Desde su nacimiento, hace poco más de 46 años, la carrera del actual Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, se veía ascendente.
Hijo del juez y Senador, Salvador Acevedo, el actual mandatario boricua tuvo la fortuna de inscribirse en las mejores escuelas del Estado Libre Asociado y de los Estados Unidos.
Obtuvo con honores una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Puerto Rico a los 20 años. Tres años después logró un Doctorado en Derecho, también con honores, por la Escuela de Derecho del Estado, donde destacó como Editor en Jefe de la Revista Jurídica.
Para 1987, se convirtió en Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard.
Con tales credenciales, Acevedo Vilá escaló rápidamente de la consejería jurídica en el Poder Judicial puertorriqueño hasta ser asesor del entonces mandatario, Rafael Hernández Colón, quien le encomendó las importantes reformas educativa y municipal.
Del Ejecutivo, como es costumbre de los políticos, saltó al Legislativo, para seguir escalando posiciones. Primero se convirtió en Representante por Acumulación (algo así como la Representación Proporcional) en 1992. Cuatro años después resultó reelecto, para ser portavoz de la minoría, el Partido Popular Democrático (PPD, muy cercano al Partido Demócrata), el cual dirigió a los 35 años de edad.
Al iniciar el milenio, Acevedo Vilá fue electo Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, una especie de Congresista federal en la Cámara Baja de Estados Unidos.
De ahí, brincó a la Gubernatura del Estado en las elecciones del 2 de noviembre del 2004.
Su gabinete, de acuerdo a su biografía oficial, se formó con miembros de distintas ideologías políticas.
Las prioridades de su primer periodo de gobierno fueron economía, seguridad y educación.
A pesar de sus buenas intenciones por mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, Acevedo Vilá ha sufrido al menos dos tropiezos.
En marzo pasado, el Departamento de Justicia le presentó 27 cargos de crímenes electorales, declaraciones falsas, fraude federal, crímenes fiscales y conspiración junto a otras 12 personas para financiar ilegalmente las campañas a la gubernatura del 2000 y del 2004, así como la de Comisionado Residente del 2002.
Las autoridades federales señalaron que varios empresarios financiaron ilegalmente las campañas con unos 7 millones de dólares, los cuales no declararon oportunamente.
El mandatario puertorriqueño logró salir del atoyadero.
Pero apenas hace unos días, la Procuraduría General de los Estados Unidos volvió a la carga.
El mandatario y dos de sus cercanos colaboradores en la campaña política fueron acusados por fraude y lavado de dinero.
De acuerdo a las nuevas acusaciones contra el gobernador, Acevedo Vilá presuntamente conspiró junto a Luisa Inclán Bird, su asesora legal, y Miguel Nazario Franco, ex director de finanzas de la campaña, para recibir unos 250 mil dólares a través de un empresario boricua, identificado como ‘Colaborador 18’ para mantener las actividades políticas del aspirante a la gubernatura antes, durante y después de las elecciones.
Las transacciones fueron transferidas de manera ilegal a través del ‘Colaborador 18’, utilizando una empresa de medios de comunicación, la cual cobró por varios servicios que en realidad nunca prestó.
De ser hallado culpable, Acevedo Vilá enfrentará una pena de 40 años de prisión y multas por hasta 750 mil dólares.
A cargo de la indagatoria está la Asistente Primera de la Procuraduría de los Estados Unidos en el Estado, María Domínguez, y otros funcionarios de la fiscalía federal, de la Contraloría de Puerto Rico y de agencias como el FBI y el Servicio de Recaudación Interna.
Por supuesto, la respuesta del mandatario no se hizo esperar.
Acevedo Vilá dijo que la indagatoria está “políticamente motivada”.
El mandatario no lo dijo, pero el caso viene a once semanas de que los puertorriqueños acudan a las urnas para elegir un nuevo rumbo o confirmar al actual gobierno.
El gobernador negó haber cometido acto ilegal alguno, haber aceptado donativos a cambio de contratos de gobierno o usar fondos públicos inadecuadamente.
“Seguiré trabajando para el pueblo de Puerto Rico, escuchándolo y haciendo lo correcto por mi país”, agregó.
Thomas Green, abogado del gobernador, añadió que las primeras acusaciones presentaban muchos defectos legales, lo que permitió que las mismas fueran desechadas por las autoridades.
“Me sorprende que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que previamente prometió no inmiscuirse en asuntos políticos, esté determinado en este tipo de tácticas injustas en Puerto Rico”, sostuvo el abogado, al expresar que buscarán evitar que el gobierno Republicano de George W. Bush se salga con la suya.
Aunque no con las mismas bases, la coincidencia con el caso del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es harto amplia.
Las acusaciones contra el Presidente Legítimo fueron distintas, pero la finalidad era igual: tumbarlo del poder.
En el caso de Acevedo Vilá, el fin de la historia todavía no se escribe.
Pero, como dice la fiscalía, en caso de resultar culpable, seguramente veremos al mandatario con el característico uniforme naranja y detrás de las rejas, como igual quisiéramos ver a varios gobernadores mexicanos por asuntos mucho más turbios.
Renuncia…
La semana pasada, el padre del adolescente secuestrado y asesinado, Fernando Martí, les pidió a los actores reunidos en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que renuncien en caso de no poder con la encomienda de sus cargos.
María Elena Morera, Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, les dio el plazo: cien días.
¿Tendrán pensado gobernadores como José Guadalupe Osuna o Eduardo Bours, entre otros, renunciar a sus cargos para el 29 de noviembre?
