El gobierno de George W. Bush pretende darle al de su homólogo, Felipe Calderón, algo así como mil 400 millones de dólares para combatir el crimen en territorio mexicano y evitar así que haya algún impacto en este lado de la frontera.
Los fondos serían otorgados al gobierno federal mexicano como parte de la Iniciativa Mérida, por la cual ambos gobiernos se comprometieron en otoño del 2007 para apoyarse mutuamente a fin de acabar con el tráfico de drogas, personas y armas entre México y Estados Unidos.
La cifra inicial, que está prácticamente atorada en el congreso, es de 500 millones de dólares.
El argumento oficial de la Casa Blanca es buscar nuevas estrategias para garantizar la salud y la seguridad de los residentes de la frontera. Por supuesto, habla de los estadounidenses.
Y es que en este 2008 hemos visto casos insólitos en la historia mexicana: un día, un grupo de delincuentes roba automóviles último modelo de una agencia de Monterrey. Al día siguiente, ocurre un incidente similar en Tijuana, ciudad donde además una balacera nocturna dejó no hace mucho tiempo cuerpos tirados en la vía pública.
Los homicidios son cosa de a diario entre las dos penínsulas.
Y ni qué decir de los secuestros, que son pan de cada día. Antes se escuchaba de lo ocurrido en Tijuana y este fenómeno se ha extendido a la capital de Baja California, sin que los afectados o posibles víctimas puedan hacer algo para evitarlo.
Según Washington, en México se van a gastar 2 mil 400 millones de dólares en programas para combatir a la delincuencia organizada, un aumento de 24 por ciento en comparación con el 2006.
Desafortunadamente, incrementar el gasto en seguridad no necesariamente ha significado una baja en la delincuencia: secuestros, tráfico, corrupción, asesinatos y asaltos violentos han estado a la orden del día desde que el panismo llegó al poder en México.
Tenemos un ejemplo muy cercano: en Baja California, el gobierno de Eugenio Elorduy creó la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal Preventiva, precisamente porque uno de los reclamos sociales más sentidos es el de la criminalidad.
El gobierno estatal gastó en 2004 un total de mil 292 millones de pesos en seguridad pública y procuración de justicia, equivalente a casi el 8 por ciento del presupuesto. Durante este 2008, el gobierno de Osuna Millán pretende gastarse mil 963 millones de pesos en ambos rubros.
Esto habla de un aumento de casi 52 por ciento en la seguridad de los bajacalifornianos.
Por otra parte, el índice de delitos denunciados ante la autoridad ha crecido.
Las estadísticas oficiales revelan que en los primeros tres meses de este año, en Baja California se cometieron 9.5 por ciento más delitos que en el mismo periodo del año anterior.
Pero en lo que se refiere a delitos de alto impacto como violaciones, secuestros, robos bancarios y homicidios, el incremento es de casi 61 por ciento.
O sea, mientras más dinero le meten a la seguridad, menos resultados se están presentando.
Y aquí viene lo criticable de la Iniciativa Mérida, pues todo apunta a que los millones de dólares que Washington quiere darle a México, sencillamente van a servir para echarlos al escusado, enriquecer autoridades o lanzar campañas publicitarias del gobierno federal donde se den a conocer estadísticas de decomisos y arrestos.
El asunto es que este dinero no lo recibe la Casa Blanca del cielo, sino que sale de los bolsillos del contribuyente, a través de los impuestos que cada semana cobra el Tío Sam.
Lo más desafortunado es que el gobierno federal estadounidense quedará como candil de la calle y oscuridad de su casa, debido a su negativa a escuchar las exigencias de los gobiernos municipales y estatales.
La Asociación de Condados Fronterizos presentaron un estudio recientemente, por el cual se dio a conocer que el Condado de Imperial gastó en 2006 un total de 5.5 millones de dólares en procesar a criminales indocumentados, recibiendo menos de la mitad como reembolso de la federación.
Entre todos los municipios fronterizos de los Estados Unidos, el gasto ascendió a 192 millones de dólares, mientras el reembolso federal fue de 4.7 millones de dólares (de una bolsa nacional que ascendió a 400 millones de dólares).
De 1999 a 2006, el costo para los 24 condados de la frontera llegó a mil 230 millones de dólares.
Esto a nivel de condados. Para las ciudades es incluso peor.
El asunto ha llegado a tal grado que el Departamento de Policía de Caléxico ha optado por no acudir a las llamadas de emergencia que se generan en las garitas, ya que el gobierno federal no le paga por los 800 mil dólares anuales que les cuesta procesar a los inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes penales y que son arrestados.
