Hace unos días, la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC) aplicó una multa al comisionado de planeación del condado, Robert Herrera.
Quizá el funcionario lo olvidó, pero cada año en California, aquellas personas que tienen una responsabilidad pública deben dar a conocer a las autoridades correspondientes la lista de intereses económicos.
En una palabra, su declaración patrimonial.
La multa para el también ex Presidente de la Cámara de Comercio de Caléxico fue de 200 dólares y, de acuerdo a la FPPC, no entregó a tiempo su declaración.
La ley californiana exige que los funcionarios electos y algunos integrantes de mesas directivas, así como empleados de gobierno y consultores, entreguen su Declaración de Intereses Económicos, también conocidas como formas SEI o 700.
Estos documentos sirven para lanzar advertencias a los declarantes sobre sus intereses económicos personales que pudieran tener relación con alguna decisión gubernamental que tomen y dar a conocer sus propiedades al público y los medios de comunicación.
Otras 21 personas de diferentes partes del estado fueron sancionadas por la FPPC por diversos motivos en la misma sesión en la que fue multado Herrera.
Esta comisión es encabezada por el ex Senador y ex Asambleísta Republicano, Ross Johnson, quien fue nominado por el Gobernador, Arnold Schwarzenegger.
El resto de este cuerpo regulador de las actividades financieras de candidatos, funcionarios y representantes populares lo forman dos abogados, un consultor y el director de una organización civil.
La integración de la FPPC se forma con dos integrantes nombrados por el gobernador en turno (uno de los cuales debe ser de un partido político distinto al del mandatario), y uno por el Secretario de Estado, el Procurador y el Contralor.
De acuerdo a la ley californiana, cuando un funcionario entra en conflicto de interés con alguno de los temas o asuntos que trata el organismo al que pertenece, está obligado a reportarlo y tiene prohibido votar en el caso.
Los actores señalados por la ley también deben dar a conocer todos y cada uno de los regalos que reciben.
La intención de haber creado esta comisión era precisamente evitar que intereses oscuros influyan en las decisiones de los funcionarios públicos.
Sin embargo, no todo siempre ha sido así.
Durante las elecciones del 2006, en un debate televisado por Canal 66, los candidatos al Cabildo cuestionaron el que uno de sus rivales tocara el tema del transporte público.
Se trataba de Luis Castro, propietario de la empresa Calexico Transit System, encar-gada del transporte público de camiones en la ciudad.
La pregunta tenía que ver con la apertura del mercado local a más empresas, a lo que por supuesto se negó, a pesar de la condición de los camiones.
Por casi 90 votos no quedó en segundo lugar, para alcanzar uno de los puestos en disputa.
Los candidatos señalaron precisamente que había conflicto de interés.
Por esto, los diputados y la clase política bajacaliforniana debían pensar en hacer cam-bios a las leyes estatales para evitar que los funcionarios públicos se benefcien a sí mismos. O que, cuando menos, la ciudadanía lo sepa.
Así, el caso de las autocompras de patrullas marca Ford por parte del gobierno del estado, en tiempos de don Eugenio Elorduy, habría podido evitarse.
Como también pudo haberse evitado que su hija, Mariela Elorduy Blackaller, cobrara las comisiones por la venta de equipos Nextel a funcionarios del gobierno estatal, ya que ella era la representante de la empresa que vendió los famosos teléfonos. Cualquier venta hecha al gobierno estatal, según me comentó hace poco un empleado de la empresa, era asignada a la lista de la hija del gobernador.
Y cómo olvidar las asesorías cobradas por un despacho de abogados del cual era socio el ex Secretario General de Gobierno, Bernardo Martínez Aguirre; o la renta de equipo al gobierno estatal por parte del ex Secretario de Planeación y Finanzas, Armando Arteaga King.
A lo más que hemos llegado es a que el Diputado panista, Juan Manuel Molina, haya presentado una iniciativa de reforma al Artículo 16 de la Constitución local, a fin de prohibir que los legisladores ocupen otros cargos de tipo político o cualquier clase de empleo, mientras permanezcan en ejercicio.
Los diputados, en caso de que se apruebe la medida, tendrían prohibido ser presidentes de partido o representantes legales (como los ex diputados Obed Silva y Carlos Astorga), coordinadores de campañas políticas (como el actual Secretario de Gobierno, Francisco Blake) o de dirigencia de organizaciones sindicales o populares (como el también ex legislador local y futuro regidor tijuanense, Eligio Valencia Roque).
El tema debe ir más allá. La sociedad está cansada de que, además de los enormes sueldos, todavía tengan que sufrir por los graves conflictos de interés y la influencia de terceros en los asuntos de la vida pública.
