En 2007, los diputados locales aprobaron una ley que, en teoría, mantendrá al gobierno estatal, a los ayuntamientos y a las entidades paraestatales como responsables de cualquier error que cometan en el futuro.
Se suponía que la llamada Ley de Responsabilidad entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2009.
Esta ley, promulgada en octubre del 2007 por el entonces Gobernador, Eugenio Elorduy, fue adoptada poco antes por el Congreso local a iniciativa del diputado panista, Raúl López Moreno.
La medida obligará a los diferentes órdenes de gobierno en el estado a enfrentar su responsabilidad en caso de que, por ejemplo, los médicos practiquen malas cirugías en hospitales públicos, hagan diagnósticos erróneos que causen problemas en la salud de la población, o bien que las obras realizadas por cualquier entidad provoquen accidentes.
Hay muchísimas otras acciones que afecten al usuario bajacaliforniano cubierto por la ley.
Este ordenamiento exige al gobierno a presentar los estándares de calidad en el servicio, reglamentos internos para el manejo de los casos que la población presente, asignar a un responsable y crear una partida especial para el pago de las indemnizaciones.
Pero fue precisamente esta última parte que les falló a los caros diptuados locales.
Según el legislador panista, Enrique Méndez Juárez, la actual crisis económica va a afectar las finanzas del gobierno estatal y los municipales.
Por ello, el diputado consideró que “difícilmente” nuestro ‘pobre gobierno’ va a poder cumplir con los pagos de indemnizaciones, ya que éstos afectarían los objetivos y los programas aprobados en el presupuesto.
Se le olvida al legislador que fueron ellos mismos quienes autorizaron al Ejecutivo y a los cinco ayuntamientos sus ingresos y sus gastos.
Sin embargo, entre la fecha en que el Secretario de Planeación, Manuel Aguilar, presentó el proyecto de egresos y la que se aprobó en la Cámara de Diputados apenas pasaron nueve días.
Dudo muchísimo que los diputados hayan razonado adecuadamente el voto o que hayan revisado a fondo los proyectos de ley.
Eso sí, tal y como se los demandaron el Ejecutivo y los Alcaldes, permitieron alzas en el impuesto predial, las tarifas de agua y otros derechos.
De hecho, a pesar de la crisis mencionada por Méndez Juárez, el presupuesto aumentará un 7 por ciento, en comparación con el año que apenas termina.
El legislador, en su justificación, tácitamente admite que son demasiados los errores que comete la burocracia, en perjuicio de la población, por lo cual serían sumamente altas las compensaciones pagadas por el gobierno.
Méndez Juárez dijo esperar que la situación económica mejore en los próximos dos años y, para entonces, permitir la entrada en vigor de la ley a partir del primer día del 2011, cuando esté en operaciones la XX Legislatura y los siguientes alcaldes.
Lo más bizarro del asunto es que la demora en la aplicación de la Ley de Responsabilidad se autorizó después de aprobado el presupuesto.
O sea, los diputados tuvieron tiempo para asignar las partidas especiales. Pero no, optaron por el retraso.
Detrás existen dos motivos posibles: quizá a los legisladores y a su manada de asesores se les olvidó asignar las partidas para las compensaciones, o de plano les salió más barato salirse por la tangente legaloide que enfrentar la responsabilidad a la que la misma ley les obliga.
El alzheimer político los llevó a dejar en el olvido aquella hermosa promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanan.
En California…
Desde 1965, existe dentro del organigrama del Ejecutivo el Programa de Reclamaciones Gubernamentales, que además de compensar y analizar los casos de perjuicios por errores cometidos por la burocracia, otorga apoyo a las víctimas de crímenes diversos.
Este programa es coordinado por un panel de tres integrantes (dos funcionarios y un representante público), establecido dentro de la Agencia de Servicios Estatales y del Consumidor.
Los quejosos tienen seis meses para presentar una queja ante la autoridad correspondiente, aunque en algunos casos se puede hacer de manera extemporánea.
Por este trámite se cobra 25 dólares, pero puede haber exenciones por diversos motivos.
Hace unos meses presentaron su Plan Estratégico 2008-2012, en el cual se plasma que la intención de la autoridad es reducir el tiempo de procesamiento de solicitudes, mejorar la satisfacción del cliente y empleados, contar con más visibilidad comunitaria e incrementar la eficiencia, todo en un 10 por ciento.
Actualmente, el tiempo de procesamiento de solicitudes es de 58 días.
Entre julio y septiembre de este año, fueron recibidas casi 15 mil solicitudes, de las cuales 11 mil 600 resultaron aprobadas.
Por estas reclamaciones se pagaron más de 18 millones de dólares del presupuesto a los afectados, un promedio de mil 500 dólares por solicitud aprobada.
Para ver estos mismos datos del lado bajacaliforniano, tendremos que esperar a que “mejore la situación económica”, aunque yo diría más bien que habremos de esperar un milagro para que el gobierno sea de verdad responsable y cumpla con lo que la ley establece.
