El Socio

Hace unos días, José Guadalupe Osuna Millán, quien cobra como Gobernador de Baja California, emprendió una pequeña gira por la Capital del Estado de California.
Oficialmente se dijo que en la visita se incluyó la firma de un acuerdo con Arnold Schwarzenegger, así como encuentros con varios legisladores y con el Alcalde de Sacramento, Kevin Johnson (quien ni siquiera se tomó la molestia de emitir un comunicado al respecto).
El bajacaliforniano también acudió ante los integrantes de la Cámara de Comercio del Estado, compuesta lo mismo por comerciantes que por industriales o inversionistas. Desconozco si fue invitado o se intercaló el monólogo oficialista entre los empresarios a petición del gobierno.
Osuna Millán inició su discurso en un mal inglés, aunque posteriormente solicitó el apoyo de una traductora.
En unos minutos, y con la ayuda de gráficas y textos, el gobernador dio cátedra de geografía bajacaliforniana.
Como era de esperarse, destacó los avances y proyectos a futuro del gobierno: infraestructura, educación, inversiones, comercio y desempleo.
Todo a grandes rasgos porque, según justificó, la agenda era apretada.
Asimismo, el gobernador aceptó la caída de la actividad comercial y del producto interno bruto.
Pero dos temas sumamente importantes para la actividad económica destacan entre las palabras expuestas ante los empresarios del estado: inseguridad e impuestos.
El ex Alcalde de Tijuana aseguró que en el estado en el cual labora se cometen 15 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Es tercero a nivel nacional en la materia.
Luego, basado en cifras del FBI, mencionó que en la Ciudad de Detroit, Michigan, se cometen 136 homicidios por cada 100 mil residentes; en Nueva Orleans, Louisiana, 94 y en Dallas, Texas, 86.
Osuna Millán admitió que la inseguridad ha limitado el crecimiento del estado.
Lo que omitió expresar es que, de acuerdo a no pocos analistas, la incidencia delictiva está muy por debajo de la realidad. La enorme mayoría de los crímenes no se denuncian y menos se castigan por causa de la burocracia o la corrupción.
Tampoco refirió que los delitos que más afectan a los empresarios son los robos violentos a comercios, los secuestros, los asaltos bancarios y los robos a casa-habitación.
Mucho menos señaló que el INEGI, en quien basó las cifras sobre la delincuencia mexicana, es un organismo encabezado por un panista que solamente recopila estimaciones y no uno que recoge las estadísticas de manera uniforme y en base a leyes muy rígidas como lo hace el FBI.
En torno al tema de impuestos, éste fue apenas mencionado.
Osuna Millán sólo mencionó que la Cámara de Diputados acababa de aprobar la Ley de Ingresos, que incluye un aumento del ‘Sales Tax’ o Impuesto a las Ventas (equivalente americano del IVA), de 1 por ciento.
Aunque parezca increíble, fue todo lo que se contó respecto a la ‘Deforma Fiscal’ autorizada con la venia del PRI, el PAN, Nueva Alianza y el PRD.
Nada habló respecto a que el ‘Sales Tax’ subió a 16 por ciento, el doble de lo que se cobra en California.
Ocultó que, en caso de invertir en México, los empresarios deberán pagar 34 dólares por cada mil 153 que depositen en el banco, ni que un 30 por ciento de las ganancias que obtengan se irán a la Secretaría de Hacienda, vía Impuesto Sobre la Renta.
Osuna Millán, como buen panista, defiende las políticas de ‘Lipe’ Calderón, y su propuesta de aumento de impuestos, en aras de mantener el gasto público sin afectar el combate a la pobreza y al narcotráfico que, a pesar de las buenas intenciones del oficialismo, siguen ganando sus respectivas batallas.
A excepción de la protección a la tranquilidad personal, los integrantes de la Cámara de Comercio y el Partido Republicano, al cual pertenece la mayoría de empresarios, éstos se oponen rotundamente a este tipo de medidas.
Durante la reciente discusión del paquete fiscal californiano, los conservadores lograron sacar avante la ley respectiva para balancear unas finanzas que presentaban 26 mil millones de dólares en déficit (unas 12 veces el presupuesto estatal de Baja California).
La solución no fue aumentar las tasas impositivas ni cerrar los resquicios legales que evitan a las grandes empresas pagar lo que les corresponde, algo así como 50 mil millones de dólares.
Todo se centró en el recorte a los gastos de salud, educación, servicios sociales y beneficencia pública, enmedio de la peor crisis económica que, a su paso, ha dejado más pobreza y desocupación en el Estado Dorado.
Como quien dice, los californianos hicieron todo lo contrario a la propuesta del conservadurismo mexicano.
Claro está, el gabinete, integrado en su mayoría por Demócratas, no tardó en criticar el acuerdo fiscal al que llegaron la Legislatura Estatal y el Gobernador Schwarzenegger.
A fin de evitar nuevamente los vaivenes en las finanzas del estado, los principales actores políticos de California pactaron crear una comisión bipartidista, que bautizaron como la de La Economía del Siglo 21.
Recientemente, dicho organismo emitió sus conclusiones en materia de reforma fiscal: eliminar el Impuesto a las Ventas (IVA en México) y el de las Corporaciones (Consolidación Fiscal), así como la reducción del de los Ingresos (una mezcla del ISPT e ISR).
A cambio, se ideó pugnar por un impuesto a los ingresos netos de las empresas.
Los miembros de la Cámara de Comercio, entre otros, pegaron el grito en el cielo.
Igual habrían hecho si Osuna Millán les hubiera hablado claramente sobre lo que acontece al otro lado del cerco fronterizo.
Entiendo que la intención de Osuna es promover al estado, con la finalidad de atraer inversiones y crear empleos, sumamente necesarios en la actualidad.
Pero como queda claramente establecido, el “Socio” -como se hizo llamar el mandatario bajacaliforniano-, se negó a hablar el mismo idioma de los empresarios (y no me refiero precisamente al inglés), traicionando en cierto sentido a los hombres del dinero en la séptima economía mundial.