Crímenes de odio

Marzo de 1924. El “ejecutivo de publicidad” de Louisiana, Edward Young Clarke, aceptó ante la corte federal ciertas violaciones de una ley contra la prostitución promulgada en 1910.
Aunque fuera por un delito distinto al que originalmente había cometido, la declaración de culpabilidad del sospechoso fue un gran logro para las autoridades federales.
Dos años antes del arresto, el entonces Gobernador de Louisiana, John Parker, envió una carta al Director Asistente de la Oficina de Investigaciones (antecesor del FBI), Edgar Hoover –eventualmente presidente de los Estados Unidos-, en la que relataba que el Ku Klux Klan había resurgido con enorme fuerza.
Basado en sus indagatorias, el mandatario aseguró que el organismo logró incorporar a 1 millón de integrantes en unos meses, logrando dominar la parte norte del estado sede del “Mardi Gras”.
La retórica en contra de judíos, negros y católicos se expandía sin precedentes y sin que autoridad alguna frenara el fenómeno.
Clarke era el líder del grupo. De ahí la importancia de su arresto y encarcelamiento.
En aquel entonces, la federación carecía de leyes para combatir este tipo de delitos raciales. Eran asunto de los gobiernos locales que, regularmente, se hacían de la vista gorda o hasta eran comparsa de las organizaciones extremistas.
Clarke fue arrestado por llevar en sus visitas a otros estados a su amante, gracias a los donativos de los miembros del Triple K. Fue así que las autoridades federales pudieron presentarle cargos.
Los asesinatos y secuestros de personas de color o que tenían diferencias de cualquier otro tipo fueron relegados. Lo importante era tener a Clarke dentro de las rejas.
Por décadas, las personas de origen africano en Estados Unidos lucharon contra la segregación racial de la que eran objeto. Escuelas, restaurantes, transporte, todo era dividido: unos para los güeritos; los sobrantes para el resto.
Luego vino el movimiento de líderes como César Chávez, Malcolm X y Martin Luther King, así como las propuestas legislativas contra la discriminación, el acoso y a favor de los derechos civiles.
Pero a pesar de tanto esfuerzo, los delitos cometidos a causa de las diferencias sexuales, raciales y religiosas siguen prevaleciendo en el país de las barras y las estrellas.
De acuerdo al FBI, en 2008 se cometieron casi 9 mil 200 crímenes en unos 7 mil 800 incidentes en todo el país.
La cifra representa “un leve repunte” para el gobierno federal.
Las estadísticas muestran que la mitad de los llamados crímenes de odio se cometieron a causa de las diferencias raciales, casi uno de cada cinco por motivos religiosos y uno de cada nueve por el origen nacional.
La mitad de los 5 mil 500 delitos contra personas fueron intimidaciones, una tercera parte agresiones simples. Los crímenes de odio permitieron el asesinato de siete individuos.
Cuatro de cada cinco de los 3 mil 608 crímenes de odio a la propiedad fueron actos de vandalismo, destrucción o daño.
El FBI destacó que tres de cada cinco criminales eran blancos. Una quinta parte eran negros y se desconocía la raza en el 11 por ciento de los casos.
California encabeza la lista con el mayor número de delitos de odio reportados con mil 381. Le siguen Nueva Jersey con 744, Michigan con 560, Ohio con 345 y Virginia con 263.
Arizona y Texas, dos de los estados donde la retórica y la demagogia racista, particularmente contra los inmigrantes, ha tenido una enorme presencia, se ubican lejos: 185 y 246 casos, respectivamente.
Los números revelan también que de las mil 226 víctimas de crímenes por odio basado en la ciudadanía, casi el 65 por ciento fue contra hispanos.
El Concejo Nacional de La Raza, la organización de derechos civiles más grande del País, cree que las cifras no son muy reales que digamos.
Janet Murguía, su líder, expresó que lo más preocupante es que la realidad supera a la estadística oficial, ya que muchos casos que suceden en pequeños poblados no se reportan o se esconden, gracias al contubernio de las autoridades policíacas y políticas.
A pesar de ello, el Concejo mostró su insatisfacción por el alza de 3 puntos porcentuales en la cantidad de delitos contra latinos entre 2007 y 2008.
El organismo afirma que esto se debe al debate migratorio actual, ya que los grupos de odio han dominado las discusiones sobre la reforma al sistema, haciendo ver a los latinos como una amenaza nacional.
Murguía recordó el caso del ecuatoriano, Marcelo Lucero, quien fue asesinado por siete adolescentes en Patchogue, Nueva York, quienes andaban buscando mexicanos para golpearlos.
También puso énfasis en el incidente en el que el empresario de bienes raíces de Brooklyn, José Sucuzhanay, fuera atacado por activistas anti-gay y anti-hispanos; al igual que Luis Ramírez, un mexicano asesinado por adolescentes jugadores de fútbol americano en Shenandoah, Pennsylvania.
Estos casos no son los primeros, como tampoco serán los últimos.
Porque la retórica contra los migrantes, las personas de color y quienes tengan diferencias culturales o de cualquier índole siempre serán culpados por los errores, las frustraciones, los complejos y los problemas propios. Así es la naturaleza humana.