Corrupción americana

Durante 18 meses, la Procuraduría del Condado de Riverside investigó a cuatro integrantes del Concejo Municipal de San Jacinto.
En ese tiempo, se ejecutaron un total de 32 órdenes de cateo en las residencias de los funcionarios públicos.
Apenas hace unos días, la fiscalía dio a conocer la presentación de 56 cargos criminales y otros 99 menores en contra de cuatro de los cinco concejales de la Ciudad.
De acuerdo a la procuraduría, el Alcalde Dale Stubblefield, el Vicealcalde John Mansperger, así como los Regidores James Ayres y James Potts, conspiraron políticamente para hacerse de cargos públicos.
Y es que a fin de evadir las obligaciones legales del Acta de Reforma Política de California, los ediles buscaron la forma de lavar dinero entre sus respectivas campañas, con la finalidad de evitar declarar los fondos ante la autoridad electoral del estado.
Ayres intentó buscar en 2006 la nominación de su partido, el Republicano, a la Asamblea Estatal por el Distrito 65, mientras su esposa logró ser electa al distrito escolar de la ciudad.
Hace unos días también, el ex Senador Estatal por Missouri, Jeff Smith, fue condenado a pasar un año en la cárcel, por obstruir a la justicia.
El ex legislador, junto al ex Representante Estatal del mismo estado, Steve Brown, conspiraron para enviar propaganda negativa en contra de Russ Carnahan, actual congresista federal.
Las cartas sin firma y enviadas por Smith y su comité de campaña violaron el Acta Federal de Campañas Políticas de 1971, por lo cual la Comisión Federal de Elecciones indagó el asunto.
Con declaraciones falsas, los ex legisladores lograron evitar sanciones severas por parte de las autoridades electorales.
Pero la Procuraduría General de los Estados Unidos y el FBI recibieron nueva información sobre el tema, que derivó en la sentencia indicada.
Smith y Carnahan buscaban ocupar el cargo que en 2004 dejó Richard Gephardt en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
En Phoenix, capital de Arizona, apenas hace unos días los Supervisores del Condado de Maricopa presentaron una demanda en contra del Fiscal Municipal, con el fin de evitar que un Gran Jurado –institución creada desde la época colonial para indagar a funcionarios públicos-, investigue a sus miembros o a empleados públicos.
Los funcionarios electos exigen que cualquier indagatoria del jurado sea hecha pública, a pesar de que legalmente ésta debe ser privada, hasta que culmine en alguna acusación formal.
Para ello, los Supervisores contrataron con dinero del pueblo al abogado, Thomas Irvine, quien en años pasados laboró para Conley Wolfswinkel, un criminal sentenciado y socio del Supervisor, Donald Stapley.
Irvine es también asesor legal de la corte del condado y de los supervisores.
Las rencillas entre procurador y supervisores data de hace tiempo: hace unas semanas los representantes se negaron a contratar a varios abogados para que la fiscalía desempeñe su labor.
Curiosamente, el tema será reagendado para el 31 de diciembre, cuando la Junta no sesiona.
Por su parte, el ex Congresista, William Jefferson, hoy de 62 años de edad y residente de Nueva Orleans, Louisiana, podrá festejar en libertad su cumpleaños hasta que llegue a los 75.
Las autoridades federales acusaron al ex legislador el 5 de agosto pasado por 11 cargos de conspiración para recibir ‘mordidas’, servicios oficiales deshonestos, fraude electrónico y violación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Entre el 2000 y el 2005, Jefferson solicitó dinero en efectivo a cambio de sus servicios legislativos a diversos países en el extranjero, particularmente en el continente africano.
El ex Congresista tuvo qué ver en una empresa de telecomunicaciones en Nigeria, Ghana y otros países, además de recibir concesiones petroleras en Guinea Ecuatorial, contratos de transmisión satelital en Botswana y el Congo, así como el desarrollo de plantas e instalaciones en Nigeria.
Por sus negociaciones, Jefferson recibía comisiones, acciones, pago de tarifas y de otro tipo.
Obviamente, el ex representante federal fue ayudado por un empresario y un auxiliar de su propia oficina.
Esta misma semana, la organización Watchdog.com, vigilante del dinero del pueblo, anunció que el gobierno federal había asignado unos 6 mil 400 millones de dólares del Acta de Recuperación en 440 distritos congresionales que no existen, poniendo en duda el proyecto para levantar la economía americana.
Según las cifras oficiales, con estos recursos se salvaron o crearon 30 mil empleos.
Por ejemplo, en el Distrito Fantasma 86 de Arizona, se invirtieron supuestamente 34 millones de dólares.
El estado tiene solamente 8 distritos reales.
En California, el distrito 64 cuenta con una inversión de 1.3 millones de dólares, cuando en realidad el estado tiene sólo 53 distritos federales.
Por estos y otros motivos, los Estados Unidos no han podido pasar del lugar 16 en la clasificación de corrupción que recientemente hiciera pública la organización Transparencia Internacional.
La mejor calificación que la ciudadanía le ha otorgado a la Unión Americana fue de 7.7 en 2002, desde que hace casi una década el organismo ha emitido su reporte.
Los Estados Unidos no han podido –y creo que no podrán- superar a las naciones de Escandina-via y Oceanía, las mejor ubicadas en la lista.
Claro, tampoco está la nación encabezada por Barack Obama en la situación de países como México, donde las autoridades no han querido buscar y conseguir sentencias para sus funcionarios públicos corruptos, como en el caso de los legisladores arriba mencionados.