Hijo del juez y Senador, Salvador Acevedo, el actual mandatario boricua tuvo la fortuna de inscribirse en las mejores escuelas del Estado Libre Asociado y de los Estados Unidos.
Obtuvo con honores una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Puerto Rico a los 20 años. Tres años después logró un Doctorado en Derecho, también con honores, por la Escuela de Derecho del Estado, donde destacó como Editor en Jefe de la Revista Jurídica.
Para 1987, se convirtió en Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard.
Con tales credenciales, Acevedo Vilá escaló rápidamente de la consejería jurídica en el Poder Judicial puertorriqueño hasta ser asesor del entonces mandatario, Rafael Hernández Colón, quien le encomendó las importantes reformas educativa y municipal.
Del Ejecutivo, como es costumbre de los políticos, saltó al Legislativo, para seguir escalando posiciones. Primero se convirtió en Representante por Acumulación (algo así como la Representación Proporcional) en 1992. Cuatro años después resultó reelecto, para ser portavoz de la minoría, el Partido Popular Democrático (PPD, muy cercano al Partido Demócrata), el cual dirigió a los 35 años de edad.
Al iniciar el milenio, Acevedo Vilá fue electo Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, una especie de Congresista federal en la Cámara Baja de Estados Unidos.
De ahí, brincó a la Gubernatura del Estado en las elecciones del 2 de noviembre del 2004.
Su gabinete, de acuerdo a su biografía oficial, se formó con miembros de distintas ideologías políticas.
Las prioridades de su primer periodo de gobierno fueron economía, seguridad y educación.
A pesar de sus buenas intenciones por mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, Acevedo Vilá ha sufrido al menos dos tropiezos.
En marzo pasado, el Departamento de Justicia le presentó 27 cargos de crímenes electorales, declaraciones falsas, fraude federal, crímenes fiscales y conspiración junto a otras 12 personas para financiar ilegalmente las campañas a la gubernatura del 2000 y del 2004, así como la de Comisionado Residente del 2002.
Las autoridades federales señalaron que varios empresarios financiaron ilegalmente las campañas con unos 7 millones de dólares, los cuales no declararon oportunamente.
El mandatario puertorriqueño logró salir del atoyadero.
Pero apenas hace unos días, la Procuraduría General de los Estados Unidos volvió a la carga.
El mandatario y dos de sus cercanos colaboradores en la campaña política fueron acusados por fraude y lavado de dinero.
De acuerdo a las nuevas acusaciones contra el gobernador, Acevedo Vilá presuntamente conspiró junto a Luisa Inclán Bird, su asesora legal, y Miguel Nazario Franco, ex director de finanzas de la campaña, para recibir unos 250 mil dólares a través de un empresario boricua, identificado como ‘Colaborador 18’ para mantener las actividades políticas del aspirante a la gubernatura antes, durante y después de las elecciones.
Las transacciones fueron transferidas de manera ilegal a través del ‘Colaborador 18’, utilizando una empresa de medios de comunicación, la cual cobró por varios servicios que en realidad nunca prestó.
De ser hallado culpable, Acevedo Vilá enfrentará una pena de 40 años de prisión y multas por hasta 750 mil dólares.
A cargo de la indagatoria está la Asistente Primera de la Procuraduría de los Estados Unidos en el Estado, María Domínguez, y otros funcionarios de la fiscalía federal, de la Contraloría de Puerto Rico y de agencias como el FBI y el Servicio de Recaudación Interna.
Por supuesto, la respuesta del mandatario no se hizo esperar.
Acevedo Vilá dijo que la indagatoria está “políticamente motivada”.
El mandatario no lo dijo, pero el caso viene a once semanas de que los puertorriqueños acudan a las urnas para elegir un nuevo rumbo o confirmar al actual gobierno.
El gobernador negó haber cometido acto ilegal alguno, haber aceptado donativos a cambio de contratos de gobierno o usar fondos públicos inadecuadamente.
“Seguiré trabajando para el pueblo de Puerto Rico, escuchándolo y haciendo lo correcto por mi país”, agregó.
Thomas Green, abogado del gobernador, añadió que las primeras acusaciones presentaban muchos defectos legales, lo que permitió que las mismas fueran desechadas por las autoridades.
“Me sorprende que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que previamente prometió no inmiscuirse en asuntos políticos, esté determinado en este tipo de tácticas injustas en Puerto Rico”, sostuvo el abogado, al expresar que buscarán evitar que el gobierno Republicano de George W. Bush se salga con la suya.
Aunque no con las mismas bases, la coincidencia con el caso del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es harto amplia.
Las acusaciones contra el Presidente Legítimo fueron distintas, pero la finalidad era igual: tumbarlo del poder.
En el caso de Acevedo Vilá, el fin de la historia todavía no se escribe.
Pero, como dice la fiscalía, en caso de resultar culpable, seguramente veremos al mandatario con el característico uniforme naranja y detrás de las rejas, como igual quisiéramos ver a varios gobernadores mexicanos por asuntos mucho más turbios.
Renuncia…
La semana pasada, el padre del adolescente secuestrado y asesinado, Fernando Martí, les pidió a los actores reunidos en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que renuncien en caso de no poder con la encomienda de sus cargos.
María Elena Morera, Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, les dio el plazo: cien días.
¿Tendrán pensado gobernadores como José Guadalupe Osuna o Eduardo Bours, entre otros, renunciar a sus cargos para el 29 de noviembre?