Es por ello que las autoridades municipales estadounidenses no han visto con muy buenos ojos esta Iniciativa Mérida, a pesar de todo lo hermoso que la Casa Blanca pudiera pintarla.
Los fondos serían otorgados al gobierno federal mexicano como parte de la Iniciativa Mérida, por la cual ambos gobiernos se comprometieron en otoño del 2007 para apoyarse mutuamente a fin de acabar con el tráfico de drogas, personas y armas entre México y Estados Unidos.
La cifra inicial, que está prácticamente atorada en el congreso, es de 500 millones de dólares.
El argumento oficial de la Casa Blanca es buscar nuevas estrategias para garantizar la salud y la seguridad de los residentes de la frontera. Por supuesto, habla de los estadounidenses.
Y es que en este 2008 hemos visto casos insólitos en la historia mexicana: un día, un grupo de delincuentes roba automóviles último modelo de una agencia de Monterrey. Al día siguiente, ocurre un incidente similar en Tijuana, ciudad donde además una balacera nocturna dejó no hace mucho tiempo cuerpos tirados en la vía pública.
Los homicidios son cosa de a diario entre las dos penínsulas.
Y ni qué decir de los secuestros, que son pan de cada día. Antes se escuchaba de lo ocurrido en Tijuana y este fenómeno se ha extendido a la capital de Baja California, sin que los afectados o posibles víctimas puedan hacer algo para evitarlo.
Según Washington, en México se van a gastar 2 mil 400 millones de dólares en programas para combatir a la delincuencia organizada, un aumento de 24 por ciento en comparación con el 2006.
Desafortunadamente, incrementar el gasto en seguridad no necesariamente ha significado una baja en la delincuencia: secuestros, tráfico, corrupción, asesinatos y asaltos violentos han estado a la orden del día desde que el panismo llegó al poder en México.
Tenemos un ejemplo muy cercano: en Baja California, el gobierno de Eugenio Elorduy creó la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal Preventiva, precisamente porque uno de los reclamos sociales más sentidos es el de la criminalidad.
El gobierno estatal gastó en 2004 un total de mil 292 millones de pesos en seguridad pública y procuración de justicia, equivalente a casi el 8 por ciento del presupuesto. Durante este 2008, el gobierno de Osuna Millán pretende gastarse mil 963 millones de pesos en ambos rubros.
Esto habla de un aumento de casi 52 por ciento en la seguridad de los bajacalifornianos.
Por otra parte, el índice de delitos denunciados ante la autoridad ha crecido.
Las estadísticas oficiales revelan que en los primeros tres meses de este año, en Baja California se cometieron 9.5 por ciento más delitos que en el mismo periodo del año anterior.
Pero en lo que se refiere a delitos de alto impacto como violaciones, secuestros, robos bancarios y homicidios, el incremento es de casi 61 por ciento.
O sea, mientras más dinero le meten a la seguridad, menos resultados se están presentando.
Y aquí viene lo criticable de la Iniciativa Mérida, pues todo apunta a que los millones de dólares que Washington quiere darle a México, sencillamente van a servir para echarlos al escusado, enriquecer autoridades o lanzar campañas publicitarias del gobierno federal donde se den a conocer estadísticas de decomisos y arrestos.
El asunto es que este dinero no lo recibe la Casa Blanca del cielo, sino que sale de los bolsillos del contribuyente, a través de los impuestos que cada semana cobra el Tío Sam.
Lo más desafortunado es que el gobierno federal estadounidense quedará como candil de la calle y oscuridad de su casa, debido a su negativa a escuchar las exigencias de los gobiernos municipales y estatales.
La Asociación de Condados Fronterizos presentaron un estudio recientemente, por el cual se dio a conocer que el Condado de Imperial gastó en 2006 un total de 5.5 millones de dólares en procesar a criminales indocumentados, recibiendo menos de la mitad como reembolso de la federación.
Entre todos los municipios fronterizos de los Estados Unidos, el gasto ascendió a 192 millones de dólares, mientras el reembolso federal fue de 4.7 millones de dólares (de una bolsa nacional que ascendió a 400 millones de dólares).
De 1999 a 2006, el costo para los 24 condados de la frontera llegó a mil 230 millones de dólares.
Esto a nivel de condados. Para las ciudades es incluso peor.
El asunto ha llegado a tal grado que el Departamento de Policía de Caléxico ha optado por no acudir a las llamadas de emergencia que se generan en las garitas, ya que el gobierno federal no le paga por los 800 mil dólares anuales que les cuesta procesar a los inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes penales y que son arrestados.
Es por ello que las autoridades municipales estadounidenses no han visto con muy buenos ojos esta Iniciativa Mérida, a pesar de todo lo hermoso que la Casa Blanca pudiera pintarla.