Cientos de ciudadanos añoran que así sea.
Se suponía que la llamada Ley de Responsabilidad entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2009.
Esta ley, promulgada en octubre del 2007 por el entonces Gobernador, Eugenio Elorduy, fue adoptada poco antes por el Congreso local a iniciativa del diputado panista, Raúl López Moreno.
La medida obligará a los diferentes órdenes de gobierno en el estado a enfrentar su responsabilidad en caso de que, por ejemplo, los médicos practiquen malas cirugías en hospitales públicos, hagan diagnósticos erróneos que causen problemas en la salud de la población, o bien que las obras realizadas por cualquier entidad provoquen accidentes.
Hay muchísimas otras acciones que afecten al usuario bajacaliforniano cubierto por la ley.
Este ordenamiento exige al gobierno a presentar los estándares de calidad en el servicio, reglamentos internos para el manejo de los casos que la población presente, asignar a un responsable y crear una partida especial para el pago de las indemnizaciones.
Pero fue precisamente esta última parte que les falló a los caros diptuados locales.
Según el legislador panista, Enrique Méndez Juárez, la actual crisis económica va a afectar las finanzas del gobierno estatal y los municipales.
Por ello, el diputado consideró que “difícilmente” nuestro ‘pobre gobierno’ va a poder cumplir con los pagos de indemnizaciones, ya que éstos afectarían los objetivos y los programas aprobados en el presupuesto.
Se le olvida al legislador que fueron ellos mismos quienes autorizaron al Ejecutivo y a los cinco ayuntamientos sus ingresos y sus gastos.
Sin embargo, entre la fecha en que el Secretario de Planeación, Manuel Aguilar, presentó el proyecto de egresos y la que se aprobó en la Cámara de Diputados apenas pasaron nueve días.
Dudo muchísimo que los diputados hayan razonado adecuadamente el voto o que hayan revisado a fondo los proyectos de ley.
Eso sí, tal y como se los demandaron el Ejecutivo y los Alcaldes, permitieron alzas en el impuesto predial, las tarifas de agua y otros derechos.
De hecho, a pesar de la crisis mencionada por Méndez Juárez, el presupuesto aumentará un 7 por ciento, en comparación con el año que apenas termina.
El legislador, en su justificación, tácitamente admite que son demasiados los errores que comete la burocracia, en perjuicio de la población, por lo cual serían sumamente altas las compensaciones pagadas por el gobierno.
Méndez Juárez dijo esperar que la situación económica mejore en los próximos dos años y, para entonces, permitir la entrada en vigor de la ley a partir del primer día del 2011, cuando esté en operaciones la XX Legislatura y los siguientes alcaldes.
Lo más bizarro del asunto es que la demora en la aplicación de la Ley de Responsabilidad se autorizó después de aprobado el presupuesto.
O sea, los diputados tuvieron tiempo para asignar las partidas especiales. Pero no, optaron por el retraso.
Detrás existen dos motivos posibles: quizá a los legisladores y a su manada de asesores se les olvidó asignar las partidas para las compensaciones, o de plano les salió más barato salirse por la tangente legaloide que enfrentar la responsabilidad a la que la misma ley les obliga.
El alzheimer político los llevó a dejar en el olvido aquella hermosa promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanan.
En California…
Desde 1965, existe dentro del organigrama del Ejecutivo el Programa de Reclamaciones Gubernamentales, que además de compensar y analizar los casos de perjuicios por errores cometidos por la burocracia, otorga apoyo a las víctimas de crímenes diversos.
Este programa es coordinado por un panel de tres integrantes (dos funcionarios y un representante público), establecido dentro de la Agencia de Servicios Estatales y del Consumidor.
Los quejosos tienen seis meses para presentar una queja ante la autoridad correspondiente, aunque en algunos casos se puede hacer de manera extemporánea.
Por este trámite se cobra 25 dólares, pero puede haber exenciones por diversos motivos.
Hace unos meses presentaron su Plan Estratégico 2008-2012, en el cual se plasma que la intención de la autoridad es reducir el tiempo de procesamiento de solicitudes, mejorar la satisfacción del cliente y empleados, contar con más visibilidad comunitaria e incrementar la eficiencia, todo en un 10 por ciento.
Actualmente, el tiempo de procesamiento de solicitudes es de 58 días.
Entre julio y septiembre de este año, fueron recibidas casi 15 mil solicitudes, de las cuales 11 mil 600 resultaron aprobadas.
Por estas reclamaciones se pagaron más de 18 millones de dólares del presupuesto a los afectados, un promedio de mil 500 dólares por solicitud aprobada.
Para ver estos mismos datos del lado bajacaliforniano, tendremos que esperar a que “mejore la situación económica”, aunque yo diría más bien que habremos de esperar un milagro para que el gobierno sea de verdad responsable y cumpla con lo que la ley establece.
Cientos de ciudadanos añoran que así sea.
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