El lunes 23 de julio, el Ayuntamiento de Mexicali emitió un comunicado de prensa, en el cual le exige mayores recursos económicos al gobierno federal para las ciudades fronterizas.
Esto no es nada nuevo, pero lo que sí hace ver a las autoridades de los Estados Unidos es que en la región, todo mundo cojea del mismo pie por los migrantes.
Dijo que Mexicali, por hacer frontera con California, “constituye un punto de atracción para compatriotas del interior de la República (…) que ven a este municipio como una de las mejores perspectivas para lograr una mejor calidad de vida”.
Afortunada o desafortunadamente para Mexicali, de acuerdo al alcalde, esta circunstancia ubica a la ciudad como uno de los destinos finales al estado, en que cientos de personas llegan de otros puntos de México a diario para cruzar a los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano (que cada vez se convierte más en pesadilla).
Al no lograr pasarse de ilegales, los migrantes se quedan en la ciudad en demanda de servicios públicos como agua, drenaje, transporte, seguridad, medicina, así como vivienda, empleo y otros más.
Esta población, agregó el primer edil cachanilla, debe ser atendida en sus necesidades prioritarias con el fin de que, por carecer de las mismas, se vean obligados a delinquir para poder subsistir.
“Esta preocupante situación no es de ahora sino de varias décadas y debe ser entendida y comprendida por parte de la federación, toda vez que los gobiernos municipales bajacalifornianos nos convertimos en receptores de corrientes migratorias procedentes de otros estados de la República”, agregó el cada vez menos alcalde y cada vez más ciudadano.
El gobierno municipal, añadió, debe buscar recursos extraordinarios para atender a la comunidad migrante con un trato justo y que solamente pueden provenir de la federación, debido a que los presupuestos locales no pueden estirarse “de buenas a primeras”.
Por supuesto, no lo comentó, pero a Samuel Ramos casi se le salen las mismas palabras que las de los políticos estadounidenses, quienes no se cansan de culpar a los migrantes por los altos costos de los servicios públicos.
En Estados Unidos, estudios van y vienen sobre el impacto de la migración ilegal.
Algunos señalan que la contribución económica de los migrantes es mayor a la demanda de servicios públicos, mientras otros señalan lo contrario.
Sin embargo, hablando de frontera, los gobiernos de los municipios vecinos con México han manifestado su necesidad de que la federación también aporte a los condados en el tratamiento de los migrantes, cuando éstos se ven afectados en su salud.
De acuerdo a la Coalición de Condados Fronterizos, a los gobiernos municipales y otras agencias dedicadas al cuidado médico, la federación solamente les reembolsa el 12 por ciento de los gastos de los migrantes que cometen crímenes y deben ser encarcelados.
Por este concepto, los gobiernos más pobres de los Estados Unidos tienen que pagar 108 millones de dólares anuales.
Los más afectados son los californianos, con un gasto de 55.7 millones, seguidos por Arizona con 24.2 millones y Texas con 23.3 millones.
De ahí que algunos gobiernos estatales hayan decidido imponer sanciones a la contratación de mano de obra ilegal, como la arizonense, Janet Napolitano.
Otro análisis de esta misma organización, éste del año 2000, los hospitales fronterizos deben gastar 200 millones de dólares en proporcionar cuidado médico a los migrantes que se accidentan o se ven afectados por las condiciones climatológicas.
En California el gasto ascendía a 79 millones de dólares, en Texas 74, en Arizona 31 y en Nuevo México 6 millones.
La cifra hoy debe ser mayor.
De ahí que desde hace muchos años, los gobiernos locales hayan exigido el reembolso total o hacer cambios al reglamento de la Patrulla Fronteriza, cuyos agentes pueden dejar libre a un migrante cuando se accidenta, para evitar pagar el recibo de la atención médica.
El gobierno federal solamente se ha dedicado a fortalecer la vigilancia en la zona fronteriza, lo cual ha disminuido la cantidad de personas que buscan cruzar ilegalmente esta barrera política.
Si algo debe hacerse para reducir la migración ilegal es mejorar la calidad de vida en las zonas expulsoras de migrantes en México con agua potable, carreteras y, sobre todo, buenos empleos, algo que deben discutir Felipe Calderón y George W. Bush, o bien, su futuro sucesor.
