en 2006; la aseguradora Liberty Mutual, 300 mil dólares en pagos de seguro; la Asociación de Propiedades Empresariales de California, cientos de miles de dolares.
De acuerdo al Programa de Prevencion Criminal en la Industria de la Construcción, el promedio de cada robo es de 400 dólares, pero el daño colateral (esto es, pérdida de producción por retrasar las operaciones), alcanza los 40 mil dólares cada uno.
Este problema ha afectado también a escuelas públicas y privadas.
El Valle Imperial no ha sido la excepción: el 2 de junio del año anterior, la Subestación Dhalia, ubicada en la ciudad de El Centro, fue atacada por los ladrones de metal, dejando a unas 7 mil personas sin servicio eléctrico.
Ese mismo mes, el robo de varias bases de metal en una subestación de Heber llevó a que varias personas del poblado se quedaran sin ‘luz’.
Los daños se presentaban casi a diario. En total, 11 subestaciones en los Valles de Imperial y de Coachella, propiedad del Distrito de Irrigación de Imperial, habían resultado afectadas, causando pérdidas por 300 mil dólares en el 2006.
Por ello, el distrito ofreció una recompensa de 5 mil dólares a quienes den información a las autoridades sobre los presuntos ladrones.
Ante la situación, el asambleísta Berryhill empujó en la Legislatura estatal un proyecto de ley para restringir la compra de materiales para reciclaje por parte de las empresas dedicadas a este rubro, haciéndolos responsables de la compra de metales robados.
Berryhill acusó a los recicladores de disfrutar libremente de la posibilidad de hacer dinero con la destrucción de propiedad pública y privada.
La iniciativa original habría obligado a los recicladores a pagar con cheque por el material 10 días después de haber adquirido el metal y elegir entre fotografiar al vendedor o retener el producto dos semanas, para así detectar a los metaleros ladrones.
A fin de que la medida fuera aceptada en el Comité de Asignaciones, Berryhill tuvo que hacer más ‘dulce’ su propuesta, quitándole el control a los condados para hacer sus propios ajustes a la ley y aplicarla con mayor rigor.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en dos comités de la cámara baja. En el pleno de la Asamblea, el voto fue 79-0, con solo una abstención.
La delegación californiana del Instituto de la Industria para el Reciclaje de Materiales se opuso a la medida, por no contar con un programa uniforme en todo el estado. Pero fue la única entidad que rechazó a medias la iniciativa.
A pesar del apoyo casi generalizado, en la Cámara Alta la perspectiva cambió. El Senador Estatal, Jeff Denham (Republicano también), sometió a consideración algunas enmiendas.
Los integrantes del Comité de Empresas y Profesiones le aplicaron la eutanasia a la medida, pero mantienen hasta ahora en suspenso su posible resurrección legislativa.
Berryhill aseguró que ahora trabajará junto con los alguaciles de los 58 condados y los gobiernos locales para ayudarlos a aprobar ordenanzas que combatan el problema del robo de metal.
En el lado sur de la frontera, la situación no es distinta.
De acuerdo a una serie de notas de la reportera Georgina de la Paz, del diario La Crónica, las pérdidas son bastante considerables.
La Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas por 3.4 millones de pesos en el 2006 por los hurtos, un aumento de casi el doble en comparación con el 2005.
Hace un par de años, los ladrones se llevaron 14 mil 500 kilogramos de material, y en el 2006 fueron un total de 28 mil.
Por su parte, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali indicó que en este año se han robado 400 medidores, 48 válvulas, 68 tapas de pozos, 14 rejillas, 16 brocales y dos bocas de tormenta.
Cada medidor tiene un precio de 250 pesos, lo que se traduce en pérdidas por 100 mil pesos.
Además, las 68 tapas de alcantarillado de 24 pulgadas que han sido robadas, tienen un costo de 612 pesos, lo que equivale a 41 mil pesos.
El problema se expande en Mexicali al alumbrado público, las líneas telefónicas y otras instalaciones de servicio público.
En su reportaje, la joven escritora reveló que el material que reciben las recicladoras en la capital bajacaliforniana es enviado a San Diego o Los Ángeles, para de ahí partir al continente asiático.
Los entrevistados de la reportera están seguros de que no son los drogadictos quienes están robando y vendiendo el material, sino los mismos empleados de las empresas de servicios públicos y hasta oficiales de policía, quienes cuentan con las herramientas adecuadas para cortar el cable de cobre o decomisan el material a los verdaderos responsables.
Cada día, la Procuraduría General de Justicia recibe entre una y cinco denuncias por robo de metal. Al año, serían unas mil 800.
El Ayuntamiento de Mexicali creó hace meses un grupo interdisciplinario para combatir el problema, sin que éste haya prosperado hasta el momento.
El 18 de mayo del 2006, el diputado del PRI y presidente en turno del congreso local, René Adrián Mendívil Acosta, puso a consideración el dictamen 161, con el cual se pretendía reformar el Código Penal a fin de decretar como Robo Calificado, sin derecho a fianza, el hurto de cableado en instalaciones para el servicio público.
Luego de un largo debate, fue aprobada la reforma, permitiendo el derecho de libertad bajo fianza.
Al mes siguiente, representantes del sector agrícola, empresarial y gubernamental acudieron ante el congreso, para denunciar que grupos organizados están realizando los robos en las instalaciones públicas y privadas.
Las autoridades judiciales, según argumentaron, están dejando libres a los presuntos responsables momentos después de haber sido capturados por la policía.
Por ello, llamaron nuevamente a los diputados a reformar la ley para sancionar más severamente a quienes se dedican a esta ilícita actividad.
La Legislatura está a punto de concluir. Dicen los legisladores que están buscando la forma de no dejar rezagos a los próximos diputados. Veremos.
Al igual que en California, los cambios legales siguen esperando.
