La educación pública no es gratuita.
Quizá la intención de quienes escribieron las constituciones y las leyes haya sido evitar que los ciudadanos no paguen más, pero de que no es gratuita, no lo es.
Este año fiscal, el gobierno de California gastará 68 mil 500 millones de dólares en educación básica, esto es, desde el kindergarten hasta la preparatoria.
Habría que añadirle el gasto en los sistemas colegiales y universitarios de enseñanza.
Para entregar estos recursos al sistema de educación estatal, el gobierno no tiene otra fuente que no sea el mism o ciudadano.
A través de impuestos, los californianos contribuyen para mantener las escuelas públicas, sin importar si sus hijos ya son mayores o, incluso, si no los tienen en los sistemas públicos.
El cobro es parejo y sin excepción.
Además de los impuestos al ingreso personal y a las ventas, los contribuyentes aportan a la educación pública otras impsiciones fiscales a través del impuesto predial.
Parte de estos fondos son asignados a las escuelas del gobierno.
Este año, la bolsa por este concepto alcanzó en toda la entidad 13 mil 913 millones de dólares.
Por este motivo, algunos residentes de Caléxico han expresado su rechazo a dar educación pública a los estudiantes mexicalenses.
Les parece mal que, a pesar de no pagar impuestos locales, los infantes crucen día con día la frontera para incorporarse a los salones de clase.
La autoridad se ha visto obligada a establecer controles estrictos para determinar la residencia, como lo establece el Código de Educación de California.
Esto ha llevado a la expulsión de unos 200 estudiantes. Claro, la medida tuvo consecuencias fiscales: el Distrito Escolar Unificado ha perdido 1 millón y medio de dólares del estado.
A su vez, esta fuga de capitales está poniendo en riesgo algunos programas y la recontratación de maestros.
Hubo un integrante de la mesa directiva quien se atrevió a pensar en enviar a la garita local a los mismos directores, para revisar a los alumnos que viven en Mexicali.
Pero, ante el posible impacto negativo en las finanzas locales, optaron por dar marcha atrás.
Para repartir el dinero del pueblo en las aulas, el gobierno estatal aplica además una fórmula matemática en base a la asistencia diaria promedio del alumnado, que en este 2007 es de casi 12 mil dólares por estudiante al año.
De ahí que los distritos escolares hasta le pidan a la policía local o cuenten con personal dedicado a ir por los menores a sus casas cuando, sin justificación, se ausentan de los salones de clase.
Las autoridades educativas también reciben algunas subvenciones del gobierno federal, dependiendo del tipo de programa y de los resultados obtenidos.
Otra fuente de ingresos para sostener la educación pública es la lotería estatal.
Creada en noviembre de 1984, luego de que los votantes aprobaran la Proposición 37 y que a su vez diera pie al Acta de la Lotería Estatal, otorga este año mil millones de dólares, lo cual es mucho menos de lo que se esperaba.
La finalidad de crear la lotería era asignar dinero extra a las escuelas sin imponer nuevos impuestos.
Según la propuesta aceptada por los ciudadanos a mediados de los ochentas, el 34 por ciento de las ganancias de la lotería estatal debían destinarse a la educación pública, el 50 por ciento a premios y otros apoyos comunitarios, y solamente el 16 por ciento a gastos administrativos.
Pero un reporte de marzo de este 2007, dado a conocer por la organización Proyecto Presupuestal de California (CBP, por sus siglas en inglés), revela que el 80 por ciento de los fondos provenientes de la lotería se gastan en salarios y prestaciones de la burocracia magisterial.
Apenas 8 por ciento se va a libros y otros gastos escolares.
Vaya decepción.
Seguro don Eugenio Elorduy, quien durante seis años le hizo la lucha para crear su lotería estatal, desconocía estos datos.
Desde que asumió el poder buscó el apoyo del gobierno foxista para constituir esta lotería, que llevaba la misma finalidad de la californiana: asignar mayores recursos a la educación.
Con ello, pensaba, se podría terminar con las cuotas “voluntarias” que las asociaciones de padres aplican a los padres de familia para inscribir a sus hijos en las escuelas púbicas.
Pero en el boleto que Don Eugenio le compró al entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel, solamente pudo sacar un “Vuelva a Intentarlo”.
Poco a poco se dio cuenta de que la federación echó su propuesta al cesto de la basura.
Por eso, el gobierno estatal, que gasta casi 7 de cada 10 pesos que tiene en la educación pública (la mayoría en salarios), no pudo más y dejó las finanzas escolares en manos de los padres organizados y los directores de los planteles.
Frustrados, los padres de familia se ven en la disyuntiva de pagar las cuotas o dejar a sus hijos sin educación y sin documentos.
En el congreso del estado, los diputados llamaban a terminar con estas cuotas. Emitieron leyes sancionando los actos. Pero más fácil pudo ser el aplicar adecuaciones en el presupuesto estatal para redirigir el dinero del pueblo al sector educativo.
El tema se convirtió en tema de campaña.
Don Jorge Hank Rhon dijo que terminaría de tajo con estas cuotas. El ahora gobernador, José Guadalupe Osuna, no se quedó atrás.
En cuanto asumió el cargo dio a conocer el fin de esta práctica.
Pero el mensaje oficial no se entendió muy bien: por un lado, se prohiben las cuotas obligatorias, pero se permiten las que hayan aprobado los padres de familia y declaradas como voluntarias.
En ninguna escuela, las cuotas son obligatorias. Esto lo saben bien los padres de familia.
De ahí que todo parece indicar que la intención del nuevo gobierno es ajustar sin hacer cambios, ya que de alguna forma se deben obtener fondos para pagar por el agua potable, la papelería, la energía eléctrica, los gises, los borradores, entre otros muchos.
Quizá una buena opción sería enviar al camposanto a la Secretaría de Seguridad Pública, dado el hecho que sus resultados no han sido nada buenos y que la Policía Estatal Preventiva sirve exclusivamente para proteger funcionarios.
Esos más de mil millones de pesos bien podrían mejorar la situación de los planteles escolares del estado.
O bien, como lo hacen en California, el gobierno bajacaliforniano podría aplicar un impuesto estatal a la educación, cosa que se ve sumamente difícil, dada la poca transparencia en el manejo del dinero del pueblo y los gastos enormes que representa la burocracia, sin dejar de lado lo controversial de la medida.
Pero de algún lado deben salir los recursos para la educación pública, porque, como su servidor asegura, no es gratuita.
Es por esto que las escuelas privadas se dedican a hacer eventos contínuamente: verbenas, rifas, venta de chocolates, kermesses y demás, para hacerse de recursos y mantener las instalaciones.
Esto bien lo sabe el licenciado por Cetys Universidad, Oscar Vega Marín, quien cobra más de 100 mil pesos al mes como Secretario de Educación.
Y si no lo recuerda, tiene buena fuente para consultar: el Arquitecto Oscar Vega o la guanajuatense Gloria Marín, quienes participaron en estos eventos hace muchos años cuando su hijo pasó por las aulas de los institutos Villafontana y Valle de Mexicali.
Al estilo Osuna…
Siguiendo la filosofía blanquiazul de que las ‘lavadoras de dos patas’ deben permanecer en casa, el nuevo Secretario de Educación adoptó como suya la máxima de su patrón y sacó de la estructura de la dependencia a dos damas subsecretarias para colocar a los cercanos de Pepe Lupe. Por supuesto, el enroque fue por varones.
