Las razones del no

Por Arturo Bojórquez*
“Amicus Plato sed magis amica veritas”.- Aristóteles
Nadie con dos dedos de frente se iba a oponer al interior del Poder Legislativo a la Ley de Protección a Periodistas -aprobada el año pasado-, aunque por dentro rechazaran el tema.
Y en el patio de enfrente, en el Ejecutivo, el Gobernador José Osuna no tuvo otra opción que promulgarla. Sabía bien que, en caso de observarla, se habría de enfrentar al rechazo y a las críticas del “gremio”. Y como ya venía la temporada electoral, había qué actuar con cautela.
Dicha ley se creó con el fin de mejorar las condiciones de los informadores en el estado, tal y como está consagrado en las constituciones local y federal para todos los mexicanos, a pesar de ser regularmente letra muerta.
Así, muchas de las disposiones para apoyar el “desarrollo” de los periodistas las deben hacer otras instancias que ya existen.
Por ejemplo, en el caso de la vivienda digna, para ello trabajan tanto Infonavit a nivel federal como el Indivi en el estado.
En cuanto a la capacitación y formación profesional, ambas debieran llevarse a cabo por parte de las mismas empresas informativas, que con regularidad están ausentes en el entrenamiento de su personal.
Respecto al asunto de la salud, ahí están el IMSS y el Seguro Popular, y en recreación y cultura, la Secretaría de Turismo y el ICBC, entre otros, que ya tienen programas específicos para tal fin y que llegan la sociedad en su conjunto.
Por otra parte, yo no logro entender cómo es que al Fondo de Promoción de la Salud no aportan recursos las empresas de comunicación como Radiorama, Radio Fórmula, Canal 66, Televisa, etcetera.
Cabe recordar que, en la mayoría de los casos, particularmente en el de las radiodifusoras, éstas tratan a los periodistas como sus “socios” y no como empleados.
La enorme mayoría de los titulares y colaboradores de espacios informativos se ven obligados a “comprar” el espacio al medio –que, cabe recordar, está usufructuando un bien público-, y a su vez deben vender publicidad tanto al gobierno como a las empresas particulares para sacar adelante sus proyectos.
Hay otros medios de comunicación, como el diario El Mexicano, donde algunos reporteros, en lugar de estar debidamente registrados como trabajadores, se les paga “por honorarios” y sin recibir prestaciones, a pesar de que su casi propietario es líder en el estado de la Confederacion de Trabajadores de México, supuestamente defensora de los obreros.
Por su parte, los empresarios, como bien lo ha argumentado el compañero Alfredo Azcárate, son buenos para criticar al gobierno, usando a todos los reporteros, pero malos para comprar publicidad o patrocinar programas informativos. Por ende, ellos también son corresponsables de tan lamentable situación.
Los defensores de dicha ley han argumentado que el manejo del fondo va a ser totalmente transparente y que no habrá pie para movimientos ocultos. Empero, en el mismo texto de dicha ley se puede leer que toda la información individual será reservada.
A pesar de las buenas intenciones de la ley, hay muchas interrogantes que ésta no responde:
¿Cómo van a ser apoyados los reporteros que sean amenazados o intimidados por organizaciones criminales?
¿Con qué protocolos cuentan la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para tal fin?
(Recuerdo que hace varios años, un buen amigo mío y ex reportero pasó por esta situación y, como solución, simplemente le dieron un arma de fuego para defenderse).
¿Cómo se va a asignar la publicidad oficial?
¿Quién puede evitar que haya un boicot publicitario hacia los medios críticos?
¿Seguirá el gobierno del estado apoyando mayoritariamente a Televisa y TV Azteca con la gran parte de los recursos de publicidad oficial?
¿Y qué hay de la creación de cooperativas o micro empresas informativas?
¿Qué o quién nos garantiza que no seremos víctimas de demandas por difamación y calumnia?
¿Cómo sabemos que un tercero no nos obligará a entregar información en casos particulares, tal y como ocurrió con el reportero de La Voz de la Fronterza, Juan Galván, recientemente?
¿Estaremos obligados a revelar nuestras fuentes en casos judiciales y perder así la confianza de quienes la han depositado en nosotros?
?¿Hasta cuándo terminará la práctica de filtrar información a medios que no la solicitaron, simplemente para entorpecer la labor de quien sí la pide?
Y peor aún, ¿qué va a ocurrir en caso de que una nota sea censurada por un medio, tal y como ha ocurrido en infinidad de ocasiones?
Nada de esto incluye la actual ley, que sí venía incorporada en el proyecto original, pero que, desgraciadamente, desapareció.
Por otra parte, si muchos de los programas incluidos en la ley ya están previstos por orden constitucional ¿por qué un grupo reducido de la sociedad debe recibir un respaldo especial por parte de la autoridad?
Y es que, además, existen otros sectores de los medios de comunicacion que no estan protegidos por esta ley, a pesar de encontrarse en una situación todavía peor que la del periodista. Es más, hay sectores de la sociedad que, a pesar de requerir mucho más apoyo, han quedado en el olvido.
En esta parte bien pudiera compararse la situación con el asunto de la entrega de becas para madres solteras. En lugar de perseguir, detener y encarcelar a los padres irresponsables que dejan de aportar la manutención de los hijos, el gobierno opta por darle una miseria a las angustiadas progenitoras.
Asimismo, hay individuos inscritos como periodistas que son miembros de un sindicato, que laboran en partidos politicos, el gobierno y organismos diversos, y que ya cuentan adecuadamente con diversos servicios sociales.
Tal y como ocurre con el programa de apoyo “65 y más”, al cual no tienen acceso personas que ya poseen algún tipo de pago por jubilación, los periodistas quienes ya cuenten con algún tipo de apoyo, vía sindicato o empresas, deben ser eliminados de la lista.
Pero más allá de los apoyos económicos (de los cuales estamos hablando de unos 6 millones de pesos en el fondo periodístico), si no me equivoco la de Baja California es la única legislación creada ex profeso para proteger un sector de la sociedad que sin duda uno sumamente importante para el desarrollo de la vida democrática del estado y del país, pero no por ello debe ser “apapachado” de manera especial por el gobierno.
Entonces, ¿por qué no se crean otras leyes para proteger a bomberos, agentes policiacos, rescatistas, médicos y enfermeras, cuyas profesiones son tan importantes como la del periodista?

¿A cambio de qué?
Quien desee pensar en que esta ley no representa una dádiva o que no se compromete su ética, es muy libre de hacerlo. Sin embargo, es claro que el gobierno, a través de sus representantes en el Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de los Periodistas, bien puede “premiar” a quienes publiquen notas positivas y castigue a quienes se atrevan a cuestionar a los funcionarios y se dediquen a denunciar sus corruptelas.
Lo que en realidad urge es crear un Sindicato de Periodistas, que sea independiente y oblique a firmar contratos colectivos con todos los medios de comunicacion
Estoy cierto de que con esta columna me voy a hacer de varios enemigos y que antiguas amistades dejarán de serlo. Pero, como dijera Aristóteles, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad.
*Actualmente es editor del Semanario Adelante Valle, que circula cada viernes en el Condado de Imperial desde septiembre del 2001. A lo largo de dos décadas de carrera, ha colaborado en diversos medios escritos, radiofónicos y televisivos de la región Mexicali-Valle Imperial.