La reforma fiscal

A finales de octubre del año pasado, el Gobernador de California, el Republicano Arnold Schwarzenegger, y los líderes legislativos del estado, presentaron un magno proyecto por el cual, argumentaron, se iba a reformar el sistema fiscal para que todo mundo pague su parte justa de impuestos.
Un día antes del Halloween del 2008, las brujas y los magos actuaron para darle a los californianos una esperanza de mejorar la situación crítica de las finanzas estatales, con la creación por Orden Ejecutiva de la Comisión para la Economía del Siglo 21.
La buena intención de las partes fue analizar y proponer, de manera independiente y bipartidista, mejoras a la forma en que se recaudan impuestos en el estado dorado.
El sistema actual se diseñó originalmente hace casi ocho décadas, cuando recién empezaba la crisis más profunda que el país y el mundo han registrado.
Según el pacto firmado entre el Republicano y los Demócratas, el gobernador nombraría seis integrantes de este grupo, mientras los líderes de la Asamblea y el Senado designarían tres cada uno.
En este caso, como en muchos otros de California, las matemáticas no salieron, pues la suma de 6 y 6 dio en realidad 14, que fue la composición final de esta comisión.
Schwarzenegger designó como Presidente del grupo a Gerald Parsky, presidente de un grupo de inversionistas y ex Subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales y Mercados Capitales en la década de los setentas.
Otro de sus ‘dedazos’ fue Rubén Barrales, Presidente de la Cámara de Comercio Regional de San Diego y quien fuera enlace estatal del gobierno de George W. Bush hasta 2006.
Por su parte, los Demócratas asignaron un lugar en el Comité a dos latinos: el inversionista Edward De la Rosa y a la Presidenta del Diario La Opinión, Mónica Lozano.
Luego de convocar a 10 audiencias, en las que participaron expertos en finanzas durante unas 100 horas de trabajo, el grupo emitió su reporte final esta semana.
La Comisión decidió proponer una serie de medidas para evitar el déficit y las crisis fiscales que han sido una costumbre política de cada año, cuando debe quedar listo el plan de gastos e ingresos de California.
Entre las propuestas destaca la desaparición del impuesto a las ventas y a las corporaciones, reducir el aplicado a los ingresos personales, crear un nuevo impuesto empresarial de hasta el 4 por ciento a los recibos netos de los negocios, crear un foro de disputa fiscal independiente y aumentar el fondo de reserva del 5 al 12 por ciento.
El plan deberá tener un período de transición de 5 años a partir del 2012, con el fin de garantizar que el cambio no afecte al sector privado.
Los técnicos hablaron y señalaron que esta es la forma de resolver los problemas fiscales de California, y devolver al tren estatal a las vías de la prosperidad.
Tanto la prensa estatal y la nacional, así como el ‘establishment’ político –entre los que resalta el ex Gobernador Gray Davis y la Senadora Federal Dianne Feinstein-, aplaudieron el proyecto e instaron a los legisladores a ponerlo en marcha lo antes posible, al señalar con ansiedad la sencillez, estabilidad y justicia del proyecto.
Y más vale que los legisladores estatales hagan caso de esto último, ya que las finanzas del estado parecen ir en camino al déficit de nueva cuenta.
La Contraloría del Estado dio a conocer que en agosto, los ingresos estatales se ubicaron 237 millones por debajo de lo estipulado en el presupuesto.
Los impuestos al ingreso fueron 8.9 por ciento menos del plan oficial, mientras el de las ventas estuvo 5.5 por ciento en números negativos. La primer caída la provocó el desempleo y la segunda la reducción en las adquisiciones por parte del consumidor.
De hecho, California arrancó en julio su año fiscal con un déficit de casi 12 mil millones de dólares.
Muy pronto reaccionaron también los políticos al plan presentado por la Comisión del Siglo 21.
Desde la Legislatura, sus líderes se comprometieron solamente a convocar a audiencias en los Comités de Ingresos e Impuestos para analizar las propuestas; claro, además de hacerse ver políticamente correctos al agradecer el “arduo trabajo” de los comisionados.
El Vicepresidente del Senado, Darrell Steinberg –quien no fue de los creadores de esta comisión-, pidió comparar los sistemas fiscales de todo el orbe para ver si existen alternativas al plan, que, desde su punto de vista, debe contener suficientes herramientas para mantener el altísimo gasto social y burocrático del estado.
Entre las filas más conservadoras del Partido Republicano ya se alzaron algunas voces en contra, como la del Senador George Runner, quien aseguró que, de poner en marcha las sugerencias, el estado será menos competitivo, afectando el empleo y evaporando el espíritu empresarial en California.
El mismo legislador envió esta semana una columna a la prensa estatal, en la que señaló el alto costo que representa el sistema fiscal actual para las pequeñas empresas.
El Senador citó en su escrito un estudio hecho por dos Profesores de la Universidad Estatal de California en Sacramento, titulado ‘El Costo de las Regulaciones Estatales en las Pequeñas Empresas de California’.
Según los resultados, a cada panadería, restaurant o papelería de pequeña escala, cumplir con los reglamentos en la entidad les costó 123 mil 122 dólares hace un par de años.
El monto total asciende a 492 mil 994 millones de dólares, equivalente a casi cinco veces el Fondo General del estado –que paga los salarios de la burocracia- o casi una tercera parte del Producto Interno Bruto de California.
La cifra representa además una pérdida de 3 millones 800 mil empleos.
Para ponerlo en perspectiva, de acuerdo a cifras oficiales hasta agosto pasado había en California 2 millones 248 mil personas desempleadas, de los cuales la mitad ha perdido su plaza desde que oficialmente dio inicio la recesión.
El estudio recuerda que el 99.2 por ciento de las empresas privadas en el estado son pequeñas, convirtiéndose en la “sangre vital de la economía”.
A finales de agosto, la Cámara de Comercio de California envió una carta a la comisión sobre sus proyectos, que firmaron también otros 33 grupos y asociaciones empresariales.
En la misiva, los críticos del plan mostraron su casi total rechazo al paquete de medidas, ya que representan un aumento de impuestos real para todos los contribuyentes en varios miles de millones de dólares.
Respecto al Impuesto a los Recibos Netos (BNRT por sus siglas en inglés), los empresarios di-jeron que éste no debe aplicarse, hasta que se garantice el evitar un impacto negativo.
Entre la población en general, la idea de reformar el sistema recaudatorio es casi generalizada: cuatro de cada cinco ciudadanos encuestados por el Instituto de Políticas Públicas de California aseguró que éste debe ser transformado.
El mismo sondeo reveló que tres de cada cinco está seriamente preocupado por los recortes al presupuesto estatal, adoptado hace varios meses.
De igual forma cunde por doquier la desesperanza: la encuesta del PPIC indica que el 67 por ciento de la población espera que la economía siga mal durante los siguientes 12 meses.
Tanto el Gobernador como la Legislatura presentan índices de aprobación cercanos a su más bajo histórico, mientras la desaprobación está cerca de su punto más alto.
Este es el ambiente que se respira en la supuesta quinta economía del mundo.
¿Le parece repetida la historia?
Pues casi igual, sólo que con distintos actores, se vive la reforma fiscal del otro lado del cerco fronterizo, específicamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, donde se discute (o mejor dicho, se critica) la miscelánea fiscal que a capa y espada defienden los panistas de Felipe Calderón y su Secretario de Hacienda.
Allá tal como en California, se repite además aquélla frase célebre, de las pocas que se le pueden remembrar a Vicente Fox, de que “el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”.
Ya veremos qué nos deja el Halloween 2009.