La reformita

Esta semana, el Residente Oficial de Los Pinos presentó con bombo y platillo una supuesta reforma política (que inmediatamente endosaron los panistas Lupe Osuna y Memo Padrés) que, entre otras disposiciones, pretende autorizar la reelección de legisladores y alcaldes, así como las candidaturas ciudadanas.
Hubo quienes, tras el anuncio, echaron las campanas al vuelo. Otros, más precavidos, vieron con escepticismo la oportunidad real de que la “reforma” sea aprobada por la Legislatura federal.
Sinceramente, creo que aunque fueran adoptadas todas y cada una de las medidas incluidas, se quedará cortísima y no mejorará el nivel de la clase política.
La justificación para elevar la calidad de los legisladores y para ligarlos directamente al electorado es la reelección consecutiva por cuatro períodos, para dar un total de 12 años.
Lo curioso es que en Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, sus políticos están tratando de acotar este privilegio.
Un día antes de que Felipe Calderón hiciera su anuncio, el Congresista Republicano, Tom Price, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de la Unión Americana, a fin de limitar los períodos legislativos a 18 años.
Esto obligaría a los miembros de la cámara baja a pasar solamente 9 ‘turnos al bat’, mientras en el caso de los Senadores sería de manera exclusiva tres ocasiones las que podrían postularse.
La idea de los fundadores del país, según Price, era contar con una legislatura ciudadana, alejada de intereses particulares.
Obviamente, el sueño de Washington, Jefferson y Franklin quedó recluido en alguno de los archivos del Capitolio.
Para convertir la propuesta en ley, se requiere el voto de las dos terceras partes de ambas cámaras legislativas y tres de cada cuatro legislaturas estatales.
El camino para transformar el proyecto de ley en norma es bastante largo, quizá similar al de la reforma sanitaria y la migratoria.
Nada es imposible, en efecto.
Para alcanzar su objetivo, Price deberá encontrar con voluntad política entre sus colegas.
Un correligionario suyo, Arnold Schwarzenegger, ha luchado desde finales del 2003 por cambiar las reglas del juego electoral, a fin de balancearlas y hacer más competitivos los distritos legislativos.
En noviembre del 2008, finalmente se adoptó la Proposición 11, con la cual la ciudadanía le dejó la tarea de redibujar los distritos legislativos estatales a una comisión, compuesta por 5 Demócratas y 5 Republicanos, así como a otros 4 votantes independientes.
La medida dividió al electorado: la diferencia entre el sí y el no fue de sólo 200 mil sufragios.
Los primeros sostenían que, al dejar la redistritación en manos de los mismos legisladores, éstos podían hacer las 120 jurisdicciones estatales a su modo para garantizarse la reelección.
Por su parte, los críticos (entre los que destacan la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y la Senadora federal Demócrata por California, Barbara Boxer), señalaban que la responsabilidad ahora sería transferida a un grupo sin representación, lo que llevará al triunfo de las “agendas escondidas”.
Schwarzenegger, como buen Republicano, afirmaba que la idea era hacer más difícil para un legislador el lograr la victoria (y es que su partido tiene una enorme desventaja en la Legislatura Estatal).
En agosto del 2007, el gobernador argumentó que de los 459 cargos disputados en las tres contiendas legislativas anteriores, solamente cuatro cambiaron de partido político. O sea, menos del 1 por ciento.
El fenómeno se repite a nivel federal: en las elecciones de noviembre del 2008, de las 435 curules de la Cámara de Representantes en juego, solamente 31 cambiaron de bando: los Republicanos le robaron 5 curules a los Demócratas, y éstos se hicieron de 26 que poseían los primeros.
De los legisladores que buscaban la reelección, tres Republicanos y un Demócrata perdieron la elección primaria de sus respectivos partidos el año pasado.
Otros 5 Demócratas y 14 Republicanos dejaron sus puestos por las derrotas que el electorado les propinó en la elección general.
Como se puede ver, la renovación de las figuras en el Congreso y la llegada de nuevas tendencias no se da de la forma en que el pueblo requiere y exige. Una de las posibles causas de que esto ocurra es que el electorado esté contento con la representación que tiene actualmente.
Cabe recordar que, aunque los principales recaudadores de fondos en Estados Unidos son los mismos candidatos, hay ocasiones en las que los comités nacional o estatales de los respectivos partidos brindan su apoyo a los propios abanderados. De esta forma, los institutos políticos quedan relegados.
Hay especialistas que han enfatizado en la falta de la revocación de mandato en la propuesta de reforma calderonista.
Pero existe otra, aún más profunda, que realmente le quitaría las riendas del poder a la Delincuencia Políticamente Organizada: la obligación de realizar elecciones internas, ejecutadas por el IFE, en las que participen los miembros de los partidos políticos.
Así se haría realidad una selección de los mejores hombres y mujeres para que representen al pueblo.
Y si nos ponemos exigentes, la llamada reforma debiera contener una Ley de Sesiones Públicas, para evitar que se sigan haciendo arreglos “en lo oscurito”; una ley y reglamento de Conflictos de Interés, la elección de regidores por distrito, una Ley General de Imagen Pública y Difusión Social, para terminar con el pago de publicidad oficial y la reglamentación de las direcciones de comunicación, la obligación de gobiernos estatales y municipales de contar con un verdadero Servicio Civil de Carrera, el obligar a los candidatos a participar en debates públicos y establecer el salario máximo en 50 mil pesos mensuales.
Esa sí sería una verdadera reforma política en México, no el remedo presentado por Felipe Calderón.
Tanto en México como en Estados Unidos, muchas reformas que los titulares actuales y anteriores de los Poderes Ejecutivos han deseado adoptar, se han visto trunados o reducidos por la presión de los opositores.
En la mayoría de los casos, tanto unos como otros pretenden empujar sus propias agendas personales para ayudar a quienes los respaldaron política y económicamente.
El ciudadano, como regularmente ocurre, se queda como el chinito: nomás mirando.